“Hoy hablamos de trabajadores estudiantes”: el reclamo de los universitarios por el financiamiento y las becas

La dificultad para sostener los gastos de estudio, la necesidad de combinar la cursada con trabajos precarios y la pérdida de ayudas económicas forman parte de las preocupaciones que atraviesan a los estudiantes universitarios. En ese contexto, la comunidad educativa volverá a movilizarse el próximo 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advertir sobre las consecuencias del ajuste presupuestario en el acceso y la permanencia en las aulas.

Daniel Gaggietta, estudiante de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Fceqyn) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), señaló que la situación afecta especialmente a quienes dependen de las becas, los albergues y la asistencia alimentaria para sostener sus estudios. Según planteó, la falta de recursos profundiza las dificultades para compatibilizar las exigencias académicas con la necesidad de generar ingresos.

“Hoy hablamos de trabajadores estudiantes, no de estudiantes trabajadores. Los estudiantes van a cursar y se retiran a trabajar, muchas veces en trabajos en negro”, expresó en diálogo con El Territorio.

Para Gaggietta, la diferencia no es menor: mientras que el trabajo puede ser una actividad complementaria durante la formación, en muchos casos se convierte en una condición necesaria para poder continuar estudiando. Esa situación, advirtió, repercute en el tiempo disponible para cursar, preparar exámenes y avanzar en las carreras.

Becas y asistencia, entre las dificultades para continuar las carreras

Uno de los puntos centrales del reclamo estudiantil es el deterioro del poder adquisitivo de las becas. Gaggietta mencionó el caso de las Becas Progresar, cuyo monto ubicó en $35.000, y sostuvo que esa suma quedó rezagada frente a la inflación desde 2024.

También hizo referencia a las Becas Manuel Belgrano y a otros recursos destinados a acompañar las trayectorias académicas. Para el estudiante, las ayudas económicas resultan fundamentales para quienes no cuentan con ingresos familiares suficientes y necesitan cubrir gastos cotidianos para asistir a la universidad.

En ese escenario, advirtió que quienes más necesitaban de esos recursos podrían haber quedado fuera del sistema. “Los alumnos que más necesitaban de estas ayudas, como las becas, los albergues y la asistencia alimentaria, ya no están en las aulas”, afirmó.

Gaggietta sostuvo que desde 2024 se redujo considerablemente la cantidad de estudiantes y vinculó esa situación con las dificultades económicas que atraviesa la comunidad universitaria. No obstante, la dimensión de esa caída y sus causas requieren datos de matrícula y permanencia que permitan establecer su alcance.

El planteo pone el foco en una de las discusiones centrales sobre el financiamiento universitario: no alcanza con garantizar el ingreso a una carrera si las condiciones económicas impiden sostenerla hasta la graduación.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año. Entre sus objetivos establece garantizar el financiamiento de las universidades públicas, afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, y recomponer las condiciones salariales de docentes y no docentes. También contempla el sostenimiento de las actividades de investigación, extensión e infraestructura.

Sin embargo, la aplicación de la norma se convirtió en un punto de conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. Las universidades y sus organizaciones reclaman que se cumpla plenamente, mientras que la discusión presupuestaria continúa abierta. 

Para Gaggietta, el reclamo no se limita a los salarios de quienes trabajan en las instituciones, sino que también comprende las condiciones materiales necesarias para estudiar. Las becas de investigación, los albergues y la asistencia alimentaria son parte de los recursos que, según remarcó, permiten que estudiantes de distintos sectores sociales accedan a una carrera universitaria y puedan finalizarla.

En ese sentido, cuestionó las críticas que reducen la universidad pública a un espacio de adoctrinamiento o la presentan como un gasto sin resultados. “Eso es totalmente falso”, sostuvo, y señaló que la cantidad de graduados de la Unam constituye un indicador para evaluar su aporte a la sociedad.

El presupuesto 2027 y las dificultades para sostener la Unam

La discusión por el financiamiento también se proyecta sobre el presupuesto nacional de 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, aprobó en septiembre una propuesta de $11 billones para el sistema universitario. El organismo sostuvo que ese monto contempla las necesidades para la aplicación plena de la ley y advirtió sobre la insuficiencia de los recursos previstos en el proyecto del Poder Ejecutivo. 

En el caso de la Unam, Gaggietta advirtió sobre las dificultades que genera la falta de actualización de los fondos para el funcionamiento cotidiano. Como ejemplo, describió la estructura de la Fceqyn, que cuenta con la sede central de Félix de Azara 1552, el módulo de Bioquímica y Farmacia, el módulo Apóstoles, el módulo Campus y espacios vinculados con institutos de doble dependencia con el Conicet.

Según indicó, alrededor del 90% del presupuesto de funcionamiento de la facultad se destina a gastos corrientes, como limpieza, reactivos, seguros, traslados, personal de apoyo y seguridad. Por eso, alertó que los recursos disponibles condicionan no solamente la actividad académica, sino también el sostenimiento cotidiano de las instalaciones y las prácticas que requieren equipamiento e insumos.

El estudiante también cuestionó las acusaciones sobre una presunta mala administración de los fondos universitarios y planteó que las becas nacionales dependen de decisiones del Estado nacional, no de las universidades. En esa línea, consideró que el debate sobre la gestión presupuestaria debe contemplar tanto las partidas destinadas a las instituciones como las políticas de asistencia económica para los alumnos.

Una nueva marcha en defensa de la universidad pública

Ante la continuidad del conflicto, Gaggietta planteó que las movilizaciones seguirán mientras no haya respuestas al reclamo. “La pregunta del mes es: marcharon cuatro veces y no pasó nada, ¿qué sigue? Seguiremos marchando”, expresó.

El estudiante manifestó su preocupación por el impacto que la crisis puede tener en una universidad joven y en crecimiento como la Unam, especialmente por su papel en la ampliación de las oportunidades educativas en Misiones.

“Me atrevo a decir que hoy en la universidad está la clase media alta, cuando la universidad fue creada para que lleguen todas las clases sociales en igualdad de condiciones”, sostuvo, al advertir sobre el riesgo de que las dificultades económicas limiten el acceso de los sectores con menos recursos.

La convocatoria en Posadas será el miércoles 15 de octubre, desde las 15, con concentración en el mástil de las avenidas Uruguay y Mitre. Desde allí, estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria marcharán para reclamar el cumplimiento de la ley y defender el financiamiento de la educación pública.

“Marchamos por nuestra casa: la universidad pública argentina”, concluyó Gaggietta.