“Se vulneró el derecho de defensa”

El defensor oficial Matías Olivera cuestionó la investigación y denunció que se vulneró el derecho de defensa de Paz y Valenzuela. Su argumento principal fue que no se incorporaron las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el hecho.

Olivera explicó que la defensa solicitó en cinco oportunidades los registros de Rentas, la estación YPF, Tarjeta Naranja, el casino y la estación Shell. Sin embargo, indicó que en el expediente únicamente consta una respuesta de la Shell, fechada el 18 de septiembre de 2024, mediante la cual informó que no había grabaciones disponibles.

“Los imputados pidieron que se agregaran las filmaciones porque ahí se podía ver lo que realmente pasó. Cinco veces se solicitaron esas cámaras y solamente hubo una contestación”, cuestionó. Luego agregó: “¿Dónde queda la garantía de los imputados de que se produzcan las pruebas que necesitan? Se vulneró su derecho de defensa”.

Olivera sostuvo que la ausencia de esas evidencias no podía perjudicar a los acusados y remarcó que era responsabilidad de los organismos encargados de la instrucción producir las medidas solicitadas, y cuestionó que “ante la ausencia de pruebas mandamos causas a juicio. ¿Quién responde por esa ausencia? Terminan respondiendo los imputados, que en este caso llevan cerca de dos años detenidos”, planteó.

También negó que se hubiera acreditado el empleo de un palo o un cuchillo contra García y afirmó que la prueba médica solamente permitió determinar la existencia de un traumatismo provocado por un elemento duro, sin establecer quién lo causó. “Si no pueden determinar quién produjo la lesión que fracturó el cráneo, ni con qué, ¿se los condenará a los dos por las dudas?”, preguntó. 

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