Prefectura intimó a más de 500 prácticos a volver a trabajar tras la paralización de barcos en los puertos

El conflicto surgió tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje. La medida generó demoras en la actividad portuaria y tensó la relación entre el Gobierno y los profesionales del sector.

La Prefectura Naval Argentina ordenó a 536 prácticos reincorporarse de manera inmediata a los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de todo el país. La decisión llegó en medio del conflicto que estalló tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que reformó el régimen vigente desde 1991 y provocó la paralización de la actividad en distintas terminales portuarias.

A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la fuerza sostuvo que ejerce la “responsabilidad operativa y disciplinaria” sobre la aplicación del nuevo reglamento e intimó a los profesionales incluidos en una nómina oficial a poner sus servicios nuevamente a disposición.

El Gobierno defendió la reforma como una actualización destinada a promover la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior, mientras que distintos sectores de prácticos rechazaron los cambios y suspendieron las prestaciones.

Prefectura advierte con sanciones administrativas y posibles penas penales
La Prefectura remarcó que cualquier negativa a prestar servicios constituirá una falta grave y habilitará la apertura de actuaciones administrativas de acuerdo con el Decreto 690/2026 y el Reglamento General de la Navegación (REGINAVE). Además, exigió la reincorporación inmediata de todos los profesionales alcanzados por la intimación para restablecer la operatoria portuaria.

El edicto también advirtió sobre eventuales consecuencias penales. La publicación citó el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quienes pongan en riesgo la seguridad de una nave, y el artículo 194, que contempla condenas de entre tres meses y dos años por obstaculizar servicios.

El prefecto nacional naval, Guillermo José Giménez Pérez, firmó la resolución que busca normalizar el movimiento de buques luego de las demoras registradas en la salida de cargas agrícolas y combustibles. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y las negociaciones entre el Estado y los prácticos aparecen como la principal vía para destrabar la situación.

Malestar empresarial

El comercio exterior experimenta su segundo día de parálisis luego de que el presidente Javier Milei desregulara, vía decreto, el servicio de practicaje y pilotaje portuario, lo que derivó en un conflicto con los trabajadores del sector que amenaza con escalar.

Entre el empresariado predomina la incertidumbre y la preocupación por la medida de fuerza —que trae aparejadas pérdidas millonarias— y deslizan cuestionamientos al Gobierno por el poco tacto a la hora de gestionar la reforma.

Según el Centro de Navegación (CNAV), cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, había al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio. La medida afectó los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén, Bahía Blanca, Rosario y otros del Paraná, con operaciones que tuvieron que ser redireccionadas a Montevideo y al sur de Brasil.

"Es terrible que pase esto", reconoció el empresario e importador Martín Zocchio ante la consulta de Ámbito. "Eso trae muchas complicaciones, porque el buque que tiene inconveniente para entrar a puerto y después de una espera prudencial no puede entrar, descarga en un puerto alternativo".

Si bien Idígoras se mostró a favor de la reducción de costos en los puertos, criticó la implementación de la medida oficial y cuestionó la falta de una mesa de diálogo previa con los prácticos para discutir los cambios normativos.

"Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad", reconoció ante este medio.

E instó a una intervención estatal inmediata para destrabar la situación. "La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar".

Por ejemplo, explicó que traer un contenedor desde la capital uruguaya implica "entre u$s700 y u$s1.000 adicionales en los gastos en destino".
La medida también impactó en la distribución de combustible. La Cámara Argentina de Energía (CADE) reportó 12 buques tanque frenados, lo que genera riesgo de desabastecimiento de nafta, gasoil y fuel oil, con muelles afectados en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova (Chubut).
"Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, necesario para tareas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que supera el 75% de avance de obra", advirtieron desde el banco Mariva en uno de sus últimos informes.

"Con los buques que vienen a cargar, tal vez haya un poco más de contemplación y tengan que esperar, pero eso también genera un costo operativo que alguien termina pagando", se lamentó Zocchio.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió a Ámbito sobre la gravedad de la situación en el polo exportador del Gran Rosario, señalando que la cantidad de embarcaciones detenidas aumenta rápidamente.

"A este momento estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre u$s50.000 y u$s100.000 por día", explicó.

Si bien Idígoras se mostró a favor de la reducción de costos en los puertos, criticó la implementación de la medida oficial y cuestionó la falta de una mesa de diálogo previa con los prácticos para discutir los cambios normativos.

"Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad", reconoció ante este medio.

E instó a una intervención estatal inmediata para destrabar la situación. "La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar".