Lo que puede perder Misiones si se aprueba la ley de extranjerización de tierras

El 16 de julio el Senado de la Nación abrió la sesión, trató pliegos judiciales y diplomáticos, y votó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto a pedido de la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Fue la tercera postergación consecutiva de una iniciativa que llegó al recinto con quince borradores distintos y que tiene como punto más sensible la derogación de los límites vigentes a la venta de tierras rurales a extranjeros. Para que esto ocurra, los tres senadores por Misiones, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, dieron quorum.

Hasta el momento, Goerling fue el único que se manifestó públicamente a favor de la ley. Los dos restantes mantienen el silencio, aunque ayudaron en la última sesión para que se pueda tratar-

El 6 de agosto el Senado volverá a intentarlo. Para Misiones, ese plazo no es un alivio sino una cuenta regresiva.

Qué propone el proyecto y qué deroga

La norma, diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, deroga los artículos centrales de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció los límites vigentes a la tenencia extranjera de tierra rural en Argentina. Esa ley fijó un tope del 15% de la superficie rural total del país en manos extranjeras, un límite del 30% de esa cuota por nacionalidad, y protecciones específicas sobre inmuebles con recursos hídricos y sobre zonas de frontera.

El texto propone eliminar el límite máximo del 15% en la venta de campos argentinos a privados extranjeros, habilitar la construcción sobre tierras incendiadas, acelerar los desalojos y endurecer las expropiaciones.

En su reemplazo, la última versión del dictamen habilita la venta sin límites a personas extranjeras. En el caso de empresas con participación en su capital de estados extranjeros, deberá conseguirse una autorización de la provincia y la Nación. A eso se suma un mecanismo que genera especial preocupación entre los gobiernos provinciales, una cláusula de silencio administrativo que establece que si la provincia no rechaza expresamente una propuesta de venta en tiempo y forma, la operación queda habilitada.

Por qué Misiones es una de las provincias más expuestas

La geografía misionera convierte a esta norma en un asunto de soberanía con nombre y coordenadas precisas. El 90% de los límites de la provincia son frontera internacional con Brasil y Paraguay. El Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce subterránea más grande del mundo, se extiende bajo su suelo. La Selva Misionera, el mayor remanente de selva subtropical del país con más del 52% de la biodiversidad terrestre argentina, cubre su superficie.

Ninguno de esos tres activos tiene mecanismo de recuperación una vez que cambia de manos. Una hectárea vendida a un comprador extranjero en zona de frontera no recupera su condición estratégica por decreto ni por acuerdo diplomático posterior.

El proyecto reconoce parcialmente ese riesgo al exigir autorización provincial y nacional para las ventas en zonas de frontera. Pero el silencio administrativo lo vacía de contenido. Porque si el Estado provincial no responde en el plazo establecido, la operación se aprueba de hecho.

En una provincia con capacidad administrativa limitada para auditar en tiempo real el universo de transacciones inmobiliarias rurales, ese mecanismo es una ventana estructural para que ventas estratégicamente sensibles queden habilitadas por omisión burocrática.

El Acuífero Guaraní, un recurso sin precio que la ley no protege

El Acuífero Guaraní es el sistema de agua dulce subterránea más extenso del mundo, abarca 1,2 millones de kilómetros cuadrados distribuidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una capacidad estimada de 37.000 kilómetros cúbicos de agua. En Misiones, los estudios geológicos lo ubican en el subsuelo de gran parte del territorio provincial.

La ley vigente establece una protección específica sobre los inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua. El proyecto de Sturzenegger no contempla ninguna protección equivalente. Bajo el nuevo régimen, un comprador extranjero podría adquirir tierra sobre el Acuífero Guaraní sin que exista ningún límite legal nacional que lo impida, quedando la defensa de ese recurso exclusivamente en manos de la capacidad de respuesta del Estado provincial en cada transacción individual.

La Selva Misionera y el artículo que habilita tierras quemadas

El proyecto propone eliminar las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego para terrenos rurales que hayan sufrido incendios, lo que permitiría el cambio de uso del suelo, el loteo o la venta de esas tierras.

Para Misiones, esa modificación tiene consecuencias directas sobre la Selva Paranaense. La Ley de Manejo del Fuego en su versión vigente prohíbe por un período determinado el cambio de destino de tierras afectadas por incendios, precisamente para evitar que el fuego se use como instrumento de desmonte encubierto previo a la venta o urbanización.

Si esa restricción se elimina, el fuego pasa de ser un riesgo ambiental a ser una herramienta jurídica: quemar un sector de selva lo habilita para una transacción que antes estaba impedida.

En una provincia donde los incendios forestales son recurrentes y donde la presión sobre el corredor verde es permanente, ese artículo no es una abstracción normativa sino un incentivo concreto al desmonte.

En contra de esta normativa se manifestaron intendentes y ex intendentes de Misiones, funcionarios del gobierno provincial, además de organizaciones sociales, políticas, agrarias, de derechos humanos y ambientales.

La postura de Goerling

El senador Martín Goerling defiende el proyecto. En diálogo con El Show de los Impactos ratificó que votará a favor de la iniciativa. Goerling rechaza las críticas y asegura que la iniciativa no implica una pérdida de soberanía. Según sostuvo, el proyecto transfiere a las provincias la facultad de definir su propia política sobre la venta de tierras y permite que cada jurisdicción establezca las restricciones que considere necesarias.

El senador también cuestionó la postura adoptada por quienes critican la norma y acusa a varias organizaciones de "desinformar y mentir a la población" y afirma que el proyecto es interpretado de manera incorrecta.

Otro de los argumentos planteados por Goerling fue que la reforma no modifica la Ley de Fronteras, normativa que mantiene restricciones específicas para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en zonas limítrofes. En ese sentido, sostuvo que esos controles continuarán vigentes aun cuando se apruebe la modificación del régimen nacional de tierras.

También indicó que, según su visión, "la ley le devuelve las facultades a las provincias", pero acto seguido afirmó que para defender sus tierras, "si el gobierno misionero no le quiere vender ni una hectárea a un extranjero, puede sacar una ley provincial y nadie se lo va a impedir".

El 6 de agosto

Aunque el oficialismo logró conformar el quórum con lo justo —gracias al respaldo de la UCR, el PRO y senadores de fuerzas provinciales de Salta, Misiones y Neuquén—, la falta de consensos internos y la fragilidad de los números forzaron a La Libertad Avanza a postergar el debate.

El cuarto intermedio hasta el 6 de agosto no cierra el debate: lo suspende. Los artículos sobre extranjerización de tierras, silencio administrativo, tierras quemadas y desalojos exprés volverán al recinto con el mismo texto que no pudo votarse el 16 de julio.

Para Misiones, la frontera, el Acuífero y la selva no tienen fecha de vencimiento. La ley que podría afectarlos sí tiene una nueva fecha: el 6 de agosto.