Aumentó la cantidad de víctimas de femicidio que denunciaron violencia antes de ser asesinadas

Aunque los femicidios registraron una leve tendencia a la baja durante el primer semestre de 2026, la Defensoría del Pueblo de la Nación puso el foco en dos indicadores que reflejan la persistencia de las fallas del sistema de protección a las víctimas de la violencia de género. En particular, el informe parcial del año indica que aumentó un 6% la cantidad de víctimas que habían denunciado previamente situaciones de violencia de género y decenas de hijos e hijas de mujeres asesinadas continúan encontrando obstáculos para acceder a la reparación económica establecida por la Ley Brisa.

Los datos corresponden al último informe del Observatorio de Femicidios que relevó los casos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. En ese período se registraron 103 víctimas de femicidio, además de seis femicidios vinculados, cinco transfemicidios, cinco suicidios feminicidas (es decir, mujeres que son hostigadas a quitarse la vida consecuencia de la violencia sufrida) y cinco homicidios de mujeres asociados a contextos de narcotráfico o crimen organizado.

El informe determinó que en 22 casos las víctimas habían recurrido al sistema judicial o policial para denunciar violencia de género antes de ser asesinadas, lo que representa un crecimiento del 6% respecto del promedio registrado en años anteriores. En otro 14,6% de los expedientes no fue posible establecer si existían antecedentes de denuncias.

“La gravedad del escenario es evidente: en promedio, cada 42 horas una mujer es víctima de una muerte violenta por motivos de género”, advierten desde la Defensoría, al remarcar que la disminución estadística de los casos no implica una reducción del fenómeno estructural de la violencia machista.

El informe también hace especial énfasis en las consecuencias que dejan estos crímenes sobre las familias de las víctimas. Durante los primeros seis meses del año, 79 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de los femicidios. Dos de las víctimas estaban embarazadas al momento de ser asesinadas.

En ese contexto, la Defensoría expresó su preocupación por las falencias en la implementación de la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, que prevé una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. El organismo reconoció “severas falencias de carácter administrativo y estructural” que impiden que un gran número de beneficiarios acceda en tiempo y forma a ese derecho, exponiéndolos a situaciones de profunda vulnerabilidad socioeconómica.

Respecto de las características de los casos, el relevamiento confirmó que el 86% de los femicidios fue cometido por personas que mantenían un vínculo previo con la víctima. En la mayoría de los hechos, los agresores eran parejas, exparejas o personas con quienes existía una relación sexoafectiva, mientras que apenas el 6,4% correspondió a atacantes sin ningún tipo de vínculo.

En ese escenario, la vivienda sigue siendo el principal escenario donde se cometen los femicidios, sea en el hogar de la víctima o de la vivienda compartida con el agresor. 

En cuanto al perfil de las víctimas, la mayor concentración de casos se dio entre mujeres de 31 a 50 años. No obstante, el informe también registró 12 víctimas menores de 18 años, de las cuales seis tenían menos de 12.

Si se analiza por jurisdicción, Buenos Aires encabezó el registro con 29 casos, aunque representó una reducción de 19 hechos respecto del mismo período de 2025. Le siguieron Santa Fe, con 17, y Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, con siete casos cada una. En Misiones, el Observatorio contabilizó cuatro femicidios durante el primer semestre del año, igual cifra que en Chaco, Corrientes y Mendoza.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo elabora este registro desde hace una década mediante el monitoreo permanente de medios de comunicación y el cruce de esa información con datos aportados por fuerzas de seguridad, fiscalías y centros de salud, con el objetivo de generar estadísticas que sirvan para el diseño y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

Se recuerda a la comunidad que, ante la toma de conocimiento o vivencia de una situación de violencia, puede denunciarlo al 911, a la Línea provincial 137 o en cualquier comisaría. Los agentes policiales están obligados a tomarle la denuncia (se insiste en que el documento sea denuncia y no exposición, ya que esto habilita la activación y solicitud de diversas medidas judiciales y de protección).