Demoraron a una falsa "gestora" que cobraba millones prometiendo empleo público en Misiones
El 23 de junio se formalizó una denuncia penal contra una ex trabajadora judicial y que se presentaba a sí misma como abogada y perito, acusada de estafar a (por lo menos) 17 personas con supuestos puestos laborales en organismos públicos provinciales y de la Municipalidad de Posadas a cambio de millonarias sumas de dinero. Finalmente esta tarde cayó detenida en un domicilio en la Chacra 128.
El procedimiento fue concretado por efectivos de la comisaría Sexta por orden del Juzgado de Instrucción Seis, en el marco de la causa que investiga la presunta defraudación. El operativo contó con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Guardia de Infantería.
Por disposición judicial, la sospechosa, Gisela S. de 40 años, fue demorada mientras avanza la investigación. Durante el operativo también se secuestraron cuatro teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Dirección Cibercrimen para la realización de pericias, además de un automóvil Volkswagen Bora.
En paralelo, los investigadores realizaron otro procedimiento en el barrio A-3-2, donde, según informaron fuentes ligadas a la pesquisa, la pareja de la mujer entregó de manera voluntaria otro teléfono celular. De acuerdo con esa versión, antes del allanamiento la investigada habría entregado ese dispositivo a uno de sus hijos para que lo ocultara.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un grupo de damnificados que viven en la zona oeste de la capital, que acusaron haber sido víctimas de una maniobra mediante la cual la mujer ofrecía gestionar puestos de trabajo en distintos organismos públicos como el Instituto de Macroeconomía Circular, Vialidad Provincial y en la Municipalidad de Posadas a cambio del pago de importantes sumas de dinero.
Según la presentación realizada ante la Justicia por el abogado Federico Padolsky, quien solicitó constituirse como querellante en representación de las víctimas, al menos 17 personas habrían realizado transferencias que, en conjunto, superarían los 9 millones de pesos.
La denuncia sostiene que las promesas de empleo nunca se concretaron y que, tras varios reclamos, la sospechosa dejó de responder los mensajes y no devolvió el dinero recibido.
Los teléfonos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas con el objetivo de recuperar conversaciones, registros y otros elementos que puedan aportar a la reconstrucción de la presunta maniobra investigada.
