Defensa de Cardozo reiteró pedidos y cuestionó rechazos

La defensa de Gustavo Cardozo, expolicía y principal sospechoso del presunto femicidio de su esposa Soledad Machuca -perpetrado el 25 de febrero del año pasado en el barrio Acaraguá de Posadas-, presentó un recurso de revocatoria y solicitó la reconsideración de la resolución judicial que rechazó la reconstrucción del hecho y dejó sin efecto otras medidas probatorias requeridas durante la instrucción.

El planteo fue formulado por el abogado Federico Esquivel, quien ante el Juzgado de Instrucción Tres de la capital provincial, a cargo del magistrado Fernando Verón, precisó la utilidad de los testigos ofrecidos anteriormente y reiterando el pedido para que se incorporen nuevas medidas de prueba que, según sostiene, resultan relevantes para la investigación.

En el escrito, el defensor cuestionó el decreto dictado el pasado 19 de junio, mediante el cual Verón rechazó la reconstrucción del hecho al considerar que la diligencia carecía de utilidad, debido a que el episodio investigado habría ocurrido en el interior de la vivienda donde fue hallada la víctima.

Para la defensa, ese argumento parte de una interpretación equivocada. Esquivel sostuvo que justamente por tratarse de un hecho ocurrido dentro de una vivienda resulta necesario reproducir las condiciones del lugar para verificar recorridos, tiempos, accesos, visibilidad, disposición de los ambientes y demás circunstancias que permitan analizar la mecánica del hecho.

Según el planteo, la reconstrucción no busca recrear el episodio en sí, sino determinar si la secuencia atribuida al imputado resulta materialmente posible dentro de la franja horaria que surge de las restantes pruebas incorporadas al expediente.

En ese sentido, afirmó que la medida permitiría establecer el tiempo de ingreso de Cardozo al domicilio, el recorrido hasta la habitación donde fue encontrada Machuca, el lapso necesario para advertir la situación, solicitar ayuda y realizar maniobras de asistencia, además de verificar si todas las acciones atribuidas por la acusación pudieron desarrollarse en ese margen temporal.

La presentación sostiene que el eje de la estrategia defensiva no consiste en discutir si existió o no una muerte violenta, sino en determinar si existen elementos objetivos que permitan concluir si el crimen ocurrió después del ingreso del imputado a la vivienda y dentro del tiempo que le atribuye la acusación.

En ese contexto, Esquivel argumentó que la reconstrucción constituye una medida de prueba prevista por el proceso penal para comprobar la posibilidad física y temporal de una hipótesis, por lo que consideró que su rechazo limita la posibilidad de controlar la teoría del caso sostenida por la parte acusatoria.

Derecho de defensa

Otro de los puntos desarrollados en la presentación se refiere al derecho de defensa. El abogado sostuvo que la posibilidad de producir prueba de descargo forma parte de las garantías constitucionales del imputado y que toda medida útil para verificar la hipótesis acusatoria debe ser admitida mientras resulte pertinente y conducente.

También rechazó que los pedidos formulados por la defensa tengan un carácter dilatorio. Según expresó, la gravedad de la imputación exige extremar las medidas destinadas a comprobar objetivamente la secuencia investigada antes de adoptar decisiones sobre la situación procesal del acusado.

En tanto, Esquivel volvió a pedir que sean incorporadas en el expediente las declaraciones de tres testigos ofrecidos: Paulo S., Verónica Paola M. y Lucilia M.. Respecto de cada uno, explicó que podrían aportar información vinculada con horarios, comunicaciones, movimientos, relaciones entre las personas involucradas y otras circunstancias útiles para reconstruir la línea temporal del caso.

El escrito sostiene que esas declaraciones deben analizarse junto con el resto de las pruebas objetivas ya incorporadas, entre ellas registros telefónicos, cámaras de seguridad, llamados de emergencia y pericias técnicas, con el fin de confrontar la hipótesis acusatoria con elementos independientes.

Finalmente, la defensa reiteró el pedido para que se produzca una prueba técnica de geolocalización sobre el teléfono celular utilizado por Cardozo. Según indicó, esa información permitiría establecer con mayor precisión sus desplazamientos, permanencia en determinados lugares y compatibilidad con otros registros ya incorporados al expediente.

Como cierre de la presentación, Esquivel dejó planteada la reserva del caso federal al considerar que el rechazo de las medidas solicitadas podría afectar las garantías constitucionales vinculadas con el derecho de defensa, el debido proceso y la igualdad de armas entre las partes.