Ministros de Justicia rechazan cambios en la selección de jueces

Ministros de Justicia de todo el país se congregaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una reunión ampliada de trabajo organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

El encuentro fue coordinado por la presidente del organismo judicial Emilia María Valle, el vicepresidente Sergio Vittar y Adriana García Nieto, secretaria de la Jufejus. 

Desde Misiones, participaron  la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, los ministros Froilán Zarza, Cristina Irene Leiva y, a través de la modalidad virtual, los magistrados Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres.

En ese contexto, las máximas autoridades judiciales de las provincias analizaron distintos temas vinculados al funcionamiento institucional.

 Este análisis derivó en la posterior emisión de una declaración conjunta en la que se expresó la preocupación por las modificaciones en los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores introducidas mediante el Decreto Nacional 467/2026.

Los magistrados ratificaron así una postura ya expresada en marzo de 2024 y sostuvieron que la integración de los órganos judiciales debe respetar criterios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialización jurídica, considerando que estos principios responden a exigencias constitucionales y a la naturaleza federal del Estado argentino.

Declaración

El documento firmado por los ministros afirma en detalle que “ante la publicación del Decreto N.º 467/2026, mediante el cual se modifican los mecanismos de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales inferiores, esta Junta Federal ratifica las expresiones vertidas en su declaración de fecha 22 de marzo de 2024”.

“Tal como allí se ha sostenido, y en concordancia con el ideario constitucional, la relevancia de los cargos implicados exige que al presupuesto básico de la idoneidad se equiparen los principios de equidad de género, la especialización profesional y la correspondencia con la naturaleza federal de la República”, resaltaron.

Asimismo, remarcaron que “la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia reafirma que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Inferiores debe respetar, de manera armónica e indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica”.

“Tales criterios no constituyen meras pautas de oportunidad política, sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado. Cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”, manifestaron.

Además, el escrito sostiene que  la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003 que regulan el procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que limita mecanismos de participación ciudadana, transparencia y control democrático en los procesos de selección de magistrados.

“Manifestamos nuestra preocupación por la reforma que restringe los mecanismos de participación ciudadana, debilitando instancias de transparencia, publicidad y control democrático que contribuyen a fortalecer la confianza pública en las instituciones”, agregaron.

Finalmente, expresaron que “esta norma resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, vulnerando garantías democráticas esenciales y debilitando la transparencia en la selección de magistrados y magistradas”.