Consideran que el nuevo decreto para designación de jueces en la Corte Suprema es un retroceso en “transparencia”

El gobierno nacional publicó el martes un nuevo decreto que modifica los decretos 222 y 380 del presidente Néstor Kirchner de 2003, que establecían criterios de transparencia para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La nueva norma elimina dos de los cuatro requisitos originales y es cuestionada por sectores del ámbito judicial como un retroceso en las garantías de imparcialidad.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, calificó la nueva norma como "un claro retroceso" tanto técnico como político.

El abogado misionero destacó que el poder judicial es "el único poder del Estado que tiene la facultad de privar a las personas de sus derechos más esenciales" y que sus miembros "no son electos por el pueblo ni a través del voto, sino que son designados de manera discrecional por el poder ejecutivo". "Cuanto menos discrecionalidad haya, mayor garantía de imparcialidad va a haber. Es una regla prácticamente matemática", afirmó López Forastier.

Cabe recordar que el decreto 222/2003, aprobado durante la presidencia de Néstor Kirchner, establecía cuatro criterios fundamentales para las designaciones, entre los cuales se encontraban:

Publicidad completa: obligación de publicar en internet y diarios la trayectoria, currículum y antecedentes del candidato.

Cuestiones de género y regionalidad: autolimitación del poder ejecutivo para garantizar representación regional en un país extenso.

Declaración de bienes: declaración de bienes propios y ajenos, incluyendo sociedades y vínculos comerciales de el candidato, su esposa e hijos menores.

Objeción ciudadana: 15 días de período donde la sociedad podía presentar cuestionamientos al candidato.

En esa línea, López Forastier consideró que la eliminación de la procedencia regional es "un punto aún más grave" que el de género ya que consideró que la Argentina es un país grande y muy extenso que “representa culturas y realidades distintas. No es lo mismo la realidad que vive un magistrado en la frontera (Salta, Misiones, Corrientes) que lo que vive un miembro que vivió toda su vida en la Capital Federal", explicó.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones recalcó que "no es lo mismo tener un miembro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que provenga de la provincia de Misiones, de Salta o de Corrientes, que provenga de la capital federal o del sur".

Mientras el oficialismo argumenta que el decreto busca acelerar los nombramientos judiciales (hay cerca de 160 cargos a cubrir en todo el poder judicial nacional, según estimaciones), López Forastier aclaró que el decreto 222 original "es únicamente para los jueces de la Corte" y que "no es eso lo que está demorando la designación" de otros magistrados, sino que hay una sospecha de que el actual gobierno libertario busca "blindarse en la justicia" con la próxima elección de jueces para la Corte. "El decreto de Néstor Kirchner en 2003 buscaba reducir el alcance de poder que tenía la denominada mayoría automática de la Corte Suprema que respondía al por entonces presidente Carlos Menem"

Para finalizar, el Presidente del Colegio de Abogados de Misiones reiteró que los cargos en la Corte Suprema "duran hasta los 75 años, es decir, es prácticamente de por vida" y que sus miembros "no tienen la intangibilidad de los sueldos", es por ello que la elección se tiene que dar con “la mayor transparencia posible; especialmente porque es el último órgano, el último poder del Estado que toma la decisión final" sobre delitos, como "pasó con el caso Cristina Fernández de Kirchner”.