Las cripto se despegan de Adorni
Desde la ONG Bitcoin Argentina evitaron referirse directamente al caso Adorni, pero difundieron un documento que interviene en el debate abierto por las recientes polémicas vinculadas a funcionarios públicos y criptoactivos. “La conducta de una persona, empresa o institución no define las propiedades de una herramienta tecnológica”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que Bitcoin es una red descentralizada y de código abierto cuyo funcionamiento no depende de gobiernos, empresas ni figuras públicas, por lo que consideraron incorrecto atribuirle responsabilidades por las decisiones tomadas por sus usuarios.
Las explicaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen y uso de sus tenencias en Bitcoin abrieron más interrogantes que certezas. Luego de reconocer que acumuló criptomonedas entre 2013 y 2018, aseguró que durante años se olvidó de esos activos y que recién volvió a utilizarlos cuando ya formaba parte del Gobierno nacional. La secuencia llamó la atención no sólo por las inconsistencias temporales y patrimoniales que contiene, sino también porque reavivó el debate sobre la transparencia en la declaración y administración de activos digitales por parte de funcionarios públicos.
El episodio volvió a colocar a Bitcoin en el centro de una discusión pública que excede a la tecnología. Mientras desde el oficialismo intentan presentar el caso como una cuestión personal sin mayores implicancias, referentes del ecosistema cripto advierten que la controversia amenaza con reforzar prejuicios que asocian a las criptomonedas con la opacidad financiera, la especulación o la ausencia de controles.
El comunicado de la ONG también buscó desmontar una de las críticas más frecuentes sobre el ecosistema cripto: la supuesta imposibilidad de rastrear operaciones. Por el contrario, la entidad recordó que todas las transacciones realizadas quedan registradas de manera permanente en una blockchain pública y auditable. “La transparencia es una característica intrínseca de esta tecnología”, afirmaron, al tiempo que destacaron que numerosas investigaciones judiciales y regulatorias utilizan precisamente esos registros para seguir el recorrido de los fondos.
Respecto de las operaciones realizadas durante los primeros años de expansión de Bitcoin, cuando el ecosistema todavía era incipiente, Matías Mathey, integrante de Bitcoin AR, explicó que buena parte de las compraventas se realizaban de manera directa entre particulares. “En aquella época había que encontrar a alguien que estuviera minando bitcoins o acercarse a alguna comunidad para concretar una operación. Era un mercado mucho más pequeño y menos trazable que el actual”, señaló.
Según Mathey, el escenario cambió radicalmente con la aparición de exchanges y plataformas globales que hoy concentran la mayor parte de las transacciones. Además, relativizó la idea de que los activos tradicionales sean necesariamente más fáciles de rastrear que las criptomonedas. “Si los dólares están depositados en una cuenta bancaria existe un registro y mecanismos de auditoría. Pero cuando el dinero circula por fuera del sistema financiero formal, reconstruir su origen o incluso conocer su existencia puede resultar mucho más difícil”, sostuvo.
Desde Bitcoin Argentina también alertaron sobre el riesgo de que casos de alto impacto mediático deriven en regulaciones apresuradas o diagnósticos equivocados. “Las políticas públicas deben construirse sobre evidencia técnica, educación y contexto”, plantearon.
Para la entidad, el debate abierto por el caso Adorni vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre el lugar que ocupan las criptomonedas en una economía cada vez más digitalizada.
“Bitcoin no exime a ninguna persona del cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias o fiscales vigentes en cada jurisdicción. La evaluación sobre el origen de los fondos, las responsabilidades patrimoniales o las eventuales irregularidades vinculadas a cualquier individuo corresponde a los organismos competentes”, apuntaron.
