Operativo de la SAIC

Pintadas amenazantes en Posadas: allanaron una escuela y una vivienda; secuestraron celulares

En las últimas horas se llevaron a cabo dos procedimientos: uno en la Escuela de Comercio N°6 y otro en una vivienda del barrio Villa Cabello. Incautaron teléfonos que serán sometidos a peritajes. El encuadre legal.
martes 21 de abril de 2026 | 19:52hs.

La semana pasada pintadas amenazantes generaron alerta y temor en la comunidad educativa de Misiones. En ese marco, en las últimas horas se llevaron a cabo dos procedimientos en la ciudad de Posadas: uno en la Escuela de Comercio N°6 y otro en una vivienda del barrio Villa Cabello, donde secuestraron teléfonos celulares. 

Según informaron fuentes oficiales, los dispositivos incautados serán sometidos a peritajes informáticos, con el objetivo de avanzar en la investigación en curso.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, en forma conjunta con efectivos de la comisaría Primera y Séptima de la Policía de Misiones, en cumplimiento de la orden dispuesta por la Jueza Correccional y de Menores, Marcela Alejandra Leiva, con la intervención del fiscal especializado en Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche.

Desde el Ministerio Público se reiteró que este tipo de conductas no constituyen bromas ni desafíos virales, sino hechos que pueden configurar delitos penales. Incluso cuando se realizan de manera anónima, las amenazas dejan rastros digitales que permiten su identificación.

En ese sentido, se advirtió que estos mensajes generan alarma social, afectan la salud emocional de la comunidad educativa y movilizan recursos policiales y judiciales que deben destinarse a situaciones reales de emergencia.

Encuadre legal 

Cabe aclarar que las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta 6 años, e incluso superiores en casos agravados.

Tratándose de menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado al uso responsable de redes sociales, subrayando que este tipo de conductas tiene consecuencias reales y es objeto de investigación por parte de la Justicia.

¿Que opinión tenés sobre esta nota?