Condena al Estado argentino "por la falta de verdad y justicia" sobre el atentado a la AMIA

La Corte Interamericana ratificó que el Estado argentino es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas, de sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.
viernes 14 de junio de 2024 | 14:17hs.
En julio de 1994 ocurrió el atentado a la AMIA. //Foto: Archivo.
En julio de 1994 ocurrió el atentado a la AMIA. //Foto: Archivo.

Haciendo lugar al reclamo formulado por la agrupación de víctimas y familiares "Memoria Activa" del atentado a la AMIA, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. Además ordenó reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación. La sentencia se conoció este viernes.

"A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal", afirmó la Corte en su sentencia, y condenó al Estado argentino por su responsabilidad en todas las violaciones alegadas por Memoria Activa: la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento.

"Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes", sostiene la sentencia. El fallo ordena, además, que el Estado argentino "remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable", porque a lo largo de estos años "vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación".

Entre las medidas más importantes, la Corte Interamericana ordenó una reforma normativa que regule el ingreso y el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales. La Corte también ordenó que se regulen los procesos de desclasificación, se garantice el pleno acceso de las víctimas a la información ya desclasificada, que deberá ser conservada de manera adecuada que permita la consulta de toda la sociedad. Además, ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas. 

"La condena de la Corte Interamericana es un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa lleva adelante, desde los primeros momentos posteriores al atentado cuando el gobierno de Carlos Menem, el poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía apostaron por el encubrimiento y el desvío de la investigación. Apostaron a acordar un relato del hecho pero sin que se pudiera investigar realmente qué fue lo que pasó. Hermanas, padres, esposas, sobrinos, hijos, amigos comenzaron ocupando las calles pidiendo una explicación. No sabían entonces todo lo que vendría, ni los intereses a los que deberían enfrentarse", expuso Cels en su sitio oficial

"Treinta años después de la mañana del 18 de julio de 1994, todavía no hubo justicia en la Argentina, todavía no sabemos quién y por qué cometió el atentado. Todavía los archivos que muestran maniobras de encubrimiento y corrupción son secretos para la sociedad argentina. Todavía nadie descansa en paz", concluyó el organismo.

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