“La justicia hace todo demasiado lento como para que prescriba la causa”

La noche del 16 de agosto de 2022, la vida de Rodolfo Agustín Ramírez (25) cambió para siempre. Era alrededor de las 21.10 cuando volvía en moto de trabajar y fue interceptado por un móvil policial, tras lo cual se inició una persecución que concluyó con el despiste del motociclista, mientras la patrulla continúo su marcha y abandonó la escena con el joven agonizando.

Hasta el momento, eso está probado en el expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá a cargo del juez Horacio Alarcón. A consecuencia del impacto contra el empedrado, Ramírez padeció gravísimas lesiones, la peor en la cabeza y que se tradujo en una discapacidad del 80 por ciento de por vida.

Los policías fueron imputados por “abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y lesiones graves culposas”. Se trata del oficial subayudante Nicolás S., del sargento primero y chofer Ariel C. y de la agente Camila C., quienes estuvieron dos meses detenidos. En paralelo a la causa penal, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad de los citados, por lo que fueron apartados de sus funciones y continúan en la misma situación.

Tampoco se descarta que se amplié la imputación, ya que desde un primer momento se sospecha que la patrulla no sólo persiguió al motociclista, sino que lo impactó y produjo el despiste. Pero como suele suceder cuando hay policías implicados, la instrucción avanza lentamente.

En ese contexto, la familia de la víctima reclama por demoras en el proceso: “Se van a cumplir dos años del choque a mi hermano y seguimos padeciendo palos en la rueda. La justicia hace todo demasiado lento como para que prescriba la causa”, subrayó Carla Ramírez.

Proceso de insania

En diálogo con El Territorio, la hermana de la víctima detalló que vienen tramitando el proceso de restricción de capacidad (o insania) ante el Juzgado de Familia de Oberá, requisito imprescindible para que los padres de la víctima puedan constituirse como querellantes en el expediente penal.

“Mi hermano tiene un 80 por ciento de incapacidad mental, por eso el juez requiere que se determine la insania para que mis padres entren como querellantes y pueden accionar penalmente. Pero hace meses que estamos tramitando y hasta ahora no obtuvimos respuestas. El expediente anda de un juzgado al otro y no resuelven”, lamentó.

En tal sentido, precisó que el pasado 20 de marzo estaba prevista una audiencia entre las partes para avanzar en la insania, pero llamativamente faltaron los representantes del Cuerpo Médico Forense y del Ministerio Público. Por ello, el juez de Familia debe disponer de una nueva fecha, lo que hasta el momento no resolvió.

“Desde la noche del choque a mi hermano sólo tuvimos inconvenientes con la justicia, todo se hace lentísimo y dan mil vueltas. Hasta nos costó conseguir abogados. Pasa que hay policías implicados y muchos intereses, pero no debería ser así porque arruinaron la vida de una persona joven y de toda una familia. Estamos destrozados y la justicia parece que favorece a los culpables”, criticó.

Asimismo, mencionó “cuestiones de tacto y sentido común que nos hacen muy mal, como por ejemplo ir al Juzgado de Familia y que una Policía en un mostrador nos pida el expediente, siendo que son sus colegas los que le hicieron daño a mi hermano”.

Agustín Ramírez padeció fractura de cráneo, trauma de tórax y fractura de clavícula izquierda, además de múltiples golpes y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que permaneció 16 días en terapia intensiva.

“Lo cruzaron con el patrullero”

Visiblemente angustiado por las secuelas que padece su hijo, Juan Ramírez reclamó que la justicia acelere los tiempos del proceso para evitar la prescripción de la causa. “Es aberrante lo que le hicieron a mi hijo y ante eso, como familia, no esperamos ni pedimos más que justicia. Hasta la fiscal (de Instrucción Dos Myriam) Silke nos dijo que no entiende por qué se demora tanto”, alertó Ramírez.

Mencionó que a su hijo “lo cruzaron con el patrullero” y que después de una maniobra del joven para no chocar, lo persiguieron. En ese contexto perdió el control e impactó contra el empedrado, sufriendo gravísimas lesiones. Los uniformados “se fueron de la escena y al rato volvieron para ocuparse del siniestro, simulando no tener conocimiento de lo sucedido”, recordó el progenitor a partir de dichos de testigos.

“Son policías, estaban preparados para proteger a la sociedad, pero terminaron haciendo lo contrario, siendo conscientes de todo, eso es lo peor”, expresó y continuó: “Sabiendo el riesgo y que estaba mal, igual siguieron y después de lastimar a mi hijo que había salido del trabajo y regresaba a mi casa, se fueron de la escena, lo dejaron tirado y pienso por qué actuaron como delincuentes. Por qué no se hicieron cargo, por qué no llamaron una ambulancia”.

Según contó la familia, un testigo habría visto el móvil policial chocar la moto de la víctima y desestabilizarla, pero las pericias tardías al parecer no lo pudieron confirmar. Al borde del llanto, señaló que “Agustín tiene un 80 por ciento de discapacidad permanente, cuando era un chico laburador, guapo, lleno de sueños, con una hija hermosa, pero ahora está resistiendo día a día”.

Registro fílmico

El siniestro se registró sobre calle Catamarca entre Urquiza y Quintana, en Villa Vick de Oberá. Desde un primer momento fue clave el aporte de un testigo que declaró que un móvil policial perseguía a una moto cuyo conductor perdió el control y despistó, tras lo cual el vehículo oficial abandonó la escena y no prestó asistencia a la víctima.

Dicha versión fue confirmada con el registro fílmico de las cámaras de seguridad de dos viviendas de calle Catamarca que dan cuenta de la persecución de la patrulla. Al prestar declaración indagatoria los tres imputados reconocieron que persiguieron y luego abandonaron a Ramírez, aunque negaron que el móvil en el cual se movilizaban haya impactado la moto que conducía.

Oportunamente, peritos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) constataron videos domiciliarios donde se corroboró que el móvil policial persiguió a Ramírez. “En una cámara se ve que el móvil está a diez metros y en otra más encima”, precisó un vocero.

Si bien los registros no lograron grabar el presunto choque, sí muestran las luces de la sirena de la Policía en el horario en que ocurrió el accidente, entre 21.10 y 21.20. “Por el minuto 21.14 se logra ver el reflejo de las luces azules, por eso se sabe que no fue la ambulancia, que llegó más tarde”, explicó el vocero.

 Testigo clave

Si bien los policías imputados negaron haber impactado a la moto de Ramírez, dicha versión contradice a la de varios vecinos. “Vivo a una cuadra y media del hecho, justo llegaba a mi casa en mi moto y escuche un estruendo terrible, a eso de las nueve y diez de la noche. Fui a un negocio y en eso apareció un chico que vive casi en frente a donde ocurrió el hecho y vio todo. Apenas nos contó que hubo un accidente fuimos para ayudar al muchacho, el cual estaba muy mal”, precisó un joven en diálogo con este diario.

En tanto, comentó que “el chico que vio todo nos contó que un patrullero estaba persiguiendo a la moto y la chocó, el conductor perdió el control y cayó”. Precisó que la ambulancia demoró alrededor de 20 minutos, mientras que la Policía tardó más de media hora.

“Hasta que por fin llegó un móvil con tres uniformados, dos hombres y una chica en un Chevrolet Cruze. Apenas llegaron, el chico que vio el choque les comentó lo que pasó y les dijo que el móvil que chocó al muchacho era igual al de ellos”, indicó.

Minutos más tarde los vecinos volvieron a sus respectivos domicilios, circunstancia en que habrían notado que “los uniformados comenzaron a alumbrar con sus celulares al paragolpes del móvil, como buscando marcas o demás”, opinó el testigo, dando a entender que se trataría de la misma patrulla que propició el siniestro vial.

Encuadre legal: hasta 10 años de cárcel

Respecto a la calificación del hecho, el artículo 106 del Código Penal referido al abandono de persona cita que “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”.

“La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión”, agrega. En tanto, el artículo 248 avanza sobre el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y establece un máximo de 2 años de cárcel e inhabilitación especial por doble tiempo.

Respecto a las lesiones, el artículo 91 del Código Penal precisa que “se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”. Sobre el último punto, los certificados médicos indican que Ramírez arrastrará secuelas neurológicas de por vida.