Allanamiento en Apóstoles: detalles de una investigación internacional y la situación de los misioneros involucrados

Efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron el miércoles un domicilio en la localidad de Apóstoles en el marco de una investigación contra una organización dedicada a la distribución de material sexual infantil. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy y se replicó en otros puntos de Argentina y Sudamérica. 

Según pudo confirmar El Territorio con fuentes policiales y judiciales involucradas en la causa, en el sitio viven Leandro Antonio Kiczka(73) y Sebastián Kiczka (45). El domicilio está ubicado en el barrio Illia, un punto señalado por la investigación como parte del circuito de distribución en Argentina y otros países. Allí se incautaron distintos elementos informáticos que van a ser analizados por especialistas para confirmar o descartar las sospechas. 

En total se hicieron 9 allanamientos en el país, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA y agentes de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia del Departamento Ciberdelitos de la Policía Federal, con el objetivo de identificar a víctimas menores de edad de abuso sexual y secuestrar material incriminatorio. También participan las autoridades de otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de CABA expresaron a El Territorio que ninguno de los misioneros quedó detenido o imputado en la investigación, sino que se les notificó que están siendo investigados y que seguirán ligados al proceso, pero en libertad. De esta manera se negó la información que circuló en la víspera sobre detenciones en la tierra colorada. 

Los dos hombres involucrados en el allanamiento son el padre y hermano del diputado provincial Germán Kizcka, quien se pronunció al respecto: “En las últimas horas se hizo pública una información que involucra familiares míos, más precisamente a mi padre y a mi hermano”, añadiendo que: “Me parece importante aclarar una cosa para que no haya malos entendidos: ninguno de ellos estuvo, ni está detenido. Lo que sí ocurrió es que hubo un allanamiento por una investigación que está llevando adelante la Justicia”.

“Como siempre sostuve públicamente soy una persona que confía en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia. Por eso, tanto mi hermano como mi padre están a disposición de ella para aclarar lo antes posible esta situación”, finalizó.

Detenidos en Buenos Aires

Lo que sí quedó confirmado es que hay dos detenidos en la redada, ambos de 49 años y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno es desempleado y el otro ingeniero informático. “Ese segundo dato es importante porque se cree que solo ‘caen’ quienes no saben manejarse con la tecnología. Afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en incorporar tecnología de primera para investigaciones informáticas”, aseguró el fiscal general de CABA Juan Bautista Mahiques, según replicó Infobae.

Sobre este operativo internacional, añadió que “se busca identificar a víctimas de abuso sexual en línea. Se trata de niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente, en hechos que quedan registrados en archivos de imagen y video que están vinculados a la presente investigación, como también a los que sean encontrados en los dispositivos que se secuestren”.

Lo secuestrado en uno de los allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. / Foto: Gentileza

La investigación

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, el caso se inició el 16 de enero, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

Estos organismos detectaron a través del monitoreo de redes P2P, la existencia de varios usuarios en la República Argentina que habían distribuido material de abuso sexual infantil con otros usuarios de varios países del mundo, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, mediante la utilización de las plataformas digitales denominadas Ares, Galaxy y Shareaza.

En consecuencia, el personal técnico especializado de la mencionada división del PFA, realizó diversas tareas de campo para establecer la identidad y el paradero de los involucrados. Además, utilizaron un software especializado para el diagnóstico, selección y clasificación de pruebas digitales.

De esta manera, se determinó que ocho usuarios, dos de ellos localizados en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires (ubicados en Pilar, Rafael Calzada, Villa Luzuriaga y Villa Adelina) y, otros dos en las provincias de Misiones y Tucumán, distribuían material pornográfico en cuestión. 

Los allanamientos

Con el total de las pruebas obtenidas la Justicia ordenó los allanamientos en los lugares antes mencionados, durante los cuales fueron detenidos los dos hombres argentinos mayores de edad en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros seis fueron notificados de la causa.

Asimismo, se secuestraron 357 archivos multimedia entre fotos y videos con contenido sexual explícito de menores de entre 6 y 17 años de edad, cuarenta discos rígidos, catorce pendrives, treinta y seis teléfonos celulares, diez CPU, doce memorias micro Sd, dos discos sólidos, cuatro módems, tres cámaras digitales, seis tarjetas Sim, tres notebooks, dos tablets, veintidós videos casettes, ochocientos catorce Cds, doscientos noventa Dvds y un Mp3.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de Primera Instancia 12 a cargo del  juez Neuman, por infracción al artículo 128 del Código Penal, referente a delitos contra la integridad sexual, explotación sexual infantil, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y seguridad de los menores en internet.

Fuentes judiciales expresaron respecto a los misioneros que no se descarta que la situación de los dos misioneros involucrados quede en manos del Juzgado Federal de Posadas, que tiene jurisdicción en la Capital de la Yerba Mate. 

Se explicó que, luego de las primeras requisa los investigadores se encuentran en la etapa de triage, un proceso de selección de dispositivos o filtrado de información ordenado por la autoridad judicial que aporta criterios de evaluación sobre los dispositivos electrónicos en el lugar del hecho, para determinar qué es útil y qué no.