Marcha de los días: La inflación en andas

La inflación es el gran flagelo de los bolsillos de los argentinos. Quienes más lo están sufriendo son las clases medias y las clases más bajas. Casualmente donde están quienes le aseguraron el triunfo electoral a Javier Milei, quien les había prometido que el ajuste lo pagaría "la casta" y no "el pueblo". Hoy no está claro quién es "casta" y quién es "pueblo", lo que está claro es que la inflación es un problema que se agrava y que, lejos de verlo resuelto, el gobierno nacional lo festeja.

"El 30 es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo", afirmó esta semana el presidente Javier Milei antes de que se conozca el índice de precios al consumidor del Indec para diciembre, que marcó 25,5%. Con este valor, el mayor en 32 años, en la Rosada festejan. Vale como aclaración decir que es una inflación compartida, ya que Milei tomó el mando del gobierno recién el 10 de ese mes. Y la inflación tiene mucho de arrastre previo, de los últimos años, especialmente en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Es cierto que Milei asumió asustando a todos con una hiperinflación en proceso, también es cierto que nunca pudo explicar ese proceso, ya que empezó diciendo que la inflación corría a 3.600% anual, después lo bajó a 1.600% anual, luego a un 1% diario, para terminar invitando a todos a celebrar un 30% mensual.

Quizás hoy podemos concluir que ese "susto inflacionario" que trató de imponer desde su primer discurso como presidente no era más que una estrategia para poder implementar un paquete de medidas, que se sabía que generaría la inflación más alta en tres décadas, sin generar decepción en su electorado más cercano.

La más alta, por ahora

Lo cierto es que la inflación de diciembre, esa que es compartida, fue la más alta de los últimos 32 años. Pero también es cierto que las proyecciones para enero marcan que será más o menos del mismo valor, y lo mismo para febrero, cuando impacta la mayoría de los aumentos de tarifas y quitas de subsidios, y lo mismo para marzo. Tres meses con inflaciones de dos dígitos rondando el 20%, ahí ya no habrá decisiones compartidas con el gobierno anterior.

Recién en abril los más optimistas comienzan a marcar proyecciones con una inflación de un dígito, que se mantendría hasta fin de año. Pero nunca sería menor al 7% mensual. Por estos días no está claro cuál es el plan para frenar la inflación, sigue siendo una promesa de campaña en la que buena parte del electorado de Milei aún cree. Pero, en lo concreto, medidas para frenarla no se vislumbran, más que la confianza en que el mercado se regule solo.

En el gobierno lo que si pueden festejar es en haber encauzado rápidamente el acuerdo con el FMI, que le garantiza los desembolsos necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda estipulados, mientras espera las divisas que traerán la cosecha gruesa a partir de marzo.  

Amenazas económicas y constitucionales

Mientras tanto, esta semana comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley ómnibus que envió el Poder Ejecutivo Nacional, y que junto con el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que esta semana recibió dos reveses judiciales desde Misiones, son la base de la solución "para los problemas que Argentina acarrea desde hace 100 años", según afirma el presidente.

El proyecto de ley comenzó el camino de las comisiones conjuntas en diputados y se espera en dos semanas tenerlo listo para el recinto. El tema es saber que sería "tenerlo listo", porque desde el entorno del presidente sostienen la idea de que el proyecto debe salir sin modificaciones, mientras que en el Congreso todo indica que así como está no pasa el pleno. Al menos habría recortes en lo que refiere a las facultades extraordinarias del presidente, que Milei las pidió por todo el mandato y los diputados no están dispuestos a darle más de un año, con prórroga de uno más.

También hay otros puntos álgidos de la normativa, relacionados con temas laborales, judiciales, de seguridad y de vida cotidiana en los que hay reparos. En lo económico la discusión viene encaminada, salvo por el tema de las jubilaciones, que el Ejecutivo pretende que los aumentos sean a su antojo, mientras que desde las diferentes oposiciones quieren incorporar alguna fórmula que otorgue cierta previsibilidad.

En ese contexto, esta semana surgieron dos amenazas, por un lado la económica, cuando el propio ministro de Economía Luis Caputo afirmó que "si la ley no se aprueba el ajuste será más duro". En momentos en que "el pueblo", devenido en "casta" que paga los costos del ajuste, siente con fuerza el golpe de la inflación y la degradación de sus ingresos, amenazar con un ajuste más duro no intenta otra cosa que echar culpas sobre los demás, la oposición, de las medidas que se tomarán en las próximas semanas. Como por ejemplo, una nueva devaluación, que está a la vuelta de la esquina si nos guiamos por cómo se amplió la brecha entre los dólares oficiales y financieros esta semana.

La otra amenaza de la semana fue la de Rodolfo Barra, procurador del Tesoro y principal referencia judicial del gobierno, quien ensayando un marco teórico para las reformas que propone el oficialismo en el Congreso afirmó que "si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente". Esto, hacia adentro de la discusión política, fue contraproducente, ya que terminó abroquelando aún más a la oposición detrás de la decisión de no darle poderes de manera total al presidente para sus cuatro años de mandato.

Improvisando en política internacional

Esta semana el gobierno nacional vivió su primera minicrisis internacional por errores no forzados. La canciller Diana Mondino tuvo que recibir al embajador de China para pedirle disculpas, ya que tanto en campaña como en gestión hubo gestos de la canciller hacia el reconocimiento de la independencia de Taiwán. Se sabe que China y Taiwán se encuentran en una tensión constante, ya que el gigante asiático considera a la isla como parte de su territorio, mientras que los habitantes y el gobierno de la isla se consideran independientes y así son reconocidos por los Estados Unidos y sus aliados.

Argentina siempre estuvo en el medio de ese tironeo, sin expresarse de forma contundente para uno u otro lado, lo que le permitió mantener buenas relaciones comerciales con China y con Estados Unidos y sus aliados. En buena parte esto siempre dio resultados porque quienes desarrollaron las tareas diplomáticas fueron personas con experiencia o con conocimiento de geopolítica. Esta vez, la inexperiencia y el deseo fervoroso de mostrarse como un buen alumno del liberalismo americano terminó generando un problema diplomático con uno de los principales socios comerciales.

China enojada con Argentina por nimiedades, como una declaración más propia de una campaña electoral que de una gestión, podría significar que el país deba devolver los 6.000 millones de dólares del Swap que se deben, que se paralicen obras de infraestructura que financia China y que se cierre uno de los principales mercados compradores de materia prima de la Argentina. No es una buena idea pelearse con China. No es una buena idea manejar las relaciones internacionales como si todavía estuvieras en campaña electoral.  

Cautelares desde Misiones

La Justicia de Misiones esta semana se metió en la cuestión política nacional con dos pronunciamientos sobre el DNU de Milei. Por un lado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) concedió la medida cautelar que se había solicitado desde el gobierno provincial sobre los artículos del DNU relacionados a la Ley de Sociedades y empresas del Estado. Por otro, una jueza civil de Posadas resolvió sobre el artículo que desregula la actividad yerbatera.
El STJ accionó ante el pedido del gobierno provincial que planteó la inconstitucionalidad del articulado sobre empresas del Estado, señalando que las modificaciones del DNU son de gravedad institucional, lesionan derechos constitucionales, atentan contra el sistema republicano federal y constituyen una intromisión a la autonomía de las provincias y su poder de policía.

Es que el Estado misionero tiene varias normas mediante las cuales creó distintas sociedades tendientes al desarrollo de su política económica. "El DNU atentaría contra la autonomía provincial y su poder de policía que le permite reglar sus cuestiones relativas a su propio orden institucional, político, administrativo, económico y financiero", explicaron.

Por otra parte, la jueza provincial Civil y Comercial Nº 8 de Posadas, Adriana Fiori hizo lugar al pedido de amparo presentado por productores yerbateros contra los artículos del DNU de Javier Milei que recortan y cercenan al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Los productores no fueron a reclamar por la regulación de precios o de plantaciones, accionaron por su salud. Es que el Inym tiene firmado un convenio con el gobierno de Misiones, por diez años, en el que entre ambos financian la prestación de servicios de salud para 3.200 pequeños productores yerbateros, a través del IPS.

Se trata de un acuerdo para darles cobertura a aquellos productores con menos de 5 hectáreas, cuyos ingresos por esas tierras no permiten asegurar una cobertura sanitaria para ellos y sus familias. Esto, por parte del Inym, se financiaba con los fondos que el propio Inym generaba a partir de la venta de estampillas. Fondos que el organismo autocontrolaba y ejecutaba. El DNU de Presidencia modifica el artículo que le permite al Inym disponer de sus fondos, y ordena que todo lo recaudado vaya al tesoro nacional, con lo cual no está asegurada la porción de fondos que el Inym debe aportar para esas obras sociales.

Con los productores a Buenos Aires

Mientras tanto, esta semana un grupo de productores y representantes de cooperativas yerbateras viajaron a Buenos Aires acompañados por el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, para reunirse con diputados y senadores de diferentes bloques a quienes plantearon la importancia de que el Inym no sea degradado en sus funciones, y que el esos puntos del DNU sean retrotraídos.

El gobierno de Misiones, desde el día que se conoció el decreto, decidió ponerse a la par de los productores en defensa del Inym mediante dos acciones concretas, una presentando una medida cautelar y la otra con la idea de crear el propio instituto misionero de la yerba mate.

Distinta es la postura en la oposición provincial, ese grupo de espacios políticos que solía llamarse Juntos por el Cambio, donde no hay posturas unificadas, ya que mientras desde el PRO y Activar se alienta la degradación del Inym, desde la UCR, el diputado nacional Martín Arjol les aseguró a los productores que acompaña la idea de que el organismo siga definiendo precios.

Las posturas de JxC Misiones son algo contradictorias entre lo nacional y local. Es que durante la campaña electoral apoyaron las ideas libertarias con la consigna de eliminar impuestos para bajar el déficit fiscal, pero nada dicen de que desde el 10 de diciembre se incrementaron las retenciones, el impuesto a los monotributistas y las tarifas de todos los servicios.

Turismo y gestión

En la misma línea que los productores se encuentran todas las cámaras de turismo, que la semana que viene van a hacer una presentación en la Justicia por la desregulación del sector que se plantea en el DNU. En ese contexto, para atender el daño sobre este sector, en una colaboración continua entre los sectores públicos y privados, el gobierno provincial decidió relanzar, en un momento desafiante a nivel nacional, el programa Ahora Viajá por Misiones.

Esta iniciativa busca estimular el turismo interno, resaltar y preservar los encantos de la provincia, y proteger empleos locales con la financiación sin interés y los reintegros.
Mientras tanto, esta semana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, volvió a dividir sus actividades entre la administración en la tierra colorada y las gestiones en Buenos Aires en busca de asegurar que lleguen a la provincia los fondos que corresponden.

En ese sentido, se reunió con el secretario de finanzas de la Nación, Pablo Quirno, para tratar temas como las retenciones al sector maderero, la deuda de Anses con Misiones por la caja previsional y el consenso fiscal. Además, estuvo con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, para firmar un convenio de cooperación para actividades productivas de pymes, capacitaciones para el trabajo y pesquisa de inversores para generación de empleo.

Esta semana las gestiones ejecutivas cumplieron un mes. Mientras en el gobierno nacional celebran la inflación, en las provincias hacen malabares para mitigar el golpe a la gente.