Desregulan el turismo y ponen fin a limitar el fraccionamiento de la yerba mate

El presidente Javier Milei dio a conocer un paquete de medidas con el fin de desregular cientos de aspectos económicos a nivel nacional, tanto mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) como mediante una ley ómnibus que -adelantó- enviará al Congreso. 

Para ello emitió el decreto que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Todo con el fin de avanzar en la desregulacion del Estado.

Los DNU entrarán en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial pero igualmente deben ser remitidos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo integrada por diputados y senadores, la cual debe emitir un dictamen sobre la validez de la medida que luego se aprueba o se rechaza en el recinto.

Para que un decreto se mantenga, basta con que una sola de las Cámaras lo apruebe por simple mayoría, mientras que para dejarlo sin efecto debe ser rechazado por ambas.

En cuanto a medidas de cambios a realizarse mediante una ley ómnibus, el gobierno avanzará con otras reformas, que en este caso sí deben pasar por el Parlamento, como por ejemplo cuestiones tributarias o del sistema electoral. Estas se están preparando para llegar al Congreso en los próximos días.

Cambios con impacto provincial

Entre las principales iniciativas del decreto con el que se pretende modificar o derogar más de 300 leyes sin la necesidad de pasar por el Congreso, figuran cambios de fuerte impacto que tendrán en Misiones como la desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. Ese fue uno de los 30 puntos mencionados en el discurso.

Se añade la reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, modernización del régimen laboral, entre otros.

En turismo

En cuanto a los de mayor impacto en Misiones,  puede citarse el sector turístico.

En materia de turismo, el gobierno nacional plantea la derogación de la ley N° 18.829, al sostener que “es fundamental para incrementar la oferta de desarrollos turísticos, quedando la actividad plenamente desregulada, redundando en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos”.

“De igual modo, es menester derogar las leyes N° 18.828 y N° 26.356 a los efectos de liberar la actividad de alojamientos turísticos de carácter privado y reducir su carga burocrática”, afirmaron.

El Inym

En el Boletín Oficial a publicarse hoy, se plantea que en aras de impulsar inversiones y radicaciones comerciales y generar empleo es necesario derogar la ley N° 19.227 -que limita la ubicación de mercados mayoristas- y la ley N° 20.657, otorgando más libertad para las decisiones privadas en el comercio.

“Que se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional”. Que a tales fines, “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”.

Añade que en esa línea “corresponde derogar la Ley N° 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate”.

En tanto, tras la cadena nacional desde el Instituto indicaron a El Territorio que primero “vamos a sentarnos tranquilos a ver bien punto por punto todo lo que proponen porque la verdad, tenemos que conocer el decreto completo y ahí evaluar qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos perjudica. Tendremos que analizar qué es lo que se cambia y qué es lo que tenemos que modificar y demás”.

Energía sin ayuda estatal

Tras plantear que el sector energético es central para la reversión de la situación de crisis que atraviesa el país, “deviene adecuado derogar la Ley N° 25.822 de Plan Federal de Transporte Eléctrico y los Decretos N° 1491 del 16 de agosto de 2002, 634 del 21 de agosto de 2003 y 311 del 21 de marzo de 2006”.

Añade el escrito legal que “la situación de emergencia también requiere la supresión de costos fiscales de baja productividad. Que, en tal sentido, resulta imperioso una simplificación en la Ley N° 27.424 de energía distribuida, eliminando la ayuda estatal y la estructura de control”.

Alquileres

En materia de alquileres repasa la controvertida ley vigente, al sostener los inconvenientes y penurias que el exceso de regulación normativa han aparejado en las convenciones privadas, especialmente en los contratos de locación de viviendas, “es un hecho público y notorio, con graves consecuencias tanto para locadores como para locatarios y la virtual destrucción del mercado inmobiliario”; sostiene “imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres N° 27.551”.

Añade que “coherentemente con ello, es preciso respetar la voluntad de los ciudadanos de pactar las formas de cancelación de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sin distinción del curso legal o no de la moneda que se determine, sin que pueda el deudor o el juez que eventualmente intervenga obligar al acreedor a aceptar el pago en una moneda diferente, salvo pacto en contrario”.

Piden revertir la suba de las retenciones

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) confeccionará un informe técnico para presentar ante las autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Bioeconomía sobre el impacto de una eventual suba de retenciones al 15% a producciones de economías regionales, con la finalidad de sumar elementos que permitan “revertir estas medidas”, que afecta por caso a sectores como la forestoindustria en Misiones.

En un comunicado, la entidad que congrega a cámaras y asociaciones del sector agroindustrial indicó que la suba de retenciones a las economías regionales “no impacta solo en pérdida de competitividad sino que provocará la no ejecución de inversiones previstas, así como la pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias del país”.

“Si sólo se analizan los derechos como una planilla de resultados se dejará a muchas industrias en crisis”, advirtió el escrito, cuestión por la cual el CAA “está realizando gestiones urgentes ante la Secretaría de Bioeconomía y Ministerio Economía para tratar de revertir estas medidas”.