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Informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura

El 41% de los alojados en cárceles provinciales aún no tiene condena

El Servicio Penitenciario tiene 1731 privados de libertad, de los cuales 712 tienen prisión preventiva. Además, hay otros 790 detenidos en diferentes comisarías

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 18:28hs.
El 41% de los alojados en cárceles provinciales aún no tiene condena
Foto: Archivo/Imagen Ilustrativa
Foto: Archivo/Imagen Ilustrativa

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura publicó el quinto informe referido a las prisiones preventivas en Misiones. En ese sentido, hay al menos 20 detenidos dentro del servicio penitenciario, que aguardan hace más de seis años una sentencia. La ley estipula un máximo de dos años para las preventivas, con la exceptualidad de un año más.

El presidente del organismo, Eduardo Scherer, explicó a El Territorio que se trabaja fuertemente para que se cumplan las normas, aunque la labor es lenta y compleja. Por ello, además, expresó que acompañan desde la Comisión el pedido del Colegio de Abogados de eliminar la feria judicial del 24 al 31 de diciembre.

Respecto a los números, indicó que actualmente hay 1731 privados de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial, de los cuales 1694 provinciales y 37 corresponden a la justicia federal. Del total, dentro de lo que es el fuero penal provincial, de los 1694 alojados, hay 700 que se encuentran en situación jurídica con Prisión Preventiva en los términos del artículo 311, siguientes y concordantes de la Ley XIV-N°13 de la Provincia de Misiones (Código Procesal Penal). Esto representa el 41% de los alojados dentro de Unidades Penitenciarias de Misiones. Respecto a las personas privadas de su libertad cuyas causas tramitan por la esfera federal, 12 de ellos se encuentran con prisión preventiva. Mientras que en lo que respecta a las comisarías, hay 790 detenidos (66 de ellos, federales) entre los que se encuentran quienes persisten sin condena, imputados o bien con prisión preventiva.

Perspectiva

Scherer analizó los números respecto al informe realizado en mayo de este año y destacó que hay un 3% menos de detenidos sin condena. “En mayo de 2023, en el Servicio Penitenciario teníamos 722 privados de libertad con preventiva y hoy tenemos 700”, remarcó. En tanto, que también disminuyó levemente la cantidad de alojados que esperan más de los dos años legales tras las rejas sin sentencia. “En mayo teníamos 34% con más de 2 años en preventiva y ahora en noviembre tenemos 31%”, dijo. Sin embargo, hay 20 personas que están hace más de seis años, lo que representa una falta grave a los derechos y normativas que rigen en el país.

“Se debe recordar que la ley 24.390 establece que la prisión preventiva no puede superar los dos años, y excepcionalmente tres años. Además, hay 365 expedientes esperando fecha o realización de juicio, que es mucho”, adujo. Al tiempo que resaltó: “la regla general, principio establecido en la Constitución Nacional, es que nadie puede estar privado de su libertad si no es con sentencia firme que lo declare culpable del delito por el cual se lo acusa y se lo haya establecido con responsabilidad penal”.

“Existe un mecanismo cautelar que es la prisión preventiva, por el cual un magistrado decide privar de su libertad a una persona de forma preventiva porque entienden que existe algún riesgo procesal. Quiere decir que esa persona se puede fugar o entorpecer la investigación, entonces decide el juez que esa persona se encuentre detenida mientras se sustancia la causa. El problema que tenemos en Misiones es que tenemos una mora judicial en cuanto a la cantidad de expedientes que se encuentran en los Tribunales esperando las fechas de debate”, sostuvo.

En tanto, mencionó que incluso algunos de los detenidos ni siquiera tienen dictada la prisión preventiva, como ocurre con los 790 alojados en comisarías. “Se genera un cuello de botella, porque los Tribunales fijan un cronograma de audiencias de alrededor de 30 por año y hay 365 causas esperando fecha de debate, lo que genera retraso en dilucidar quienes son culpables y deben cumplir las penas en el Servicio Penitenciario como corresponde y quien no”, aseveró.

Y acotó: “esto no se soluciona con la construcción de nuevos espacios porque necesitaríamos tres unidades penales más para alojar sólo a quienes están en comisarías. Hay que hacer un cambio estructural”. “No piden la libertad. Lo que piden es una resolución de sus causas para someterse al régimen y cumplir los plazos como corresponde, estudiando y trabajando, lo que sólo lo pueden hacer quienes están condenados”, cerró.

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