Contrabandistas de soja seguirán siendo investigados en Córdoba

La Cámara de Apelaciones de Posadas definió que un Juzgado de Córdoba continúe con la causa en contra de dos presuntos contrabandistas de soja de esa provincia. La investigación reconstruyó que la banda delictiva punteaba los camiones hasta Misiones y sobornaba a puestos de control de las fuerzas.

La decisión surge luego de que los jueces del Juzgado Federal de Oberá y su par de Bell Ville (Córdoba), rechazaron la competencia territorial. Esto generó un conflicto negativo de competencia.

Cuestión que fue analizada por la Cámara de Apelaciones de Posadas, quien definió que debe ser el Juzgado de Córdoba el que continúe con las investigaciones, considerando que los implicados residen en esa jurisdicción. La medida fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de la Nación.

Según surge de la documentación de la causa a la que tuvo acceso El Territorio, el principal acusado es Luis Alberto Zago -presunto organizador de la banda-, quien habría actuado en colaboración de Oscar Ramón Chamorro para diseñar estrategias para el traslado de granos desde diversas jurisdicciones hacia Misiones, donde finalmente era exportada por pasos clandestinos.

Para la ejecución del contrabando la organización empleaba documentación apócrifa en respaldo de la carga que era transportada en camiones, cuya titularidad registral se relaciona con el responsable de las empresas Lupaza y Laraza (de Córdoba).

En el marco de las averiguaciones, a raíz de intervenciones en los teléfonos de los implicados y seguimientos correspondientes, se logró constatar que los camiones cargados con granos partían de Chaco.

Desde ese punto, los rodados eran custodiados hasta la Tierra Colorada por Zago y Chamorro. Para la maniobra, los dos acusados llegaban a los diversos puestos de control apostados sobre las rutas nacionales, antes que la soja que era transportada en los vehículos de carga.

Lo último, para poder interactuar con los funcionarios públicos y ofrecer dinero a cambio que éstos garanticen el pase de los rodados para que continúen su ruta delictiva.

Conflicto de Competencia
La causa de los contrabandistas finalmente ha quedado a cargo del Juzgado de Bell Ville, Córdoba. Pero se llegó a esta conclusión luego de que tres juzgados se hayan declarado incompetentes.

En primer lugar, fue el Juzgado Federal de Resistencia -a cargo de Zunilda Niremperger-, quien llevó a cabo la pesquisa, pero se consideró incompetente luego de los allanamientos en simultaneo en las provincias de Misiones, Chaco y Córdoba. En cuyo marco se secuestraron elementos claves para esclarecer las maniobras investigadas.

A su vez, el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, se consideró incompetente en la continuidad de las investigaciones debido a que se estimó que todas las pruebas que se podían recolectar en suelo misionero han sido completadas. Asimismo, para reforzar la incompetencia, se planteó que los principales investigados se domicilian en el departamento cordobés de Marcos Juárez.

En tanto, al considerar que la organización operaba a través de las firmas mencionadas, asentadas en Córdoba, y que justamente en dicha provincia se organizaría el contrabando y por lo tanto que se conformaría la asociación ilícita, remitió las actuaciones a su par del Juzgado Federal de Bell Ville.

Sin embargo, el magistrado Sergio Aníbal Pinto no aceptó la competencia atribuida, al considerar que la competencia corresponde al Juzgado Federal de Oberá, en cuya circunscripción se cometió el delito y donde se hallaban transitoriamente los principales involucrados –Zago y Chamorro– quienes, según consideró el juez, han desplegado en la provincia de Misiones las actividades orientadas al contrabando de granos. A esos fines, citó doctrina y jurisprudencia.

Luego de analizar las dos últimas posturas, el Ministerio Fiscal apoyó la consideración propuesta por el magistrado misionero, sosteniendo que los elementos colectados indican que la base de actuación financiera e integrantes se encuentran residiendo en Marcos Juárez (Córdoba).

Por ello, las investigaciones deben continuar en la jurisdicción del Juzgado Federal de Bell Ville desde cuyo ámbito se dirigieron las actividades investigadas.

En el expediente se citó una resolución de la Corte Suprema que indica que “si el hecho a investigar ha tenido desarrollo en distintas jurisdicciones territoriales, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación y mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados”.