El Gobierno y la oposición de Venezuela acordaron elecciones para la segunda mitad de 2024

La reanudación del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición tuvo este martes un primer éxito casi inmediato, luego que las partes acordaron que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en el segundo semestre de 2024 y que se invitará a organizaciones internacionales a enviar observadores.

Los acuerdos están contenidos en dos documentos firmados por oficialistas y opositores en Barbados, donde se instaló este martes la nueva mesa de diálogo, en la que Noruega busca mediar.

El entendimiento señala que las partes pactan "proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del 2024 atendiendo al cronograma constitucional".

También establece la solicitud de invitación de misiones técnicas de observación electoral, que incluyen a la Unión Europea (UE), el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

El presidente Nicolás Maduro celebró casi de inmediato, en la red X, el acuerdo: “En cualquier circunstancia siempre hemos buscado el diálogo; no ha sido fácil este camino, pero gracias a la conciencia y la fuerza de nuestro pueblo heroico, poco a poco vamos saliendo adelante”.

“Con la firma de estos acuerdos estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia, en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional. ¡Que viva el pueblo! ¡Victoria!”, resaltó el mandatario.

El Gobierno y la Plataforma Unitaria -que agrupa a la mayor parte de la oposición- dejaron claro también el rechazo a "cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela".

Los acuerdos fueron firmados por el jefe de la delegación del Gobierno y presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, y el de la Plataforma Unitaria de la oposición, Gerardo Blyde.

El punto es central, porque la Plataforma Unitaria hará el domingo próximo sus primarias para decidir su postulante para el año próximo, y aunque hay una decena de aspirantes, quien más chances tiene de ganar es la exdiputada María Corina Machado.

Pero Machado, para el Gobierno, está impedida de ejercer cargos públicos, igual que el exgobernador Henrique Capriles -quien ya anunció su renuncia a la competencia-, por decisión de la Controlaría.

En el acuerdo no se menciona qué pasará con esas inhabilitaciones, que la oposición considera inconstitucionales.

Sin embargo, el documento habla de permitir a todos los candidatos "siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en una elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".

La agencia AFP reseñó dos declaraciones contradictorias sobre el tema: Blyde habló de "una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad", pero Rodríguez advirtió que "si usted cometió un crimen y fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato, y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde que es la Contraloría, pues tampoco puede ser candidato".

Sí afirma el texto que ambos sectores continuarán el proceso de diálogo y negociación.

Se resolvió que “las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un conjunto de garantías electorales para todos los actores, teniendo como base lo previsto en la Constitución y la ley”, aunque el mismo CNE está puesto en debate y probablemente se avance hacia su reforma.

Diálogo y sanciones
Los acuerdos fueron firmados por el jefe de la delegación del Gobierno y presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, y el de la Plataforma Unitaria de la oposición, Gerardo Blyde.

Las partes habían informado recién ayer, en un comunicado, de su decisión de "retomar el proceso de diálogo y negociación, facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político" de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Fue poco después de un acuerdo entre Estados Unidos y Maduro, pese a que Washington no lo reconoce formalmente como mandatario, para "la repatriación directa" de venezolanos indocumentados, ante un creciente aumento de la migración en ese país.

Los delegados oficialistas también exigieron el cese de las sanciones financieras impuestas por Washington, que incluyen un embargo petrolero, y por la Unión Europea (UE).

El Gobierno estadounidense se mostró dispuesto a levantar de forma progresiva las sanciones financieras que impuso al país si se alcanzan acuerdos para las elecciones del próximo año, por lo que el entendimiento de este martes puede ser clave.

Washington pide que las elecciones, en las que Maduro aspira a la reelección, sean "libres y justas".

Caracas destacó en un comunicado que "con estos acuerdos, Venezuela da un paso más en el camino para acabar con las criminales medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra nuestro pueblo, y la recuperación del estado de bienestar alcanzado por la revolución bolivariana".

Y reseñó que el acuerdo también incluyó la decisión de “una defensa conjunta de un territorio de 160.000 kilómetros en disputa con Guyana”, el Esequibo, rico en reservas petroleras

A su llegada a Bridgetown, Rodríguez había señalado que “el camino es la paz, en el marco de la ley y la Constitución".

Maduro había afirmado que el Gobierno estaba a las puertas de sellar "una buena ronda de firma de documentos para garantías electorales" con la Plataforma Unitaria, lo que hace suponer que el texto difundido este martes venía ya siendo negociado en secreto.

Diálogo entre las partes
Las conversaciones Gobierno-oposición, que se desarrollaron en México, comenzaron en agosto de 2021, pero apenas dos meses después fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Álex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro de Maduro.

El diálogo fue reanudado por un breve período, hasta noviembre de 2022, cuando se produjo una nueva ruptura, luego de que el Gobierno de Maduro exigiera el desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior y administrados por Naciones Unidas.

Un año antes, las partes habían firmado un memorando de siete puntos, entre los que se incluyeron: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.

La primera mesa de diálogo fue en República Dominicana en 2017, y posteriormente en Barbados en 2019, y ambas fracasaron.