El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico dispuso la prisión domiciliaria para la exempleada de la municipalidad de Caraguatay que está sospechada de haber estafado en más de 10 millones de pesos a la comuna de esa localidad con compras realizadas desde la cuenta oficial del municipio. Se trata de la mujer de 40 años que fue denunciada en julio pasado por autoridades municipales de Caraguatay y que accedió al beneficio por disposición del juez Manuel Balanda Gómez, a cargo de la pesquisa.

 Según fuentes del caso, la acusada tiene una hija con discapacidad por lo que aguardará el proceso investigativo desde su domicilio por este motivo.

La fuerte denuncia contra la mujer fue hecha ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, y sacó a la luz una fuerte investigación por supuesta malversación de fondos y estafas millonarias.

 En un lapso superior a un año, la sospechosa habría adquirido desde electrodomésticos, equipos de informática y hasta dos costosos animales.

El destape del caso y los primeros elementos de prueba obtenidos por los pesquisas derivaron en la inmediata detención de la acusada y que al parecer tenía acceso al manejo de la cuenta bancaria del municipio.

 Acto seguido, fue llevada a prestar declaración indagatoria. Pero por recomendación de su abogado particular optó por guardar silencio.

En base a los elementos de prueba que se tienen hasta el momento en el expediente, la mujer continúa imputada por defraudación a la administración pública y malversación de fondos. Aunque no se descarta que más adelante pueda ser acusada también de  adulteración de documentos públicos.

 Movimientos bajo la lupa

 Las presuntas maniobras fraudulentas fueron detectadas cuando mediante un primer arqueo de contabilidad del municipio se advirtió el faltante de importantes sumas de dinero, lo que derivó en estudios más exhaustivos para determinar dónde habían ido a parar los fondos de la comuna.

 Según voceros consultados, de este estudio se detectaron varias compras por montos de 200.000, 300.000 y hasta 500.000 pesos en distintos comercios.

 Existen pruebas que indican que la empleada, en el marco de la compra de elementos para la comuna, realizaba otras adquisiciones para uso personal y que eran costeadas desde la cuenta bancaria de la Municipalidad.

 Entre estos se detallan una freidora, una cafetera y hasta productos para bebés.

 Se sospecha que aprovechándose de tener acceso directo al homebanking de la Municipalidad la mujer concretó todas las compras. Por si fuera poco, por estas horas también se está investigando si la implicada enviaba transferencias con montos mayores a los valores que se ofrecían por determinado producto.

 Todo esto con la intención de recibir el dinero de más que devolvía la casa comercial y que iba, en este caso, a la cuenta bancaria personal de la sospechosa.

 Por otro lado, una de las primeras medidas dispuestas por el juez Manuel Balanda Gómez, a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, fue un allanamiento en la vivienda de la mujer en donde se secuestraron distintos dispositivos informáticos.

 Aunque días después, luego de avanzar más en la pesquisa, el magistrado dispuso una ampliación de allanamiento en el mismo inmueble, en donde se encontraron con dos perros cachorros de un raza exótica, adquiridos cada uno por cerca de 400.000 pesos.

 Por otro lado, se tomaron distintas declaraciones testimoniales a otros empleados de la Municipalidad de Caraguatay, como así también de un contador que detectó las primeras maniobras ilícitas.

 Además, desde el juzgado interviniente se solicitó el estado de movimientos e historial bancario de la cuenta desde donde se efectuaron los pagos para determinar los alcances de las supuestas maniobras.

 En cifras

 $500.000
 Del primer estudio de contabilidad se detectaron compras por valores de 200.000, 300.000 y hasta 500.000 pesos hechos desde la cuenta del municipio.