Autorizan al Ejecutivo a cubrir siete cargos en la Justicia

Los diputados prestaron acuerdo para cubrir siete cargos vacantes en la justicia misionera, en el reinicio de las sesiones ordinarias. Ayer los legisladores retornaron al recinto para el desarrollo de la octava reunión en el Parlamento, en la que además aprobaron leyes para la protección de cuencas del río Uruguay y la huella de carbono. El pasado 6 de julio fue la anterior sesión ordinaria y posteriormente, sobrevino un receso, ya que el edificio estuvo afectado a todo el operativo de las elecciones primarias. No obstante, las comisiones siguieron funcionando y se realizaron eventos por el lema del año.

El Poder Ejecutivo quedó habilitado para designar a Jorge Valenzuela como vocal de cámara de apelaciones en lo laboral, y María Barrionuevo como jueza de primera instancia en lo civil y comercial 4, ambos de la Primera Circunscripción Judicial en Posadas. Carlos Tannuri para el cargo de juez de primera instancia en lo civil y comercial 3, de Oberá y Facundo López, como defensor oficial de primera instancia en lo civil y comercial de Eldorado. También Miguel Griffiths, para el cargo de juez de paz en Candelaria; Laura Carrara, como jueza de paz en Campo Ramón e Yngridt Radke, como jueza de paz de Wanda.

El Parlamento declaró área natural protegida, con categoría de reserva de usos múltiples, a las cuencas hídricas del territorio provincial cuyas vertientes tienen su descarga al Río Uruguay. Además, creó el Programa Provincial Huella de Carbono, que brinda el marco normativo para establecer un sistema de medición de gases de efecto invernadero, con la finalidad de reducirlos, disminuir la contaminación ambiental y proteger el ambiente.

Los legisladores incorporaron la temática de la gestión de proyecto de manera sistemática y transversal al diseño curricular del sistema educativo público, en el nivel secundario y en todas las modalidades. También se declaró monumento natural y de interés público las especies de palmeras Pindocito y Yatay poñí o mini; para lograr su preservación, conservación y reproducción.

Finalmente declararon de utilidad pública y sujetos a compraventa o expropiación, bienes muebles e inmuebles que se requieren para la construcción de obras de la ruta provincial 212, en el tramo que conecta con las rutas nacionales 12 y 14.