Incidentes en Campo Viera: los detenidos designaron defensora y mañana serán indagados
Los dos integrantes de la organización social MTR detenidos en el marco de la investigación por los serios incidentes registrados frente a la Municipalidad de Campo Viera, el pasado miércoles, fueron conducidos esta mañana al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, ocasión en la que designaron defensor y fueron notificados de la causa.
En tanto, se prevé para mañana la indagatoria de ambos. La defensa de los piqueteros quedó a cargo de una abogada particular.
El traslado de los detenidos se realizó bajo un fuerte operativo que contó con personal de diferentes dependencias de la Unidad Regional II. Según confirmó El Territorio, Luis Alejandro Fabián B. (33) y Roberto Abel B. (47) son investigados por los delitos de "intimidación pública agravada, atentado contra la autoridad, lesiones leves e incendio en grado de tentativa".
Ambos implicados fueron señalados por la investigación policial como partícipes en los incidentes de la semana pasada frente al edificio comunal de Campo Viera. En tanto, una veintena de integrantes del MTR se manifestaron esta mañana frente al juzgado interviniente en reclamo por "la liberación de los compañeros detenidos injustamente".
Analizan videos
Al respecto, aclararon que "la organización no tiene líderes, todos opinamos y las decisiones se toman en asamblea. El miércoles pasado fuimos a la Municipalidad a reclamar por las partidas comprometidas y atrasadas para los comedores, pero nos encontramos con un operativo policial desmedido y agresivo".
En tal sentido, aseguraron que "hubo policías que nos tiraron piedras, lastimando a compañeros y ocasionando daños que después nos adjudicaron a nosotros". Asimismo, se mostraron confiados en la pronta liberación de los detenidos, ya que "tenemos videos que demuestran que varios policías actuaron mal. Incluso, existe una grabación donde se ve a un policía tirando una piedra contra una puerta de vidrio de la Municipalidad".
Respecto a esto último, el citado video está siendo analizado por las autoridades judiciales y podría encuadrar en la doctrina del "fruto del árbol envenenado" la cual considera que una prueba ilegítima contamina la acusación.
