Las dos tragedias de tareferos que modificaron leyes

“Yo sé lo que sufre un tarefero. No vengo con historias que me contaron ni soy un paracaidista. Yo pagué con mi propia sangre. Durante años denuncié lo que pasaba con el transporte y en 2013 hubo otra tragedia y más muertos que en 2000. Ahí se empezó a controlar un poco más. Pero ojo, todavía falta mucho por mejorar”.

Así reflexionó Oscar Rodríguez (48), uno de los sobrevivientes de la tragedia de Colonia Aurora, donde fallecieron cuatro tareferos.

Aquel 2 de octubre del 2000 la vida de Rodríguez cambió para siempre, ya que no sólo perdió una pierna, sino que su esposa lo abandonó y se llevó con ella a sus dos pequeños hijos.

Casi trece años más tarde, el 17 de junio de 2013, un camión con tareferos volcó en Salto Encantado y hubo que lamentar otras ocho víctimas fatales, entre ellos tres menores.

La magnitud del desastre llevó a replantear la legislación laboral del sector más vulnerable de la cadena yerbatera, aunque los controles aún exhiben limitaciones y los reclamos persisten.

Si bien la ley estipula que los peones rurales deben ser trasladados en vehículos con asientos, como micros o combis, la realidad indica que no todos los contratistas cumplen con la norma, como remarcó Rodríguez, en su doble rol de sobreviviente y tesorero de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

“La tragedia de Salto Encantado puso al descubierto muchas fallas y hubo un envión para corregir las cosas. Primero estuvo el furor de las combis y colectivos, pero pasó el tiempo y ya no se controla tanto. Desde la Asociación de Tareferos calculamos que el 50 por ciento cumple con la ley, pero el otro 50 sigue trasladando a la gente en la carrocería del camión”, denunció con conocimiento de causa.

Las víctimas
A raíz de la tragedia de Salto Encantado, el Estado provincial instauró el 17 de junio como Día Provincial del Tarefero. Asimismo, se fijó una pensión que alcanza a los deudos de los fallecidos y a las víctimas que padecieron secuelas.

El hecho costó las vidas de Fabián Da Silva (23), Fernando Piñeiro (13) y su papá José Francisco Piñero (42); Lucas Da Silva Rodríguez (14), Edgar Ferreira (17), Luis Godoy (33), Miguel Miranda (55) y su hijo Hugo Franco (33).

El vuelco se produjo sobre la ruta provincial 220, a unos 400 metros del acceso al Parque Salto Encantado, en un tramo donde se realizaban obras de asfaltado.

Los tareferos viajaban en un camión Ford 700 que era conducido por Julio César Franco, quien estaba acompañado por su hijo de 14 años.

Además del trasladar al personal en la planchada del rodado, incluidos una decena de menores, lo que contradecía las normas vigentes, luego del accidente se supo que el camión presentaba fallas mecánicas.

Héctor Fabián Miranda, contratista y medio hermano del chofer, confirmó que el rodado presentaba problemas de freno y por ello realizaron una parada en el acceso al Salto Encantado, a sólo un par de kilómetros del lugar de la tragedia.

Según el expediente judicial, Miranda indicó que el camión partió desde Villa Bonita por la ruta provincial 103 y luego transitó por la nacional 14, cruzando las localidades de Campo Viera, Campo Grande y Aristóbulo del Valle, hasta la intersección con la provincial 220, sin ningún impedimento ni control policial.

Aseguró que el Ford tenía problemas de freno que fueron minimizados por el chofer.

“El camión venía frenando mal porque tiraba para un lado. Entonces paramos en un taller, a una cuadra más o menos de la ruta, y ahí ajustaron algunas cosas, según mi hermano. Y seguimos”, detalló.

Condena a medias
En octubre de 2016, el chofer Julio César Franco fue sentenciado a tres años de prisión y cumplió la condena en la Unidad Penal II de Oberá.

En juicio abreviado aceptó los cargos por “homicidio culposo agravado y lesiones” y la pena fue homologada por el Juzgado Correccional y de Menores.

Si bien Franco no fue el único imputado en la causa, para la Justicia fue quien tuvo la máxima responsabilidad en el siniestro, puesto que manejaba el rodado y era consciente de los problemas mecánicas que presentaba el mismo.

“El conductor fue al menos negligente y su accionar derivó en el deceso de ocho personas y ocasionó serias lesiones en otras tantas”, precisó el fallo.

Por su parte, familiares de las víctimas se mostraron insatisfechos por el monto de la pena, al tiempo que insistieron con la responsabilidad que les corresponde a otros actores secundarios.

Precisamente, también fueron imputados Héctor Fabián Miranda -hermano del chofer y contratista- y el empresario Dante Lewtak, aunque ninguno tuvo pena de cumplimiento efectivo.

Mártires de Aurora: “Nos mandaron al matadero”

En diálogo con El Territorio, Oscar Rodríguez, sobreviviente del accidente del 2000 en Aurora, recordó que en esos años la crisis golpeaba fuerte y la gente estaba desesperada por trabajo.

La tragedia que se cobró las vidas de Julio Benítez, Guillermo Rodríguez, José De Olivera y Ramón Ayala, inmortalizados como los Mártires de Aurora.

“Pagaban miseria y nuestro patrón paró la cosecha. Un tendal de compañeros quedó sin trabajo y estaban desesperados. El 2 de octubre apareció un contratista ofreciendo el doble de lo que solíamos cobrar y muchos quisieron ir. A las 12 salimos de San Miguel en un camión nuevo, éramos 33”, detalló.

Y agregó: “De acá salimos en un camión nuevo, pero en 9 de Julio nos cambiaron a otro viejo que tenían sólo para acarrear basura dentro del secadero, porque no servía más. Ni siquiera tenía freno. El mismo chofer le dijo al contratista que no servía para llevar la gente, pero el contratista le dijo que tenía que cumplir la orden y listo. De eso nos enteramos después. Cerca del puente El Doradito, donde hay una pendiente con tres curvas feas, en la primera bajada el chofer gritó que nos agarremos porque quedó sin freno”.

El cambió de vehículo se hizo a unos 15 kilómetros del yerbal donde iban a cosechar. Pero apenas hicieron cuatro y sucedió lo peor. “Nos mandaron directamente al matadero”, graficó.

La contracara fue el milagro de una compañera, la única mujer del grupo, que tenía un hijo chico y estaba embarazada. “El nene estuvo como dos meses internado, pero se recuperó bien. A la mamá no le pasó nada”, destacó Rodríguez.

Años más tarde, tras la tragedia de Salto Encantado, las víctimas de Aurora también fueron reconocidas con la pensión que abona el estado provincial. Actualmente el monto asciende a 23 mil pesos por mes y alcanza a 48 familias golpeadas por ambos siniestros.

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