Los pueblos indígenas son anteriores a la conformación del Estado y "la preexistencia es el derecho de derechos" de los pueblos originarios. El artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país por Ley 24.071, establece que al aplicar las leyes nacionales se deben tener en cuenta las costumbres y el derecho indígena.

En Misiones las comunidades mbya guaraní distribuidas en toda la provincia tiene su propia forma de organizarse, con autoridades políticas y religiosas que resuelven desde situaciones cotidianas hasta conflictos más graves. Siempre en base al diálogo con la aldea, un proceso que se repite desde hace miles de años.

Sin embargo, muchas veces esto trasciende las comunidades. La Justicia blanca o no indígena (jurua) interviene, detiene y juzga a sus habitantes. Los referentes mbya guaraníes consideran que muchas veces se trata de una imposición, que quieren avanzar sobre sus criterios, sobre su autoridad.

Sin embargo, también reconocen que son ellos mismos quienes llaman a la Policía de Misiones o los juzgados jurisdiccionales cuando la cuestión los excede. Ricardo Benítez, el cacique de la comunidad Tuna’i, señaló que "los casos que todavía no podemos resolver dentro de la comunidad son los hechos de violaciones, peleas fuertes, asesinatos".

Sobre esta convivencia entre el sistema penal y la justicia indígena, con sus entendimientos y roces, es que buscará abordar El Territorio en su informe de domingo. En la actualidad hay once personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial que pertenecen a comunidades mbya guaraníes, un número igual al revelado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura en cárceles y comisarías en 2022.

"Hace diez años era una cosa y hoy estamos encaminados hacia otra forma, si se quiere, de interactuar y en esto la interculturalidad es un concepto fundamental. La idea no es trasladar nuestro sistema de Justicia al de ellos ni el de ellos al nuestro, sino poder convivir", expresó Roxana Rivas, asesora legal de Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y defensora de Miryam Bogado, joven mbya acusada por el asesinato de su bebé a quien su comunidad la consideró inocente.

Hay un consenso de que un hecho puntual marcó la situación actual a la que se refiere Rivas y ocurrió el 21 de septiembre del 2021 en Fracrán. Entonces la Policía de Misiones detuvo a quien era el mburuvicha (cacique) de la comunidad mbya guaraní Pa’i Antonio Martínez, Catalino Martínez, y sus miembros de seguridad ancestral, Bonifacio Olivera y Narciso Benítez.

La detención fue realizada por orden de las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente en una causa caratulada luego como "Torturas, vejaciones y malos tratos". Un delito muy grave, del que luego fueron liberados y absueltos, según informó oportunamente Emipa.

Lo que se investigaba era una denuncia en la que se consignaba que dos personas juzgadas dentro de la comunidad habían recibido maltratos, golpes y que se los ató durante días negándoles agua y alimentos.

Desde la comunidad lo negaron completamente y el resultado del proceso avala sus dichos. Dijeron que se trató de un juicio indígena que duró varias jornadas y se terminó resolviendo por consenso general. Las personas acusadas -que no realizaron ninguna denuncia- fueron juzgadas y se procedió a dejarlas con un opygua (líder religioso), "quien se encargó de hablarles y brindarles recomendaciones para que recapaciten sobre sus acciones", se expresó en un comunicado.

Más allá de esto, la magnitud del procedimiento de detención -se dijo que los uniformados llegaron en gran número con armas largas y muchos vehículos- significó un llamado de atención para los caciques, quienes consideraron que avasallaron sus derechos y sobre todo pusieron en jaque su autoridad. Incluso creen que la denuncia habría salido de la propia aldea.

Hubo una gran asamblea y se empezaron a concretar reuniones con funcionarios policiales y judiciales, incluso del Superior Tribunal de Justicia, que determinó que "en todos los casos que se vean involucrados los intereses de personas integrantes de las mencionadas comunidades se deberá contar con la presencia de un antropólogo, un intérprete y un representante de la Dirección General de Asuntos Guaraníes y del Ministerio de Derechos Humanos".

Asimismo, desde junio del año pasado la Policía debe notificar al cacique de la comunidad con escritos en castellano y guaraní sobre los hechos investigados y además se dispondrá de intérpretes de ser necesario. De las reuniones participaron jefes de la Policía de Misiones y representantes del Ministerio de Gobierno de la provincia.

La fuerza provincial anunció sus dos primeros intérpretes en julio de ese mismo año, pero Norma Silvero, actual directora de Asuntos Guaraníes, contó además que "desde el Poder Judicial nos solicitaron el pedido de intérpretes judiciales y que mandemos una nómina. Se solicitó que sean inscriptos como auxiliares de la Justicia, dentro del organigrama del poder judicial, lo que será un gran paso para las comunidades misioneras".

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