El buen momento de la construcción amenazado por la distorsión de precios

La alta inflación, el cambio de las condiciones de comercialización de los insumos más importantes, las dificultades de abastecimiento y la imposibilidad de toma de créditos para restituir capital de trabajo ante tasas exorbitantes, representaron las principales preocupaciones planteadas por el Consejo Federal la Cámara Argentina de la Construcción.

“Los sistemas de ajuste de precios totalmente irrepresentativos de la realidad, llevarían a una paralización del sector por imposibilidad de acción, con sus evidentes efectos sobre el empleo y la actividad regional”, sostiene el documento firmado por 25 delegaciones firmantes.

En su edición del sábado El Territorio marcaba justamente que la construcción lograba mantener un buen ritmo, pero sufría la presión inflacionaria, lo cual ahora por lo explicado por el Consejo Federal resulta asfixiante y requiere definiciones de la Nación.

En Posadas, en su habitual informe la Municipalidad dio cuenta que para locales comerciales en marzo aumentó un cien por ciento los permisos de nuevas edificaciones, comparado a igual mes del año pasado.

En cuanto a los representantes de empresas de todo el país, en general Pymes, declararon que, de no actuarse inmediatamente, las actuales circunstancias podrían llevar a graves efectos sobre el empleo en el sector, con peligro en la continuidad de las empresas.

En el marco de la periódica reunión del Consejo Federal, donde están representadas las empresas socias de todo el país, plantearon los problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obras públicas. “De no actuarse inmediatamente, estas podrían llevar a graves efectos sobre el empleo en el sector con peligro en la continuidad de las empresas”.

Indican que llegan a tal situación “luego de un periodo de alta actividad y empleo en el sector, financiado en gran proporción con el patrimonio de las empresas, en forma directa o a través de crédito bancario, en los últimos meses se ha pasado, de un desequilibrio financiero, a una grave afectación económica, de alto impacto, que consumirá los patrimonios de las empresas”.

Los pedidos
Por eso, advierten “sobre el inminente peligro de una grave crisis del sector, instando a las autoridades de todas las jurisdicciones -Nacional, Provincial y Municipal- a tomar medidas que resuelvan o atenúen”.

Reclaman: Pago urgente e integro de los trabajos ejecutados, incluidos los certificados básicos, sus redeterminaciones provisorias y definitivas y los intereses por mora en el pago según la ley aplicable, en todos los contratos vigentes incluso los realizados por convenios entre jurisdicciones, obras en general realizadas por empresas Pymes de todo el país.

Plantean además la aprobación y certificación de las redeterminaciones de precios en trámite en momentos en que, por la alta inflación sufrida, estas redeterminaciones constituyen una parte sustancial de la remuneración del contratista. Incluso con demoras violatorias del artículo 22 del Decreto 691/16. Esto es más grave aún en contratos por convenio con provincias o municipios, en que se suman dos jurisdicciones a la tramitación”.

Señalan que “el cobro de lo redeterminado se demora por los meses de tramite insumidos y el monto percibido se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo -para reponer insumos- y por los altos costos financieros nominales”.

Se agrega al perjuicio sufrido, “la irrepresentatividad de los precios relevados por el Indec y de los índices construidos con ellos, usados para calcular la redeterminación, cuando se los compara con el aumento real de precios de los distintos materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra”.

Precios
Otros de los aspectos señalados es “la distorsión significativa en los precios de materiales o en sus formas de comercialización- a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior y su regulación y por efectos de conflictos geopolíticos”.

Otro efecto negativo “el la posibilidad -del contratista- de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta pues, todos estos inconvenientes severos, conocidos por cada autoridad y contratista, seguramente han afectado ya el ritmo de obra, por imposibilidad financiera para mantenerlo, con un atraso consecuente en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de la curva de inversiones contractual”.

Por lo previo, requieren “la adopción de medidas para reconducir los contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, de tal manera de posibilitar su continuidad y evitar, o como mínimo atenuar, los efectos de una paralización total, que sin exagerar, tendría rasgos catastróficos”.
Plantearon que vienen gestionando, a todos los niveles del Gobierno, desde hace meses, soluciones urgentes, referidas a pagos, redeterminaciones, y plazos.

Por eso reiteraron “la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes que mitiguen o extingan estas situaciones ya que, de mantenerse, afectarán fuertemente la ejecución de las obras, produciéndose una ruptura en el mantenimiento de la inicial ecuación económica financiera de los contratos, con la consecuente afectación del patrimonio de las empresas”.