Ley de Alquileres: más preguntas que respuestas sobre los cambios que vienen

Mañana comienza una semana cargada de expectativas por conocer los detalles de los cambios que se vienen en el sistema legal que rige los alquileres de inmuebles, después de que la semana pasada se conoció la decisión del gobierno nacional de intervenir en esta cuestión que aflige al universo de inquilinos del país.

Es que el momento de buscar una vivienda para alquilar o de renovar un contrato de locación se transformó en los últimos años en sinónimo de un momento de terror, porque la falta de oferta de inmuebles sumada a la inflación creciente, generó una situación más que dramática para las personas que necesitan alquilar.

Los precios de los alquileres treparon a las nubes. Hay cada vez menos oferta de inmuebles para locación. La posibilidad de hacer contratos por plataformas virtuales buscadas por turistas extranjeros que pagan en dólares movió algunas de esas propiedades para este atractivo segmento. La disparidad entre los aumentos salariales y la inflación, en la que el primero sube por escalera y el segundo por ascensor. Todas esas variables generaron un combo terrorífico para quien debe alquilar un lugar donde vivir.

Frente a este panorama, el lunes pasado después de una reunión entre el presidente de la nación, Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa se filtró la información de la decisión tomada para meter mano en el tema. Todavía no se conoce oficialmente cuál es la modificación que se hará y de qué manera se implementará, por eso se esperan definiciones en esta semana.

Según fuentes del Ministerio de Economía de la Nación, la nueva medida podría ser un decreto que suspendería a partir del mes de mayo la actual ley que rige los contratos de alquiler para volver al sistema que regía antes, hasta fin de año,y durante esos meses darle tiempo al Congreso para que apruebe una nueva normativa.

Las reacciones sobre la inconstitucionalidad que significa borrar una ley con un decreto ya se hicieron oír. El Colegio Profesional Inmobiliario emitió un comunicado en el que advirtió que es cierto que la Ley de Alquileres debe cambiar, “pero no de cualquier manera”.

Desde ese sector inmobiliario dijeron que un cambio por decreto “necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Poder Legislativo y eso generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos”

También desde la Federación de Inquilinos plantearon que “lo primero que hay que destacar es que la Ley de Alquileres sigue en vigencia y que modificarla por decreto sería inconstitucional”.

El titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, advirtió que “es una incógnita lo que hará el gobierno nacional, aunque no hay dudas ya, de que han demostrado una incapacidad gravísima para controlar el cumplimiento de la Ley de Alquileres. Los alquileres se están dolarizando y es casi una misión imposible para las familias y los trabajadores argentinos pagar hoy un alquiler”.

Seguidamente Muñoz aclaró que “es necesario destacar que las personas que ya tienen contrato de locación firmados no debieran sufrir ninguna modificación porque es un acuerdo que ya se firmó, pero de todos modos hay mucha incertidumbre y esperamos que esta semana se empiecen a dar las respuestas para clarificar la situación”.

Alerta de la oposición
La noticia de la decisión del gobierno nacional de modificar la Ley de Alquileres generó una cosquilla molesta en el Congreso de la Nación, en el que hasta el momento los diputados y senadores oficialistas prefieren no emitir opinión hasta conocer los detalles de la medida oficial.

Los que sí salieron a opinar son los referentes de la oposición.

“No se coman la curva de la Ley de Alquileres. El Ejecutivo no puede derogar leyes por decreto y en el Congreso todos los diputados del Alberto Fernández y Sergio Massa acaban de votar un dictamen que, lejos de derogarla, proponen una ley peor que la actual, la única salida es las urnas”, señaló diputado de Evolución Radical Martín Tetaz.

Por su parte, el diputado mendocino Julio Cobos reflotó un proyecto de derogación de la norma actual, con la intención que la solución legislativa venga del lado del Congreso de la Nación, pero teniendo en cuenta la falta de consensos para aprobar leyes es poco probable que la iniciativa vea la luz.

“El Ejecutivo debe recurrir al Congreso para derogarla. Desde hace tiempo pedimos que se adopten medidas por la Ley de Alquileres y créditos UVA”, manifestó Cobos en redes sociales y también destacó que “estos son los problemas reales que afectan a miles de personas y que deberíamos tratar en el Congreso”.

Propuestas que duermen
La Cámara de Diputados intentó el año pasado avanzar en modificaciones a la actual Ley de Alquileres pero ninguna de las propuestas logró superar la fuerte división política que reina el ámbito parlamentario y que traba cualquier posibilidad de acuerdos que son necesarios al momento de legislar.

En junio del año pasado, en un plenario de comisiones, los diputados del Frente de Todos firmaron un dictamen para reformar la ley en vigencia. Mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio acompañados por los bloques minoritarios impulsaron otra alternativa de reforma.

En lo que coinciden todos los legisladores es que la actual ley así como está no funcionó y que es necesario reformarla. Las disidencias entre oficialismo y oposición pasan por los artículos a reformar.

El dictamen que a mediados del año pasado impulsó el Frente de Todos contiene una serie de incentivos fiscales. Entre ellos, que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler.

Las reformas que impulsó el oficialismo también proponen un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Además, amplía las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la Afip, entre otras cuestiones.

En tanto que las reformas propuestas desde los bloques de la oposición piden bajar nuevamente a dos años el tiempo de los contratos de alquileres, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en una actualización consensuada que puede darse cada tres meses o un año.

Además, al igual que el oficialismo, proponen beneficios para los monotributos y eximición del pago de Bienes Personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones de pesos.