Juicio a la Corte: después de Semana Santa volverán a citar a los testigos

Después de Semana Santa, la comisión de Juicio Político volverá a la carga con el interrogatorio a testigos entre los que figuran el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y un nutrido grupo de periodistas que concurrirán personalmente para responder a los legisladores en la causa que investiga el fallo del 2 por 1 de la Corte Suprema que benefició al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

El exministro de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri fue citado hace dos semanas por la comisión de Juicio Político y se excusó por razones de agenda. En esa oportunidad Garavano pidió que se fijara una nueva audiencia.

Por eso los legisladores ya pusieron fecha, horario y lugar para la próxima reunión.

Será el martes 11 de abril a partir de las 13 en la sala 1 del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que los diputados recibirán al exfuncionario y a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri, que cubrieron en el año 2017 el fallo de la Corte que ahora está bajo la lupa para determinar si hubo mala praxis.

La intención de los diputados oficialistas es trabajar en la hipótesis de un presunto “arreglo o acuerdo” para otorgar ese beneficio al represor Luis Muiña por parte de los jueces del máximo tribunal argentino. Concretamente entre el gobierno nacional que en el 2017 estaba a cargo de Mauricio Macri y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso será fundamental la presencia en la comisión parlamentaria del exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos Garavano porque los legisladores del Frente de Todos tratarán de lograr en las declaraciones de este exfuncionario algo de agua para su molino.

En el contexto de un año electoral con fuertes divisiones internas en los espacios políticos con presencia en la Cámara de Diputados de la Nación, la idea de la comisión que preside la diputada oficialistas Carolina Gaillard es avanzar en los 14 pedidos de juicio político contra los máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación con pie de plomo, para garantizar que la oposición continúe participando en las reuniones y que la cuestión siga estando en agenda.

Esa estrategia se complica con el inicio de la campaña electoral, que cambia las prioridades de los diputados nacionales que por estos días empiezan a buscar tener mayor presencia en sus provincias para actos y actividades en busca de los votos del electorado.

Los que pegaron el faltazo
Entre los múltiples testigos citados a declarar hay un grupo que no sólo pegó el faltazo sino que además justificó esa ausencia. En ese grupo se encuentra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri y el fiscal federal Carlos Stornelli.

En cuanto al ex asesor macrista Rodríguez Simón, el justificativo a su ausencia fue una nota por escrito en la que expresó la situación particular por las cuales está en Uruguay, donde se encuentra prófugo, y en la que afirmó que “no tiene nada para aportar en la causa”.

Otro que pegó el faltazo fue el senador del PRO José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, que elevó un escrito a la comisión en la que dijo que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente Carolina Gaillard que no avalo ni admito interrogatorio alguno”.

En el caso del fiscal Stornelli su solicitud fue responder las consultas de los legisladores por escrito y no en forma presencial.

La palabra de una de las víctimas

En la última reunión de la comisión de Juicio Político, el pasado 21 de marzo, brindaron sus testimonios Gladys Cuervo, que es la única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet, donde participaba el represor Luis Muiña y Zulema Chester, quien es la hija de Jacobo Chester, que fue otra víctima que pasó por ese mismo lugar de detención ilegal que funcionó en última dictadura argentina.

En esa oportunidad, la enfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, destacó que el fallo del 2 por 1 que benefició a uno de sus represores, Luis Muiña, dictado en 2017 por la Corte Suprema, “fue una amnistía encubierta” y consideró que se trató de una decisión “del partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar”.

La enfermera Cuervo también recordó que el represor Luis Muiña “se paseaba con su patota impunemente por todo el Hospital Posadas, con armas y fusiles al hombro, eran totalmente reconocibles a cara descubierta. Pero cuando me tuvieron encerrada se tapaban las caras, pero yo los reconocía por sus voces”.