Piden enjuiciar a banda asociada a Marco Estrada

Un fiscal federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron llevar a juicio a 16 personas acusadas de integrar una banda dedicada al comercio de drogas que operaba en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño y estaba vinculada al histórico narco peruano Marco Antonio Estrada González, alias "Marcos", expulsado del país en 2022, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por Eduardo Taiano y Diego Iglesias, a cargo de a la Fiscalía Federal 8 y la Procunar, respectivamente, al juez federal 12 Ariel Lijo.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los 16 imputados formaron parte de una asociación destinada a la introducción, almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, en el interior y fuera del barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (Villa 1-11-14).

De acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, los acusados también almacenaban armamento y municiones con el fin de mantener la hegemonía territorial de la zona donde operaban.

Y según un intercambio de información entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, desde mayo de 2009 hasta el 20 de noviembre de 2022, la organización “concretó un total de 107 hechos ilícitos”.

En ese marco, los investigadores determinaron que entre febrero y septiembre de 2021, luego de la condena a “Marcos” Estrada González y parte de su banda, los narcos se reagruparon y quedaron bajo el mando de Johnny “Pantro” Ray, Arnao Quispe y Ulises “Pitufo” Godoy, quienes bajaban las directivas al resto de los miembros, supervisaban el negocio y recibían las ganancias.

“Integraron hasta sus respectivas detenciones, junto a un nutrido e indeterminado grupo de personas, una organización destinada a concretar actividades de tráfico de narcóticos en el interior e inmediaciones de la villa 1-11-14 de esta ciudad, logrando montar un andamiaje tal que les permitiera mantener la hegemonía territorial de un vasto sector de aquel asentamiento, controlando varios pasillos e inmuebles ubicados allí, empleando constantemente una cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones con la evidente finalidad de impedir la ocurrencia de situaciones conflictivas que pongan de alguna manera en riesgo el normal desarrollo de las referidas maniobras”, aseguraron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio.

Entre los acusados, en su mayoría detenidos en octubre de 2022, se encuentran Jorge Alfredo Recinas Rojas, alias Coca, quien sería uno de los encargados de la seguridad para ejercer el dominio de la villa; Mirta Vera Arévalo, conocida como Vero, cuyo domicilio se empleaba para acopiar drogas; Walter Abel Gerez Herrera, unos de los encargados de retirar el estupefaciente de esa vivienda y entregarlo a los vendedores; Alexander García González, apodado "Pontu", que cumpliría el rol de encargado de los vendedores, y Arturo Waldemar “Waflera” Juárez, uno de los señalados encargados de la venta de marihuana, detallaron voceros judiciales.

Los cargos que les imputan son los de ser coautores de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y coautores de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.

También pidieron que Diego Ramón “Bebecho” Velázquez sea juzgado como coautor del delito de “tenencia ilegítima de materiales explosivos” y que María Antonia Godoy Merino vaya a juicio como partícipe necesaria de una organización destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervienen tres personas y del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.