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El proyecto se presentó en mayo de 2022 pero no avanzó debido a la inactividad parlamentaria

La violencia narco en Rosario podría reactivar un Congreso paralizado

La Cámara de Diputados, que no logra establecer acuerdos entre los bloques para organizar sesiones, aprobaría antes de fin de mes la reforma judicial de Santa Fe

domingo 19 de marzo de 2023 | 10:45hs.
La violencia narco en Rosario podría reactivar un Congreso paralizado
Se trata de una iniciativa presentada por el legislador santafesino del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella.
Se trata de una iniciativa presentada por el legislador santafesino del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella.

La violencia que sacude a la población santafesina podría ser el motivo que supere la grieta que mantiene dividido y paralizado al Congreso de la Nación, si se logra avanzar con el tratamiento del proyecto de fortalecimiento de la justicia de esa provincia, que sería aprobado en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados prevista para el 28 de marzo.

Con ese objetivo comenzaron a darse los primeros pasos en la cámara baja, que convocó a una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para el próximo miércoles con la intención de emitir dictamen favorable al proyecto que apunta a dotar con herramientas más eficientes a la justicia federal de Santa Fe para hacer frente al crimen organizado del narcotráfico que se viene manifestando cada vez con mayor intensidad en distintos casos de violencia en esa parte del país.

El proyecto de reestructuración de la justicia santafesina ya obtuvo despacho en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, pero necesita la aprobación de la comisión de Presupuesto para que finalmente pueda ser tratada en el recinto en una sesión que está planificada para el 28 de marzo.

Se trata de una iniciativa presentada por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldada por los diputados santafesinos oficialistas y opositores. El proyecto busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de la violencia vinculada al narcotráfico.

Para eso es necesario que el miércoles próximo la comisión Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, otorgue el respaldo a la iniciativa que obviamente requerirá una inversión del estado nacional en el fortalecimiento del poder judicial santafecino.

Esa reunión de comisión analizará el reciente informe elevado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa. De acuerdo a dicho informe oficial, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente”.

La urgencia que requiere el proyecto frente a la crítica situación del narcotráfico en la provincia pone a prueba la grieta que divide en este momento al Congreso, que no logra establecer un mínimo de acuerdo entre los bloques que le permita organizar sesiones para aprobar las leyes que necesita el país

Esta inactividad parlamentaria se intensifica con la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio que se niega a prestar quórum mientras continúe el proceso de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Pero nadie en el Congreso se hace cargo de la parálisis parlamentaria. Se acusan unos a otros de la falta de acuerdos políticos. Habrá que ver si esta situación tan dolorosa que atraviesa la comunidad santafesina tiene el peso suficiente como para movilizar el trabajo de diputados y senadores.

La idea que por estos días circula en los despachos oficialistas es aprovechar la última semana de marzo que todos los diputados nacionales estarán en la ciudad de Buenos Aires para asistir el miércoles 29 al primer informe de gestión que brindará el jefe de gabinete Agustin Rossi ante el recinto, y organizar la sesión para el día anterior.

Más juzgados para Santa Fe
El proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de Santa Fe que empujan los 18 diputados de esa provincia, que pertenecen a diferentes espacios políticos como el Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo, fue presentado en mayo del año pasado pero al igual que la mayoría de las iniciativas nunca logró avanzar casilleros debido a la inactividad parlamentaria.

Ahora con la herida abierta de la violencia que se muestra a diario en los medios de comunicación, el proyecto en cuestión volvió a tener protagonismo y es posible que logre su media sanción antes de que termine este mes.

El proyecto, entre otras cuestiones, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.

Otro de los artículos establece que la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.

Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.

De esta manera, se podrá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en provincias como Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos que suele mostrarse en las series norteamericanas- divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.

“Este proyecto está destinado a generar la infraestructura para implementar el Código Procesal Penal sancionado en 2014. Este código tiene una efectividad muy grande, en Salta y Jujuy, por ejemplo, los juicios tardan 60 días”, señaló el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

 

El costo económico de la reforma santafesina

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio a conocer la semana pasada el costo aproximado que demandará el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, que será analizado el miércoles próximo por la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según ese organismo oficial “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente”.

De acuerdo al documento difundido por el organismo de asistencia técnica, “el proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen”.

El informe señala que “las erogaciones en personal se estiman en $1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.

“Esta estimación no contempla los gastos que demandaría la eventual aprobación del proyecto, vinculados a los organismos que se conformarán a partir de lo dispuesto: la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse” explica el documento emitido por la OPC.

En resumen, “el gasto en personal estimado en $1.564 millones se vería reducido por los ingresos que generarían los aportes y contribuciones a la previsión social ($432 millones) y por la aplicación del Impuesto a las Ganancias que ingresaría al Tesoro Nacional ($25 millones). De ello resulta un impacto fiscal aproximado de $1.106 millones”, especificó la OPC.

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