El proceso para el juicio político a la Corte calienta el debate en el Congreso

El martes pasado el fiscal federal Carlos Stornelli fue citado por la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, pero no se presentó y pidió declarar por escrito. Los diputados del Frente de Todos, enojados por el faltazo, advirtieron que lo citarán por segunda vez para el próximo martes y que si no concurre analizarán la posibilidad de quitarle los fueros para hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Carlos Ernesto Stornelli está a cargo de la Fiscalía Federal número 4, ubicada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, y fue citado como uno de los tantos testigos que están concurriendo a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación, que investiga por mal desempeño a los cuatro jueces que integran la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La citación al fiscal Stornelli obedece a que en la última reunión de la comisión parlamentaria, a fines de febrero, el juez Sebastián Ramos dijo que archivó la causa que investiga los sospechosos chats entre el secretario de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y el desplazado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, basándose en las recomendaciones del fiscal federal.

Por eso, los diputados decidieron citar a Stornelli, pero el fiscal no concurrió personalmente al Congreso de la Nación el martes pasado y envió una solicitud en la que pidió declarar por escrito. Ese pedido fue rechazado por la diputada entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard, que advirtió que “Stornelli fue citado para el próximo martes 14 de marzo y si no comparece y es testigo reticente deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

Con esa advertencia, los diputados oficialistas elevaron la temperatura política del parlamento y se generó la polémica sobre si ese ámbito tiene o no facultades para pedir el desafuero de un fiscal federal para hacerlo comparecer por la fuerza ante el Congreso de la Nación. En ese sentido, el vicepresidente de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, planteó que el reglamento estaba “desfasado absolutamente de la legislación” y que por una cuestión de “decoro e investidura” el fiscal tiene la facultad de declarar por escrito tal como lo solicitó.

Debate abierto
La presidenta de la comisión de Juicio Político Carolina Gaillard destacó que desde el Congreso de la Nación se enviaron cédulas de citación al fiscal Stornelli y también al procurador interino Eduardo Casal.

La diputada Gaillard también dijo que “el fiscal Stornelli le pidió a Casal autorización para declarar por escrito apelando a un artículo de la ley del Ministerio Público Fiscal, pero el procurador le habría contestado que dicho artículo es inoponible dado que la comisión de Juicio Político no es un tribunal ordinario. Esta comisión no es un tribunal, no procede esta excepción”. En ese punto, el diputado López explicó que “el fiscal Stornelli ha dicho que presta declaración por lo que no podía ser considerado como reticente a declarar. Sólo que pide hacerlo por escrito. Es decir, no se está negando a testimoniar”.

Seguidamente el diputado López también advirtió que “el reglamento ha quedado absolutamente desfasado de la legislación. Otorga prerrogativas al presidente, vicepresidente, los gobernadores y vicegobernadores, pero no otorga las mismas prerrogativas al resto de los funcionarios de igual jerarquía del resto de los poderes”.

Por ese motivo, el diputado opositor explicó que “por un principio de igualdad, el resto de los funcionarios de igual jerarquía, como en este caso el fiscal Stornelli, deberían hacer uso de esta prerrogativa de poder declarar por escrito”.

El que respondió al legislador opositor fue el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien dijo que “sólo los trasnochados que desprecian la democracia pueden pensar que los magistrados y magistradas de nuestro país no deben rendir cuentas a la sociedad. Esta es la única manera que tenemos constitucionalmente para juzgar a los jueces”.

Por su parte, la diputada del Pro Silvia Lospennato, cuestionó a la presidenta de la comisión de juicio político Carolina Gaillard por adelantar la decisión “tomada de forma unilateral de ir a buscar por la fuerza a Stornelli” en caso de que se ausente por segunda vez a la comisión.

“Es una decisión de la diputada Gaillard pero no de toda la comisión. Nosotros creemos que la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a testificar. Simplemente está haciendo uso de una prerrogativa de declarar por escrito” aclaró Lospennato.

El Senado continúa sin sesionar desde noviembre

A pesar del inicio de las sesiones ordinarias y de una abultada lista de proyectos que necesitan ser aprobados por el Senado para ser leyes, la cámara alta que preside Cristina Kirchner sigue sin convocar a sesiones y con escasa o nula actividad en las comisiones.

La última sesión en el Senado fue el 16 de noviembre del año pasado. Durante el periodo veraniego de sesiones extraordinarias no hubo ni una sola sesión y por eso por ejemplo no lograron ser leyes dos cuestiones de fuerte impacto social: la ley Lucio para prevenir el maltrato a niños y adolescentes y la ley de alcohol cero.

“La oposición no se quiere sentar a dar quórum” es la respuesta que dan los senadores oficialistas cuando son consultados sobre por qué motivos no hay sesiones. Y esto se debe a que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dispuso que los legisladores de sus interbloques no darán quórum en las sesiones hasta tanto persista el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Además de la ley Lucio y de la ley Alcohol Cero también hay una larga lista de proyectos que ya tienen la media sanción de la Cámara de Diputados y que esperan ser tratados y convertidos en ley por el Senado. Entre ellos se destacan el reintegro impositivo para la adquisición de taxis; una propuesta que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias; y un proyecto de ley de reconocimiento como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina.

También se encuentran en esa lista de pendientes la iniciativa para flexibilizar los requisitos para obtención del Certificado Único de Discapacidad; un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; y una reforma a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.

Con media sanción aguardan además dos iniciativas vinculadas al mundo deportivo: una para crear un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte; y otra para la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y discriminación en asociaciones civiles deportivas.