Amenaza a Messi: incautan celulares a detenidos tras los allanamientos a las cárceles federales

La escalada de violencia en Rosario no es una novedad, pero el tenor que tomó este año gravitó en las más altas esferas de la política y, este jueves, en el principal referente mundial de fútbol: Lionel Messi. Por eso, tanto el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, avanzan en la toma de medidas urgentes. Una de ellas fue, desde la mañana del viernes, el allanamiento que realizó la Policía Federal (PFA) en cárceles federales, donde están detenidos los líderes del narcotráfico.

La fiscal federal de Rosario Paula Moretti y su par Diego Iglesias, representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solicitaron los allanamientos y puntualizaron en el tránsito de la condena de Ariel Máximo Cantero, alias Guille, líder del grupo de crimen organizado Los Monos. En su solicitud, se ordenó que Cantero sea aislado de otros detenidos que se encuentren alejados en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Luis Schiappa Pietra, fiscal de los allanamientos, fue entrevistado por el canal de noticias C5N y confirmó la incautación de los teléfonos celulares en los tres centros de detención. "Semanalmente se hacen requisas y secuestros de celulares. Hay un flujo de ingreso de teléfonos celulares a las cárceles que es un papelón y una vergüenza. Obviamente hay una connivencia allí de parte del sector del Servicio Penitenciario que son, a lo menos, negligentes", sostuvo.

"En Rosario tuvimos 285 homicidios el año pasado y esto no se explica sino por las lógicas criminales que le dan sustento y condiciones de posibilidad: un mercado de drogas grande y unas periferias barriales que se disputan esos puntos de venta", indicó el fiscal y consideró que "tenemos personal penitenciario muy vetusto y muy poco preparado para la complejidad criminal que tienen países como Argentina".

El allanamiento, a cargo del Departamento Inteligencia del Crimen Organizado y la Policía Federal Argentina, se extendió a las cárceles federales de Ezeiza y Rawson y tuvo como objetivo detectar cualquier indicio de connivencia entre los detenidos vinculados al narcotráfico y los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal. En ese sentido, se les sustrajeron los teléfonos celulares a los presos, así como también documentación y anotaciones que permitan extraer indicios de si aún operan desde la cárcel.

Los funcionarios del Ministerio Público también pidieron que “se disponga un control estricto de las comunicaciones telefónicas que pueda mantener a través del teléfono de línea fija de acceso público de los internos, mediante el cual, garantizándose en su totalidad la privacidad de las conversaciones, se pueda conocer los abonados telefónicos y las personas con las que se comunica, estableciéndose a su vez un horario y tiempo de establecimiento de llamadas razonables”.

En el Penal de Rawson, de Máxima Seguridad, se habrían detectado pasadizos y aberturas, que posibilitarían la comunicación interna y el intercambio de objetos sin control entre los pabellones en donde están alojados los detenidos.