Perimetrales y botones de pánico, bajo la lupa

El último miércoles por la noche la violencia más extrema contra la mujer volvió a sacudir a la provincia de Misiones. Natalia Castro (41) fue asesinada por su ex marido en un motel de Posadas en el que estuvieron ocho horas. El presunto agresor, Mario Maidana (42), permanece internado luego de intentar suicidarse y se espera su recuperación para que sea indagado por el hecho.

Según se reconstruyó hasta el momento, Maidana había atacado con una botella de cerveza a Castro, provocándole un corte en el cuello. Después procedió a su ahorcamiento. El encargado del establecimiento descubrió el hecho cuando fue a avisarles que ya se estaba por cumplir su hora, instancia en que notó que el asesino tenía las manos manchadas.

Llamó al 911 y cuando una comisión policial llegó al sitio, el hombre también estaba inconsciente en el piso.

Lo primero que concluyó la investigación fue que eran clientes habituales del lugar y que siempre llegaban caminando. Con el correr de las horas, los antecedentes de violencia emergieron y se pudo establecer que la Justicia había determinado una restricción de acercamiento debido a una conflictiva separación. La medida era de septiembre del año pasado y regía hasta marzo de este año.

Ayer, la hija de ambos, Angie, declaró que su papá siempre "maltrataba y golpeaba" a su mamá y que hace un año se habían separado. "La amenazaba, le decía que la iba a matar a ella y después se iba a matar él. 'No juegues con fuego', le decía", narró.

Aseguró que creció en un contexto de violencia al señalar: "Él nos arruinó la infancia a mi hermano y a mí y ahora nos arruinó la vida arrebatándonos a mi mamá".

En este último encuentro, según declaró la joven al diario Perfil, Maidana la había convocado porque supuestamente ganó la lotería y le iba a dar dinero de ese premio.

"Mi mamá era ama de casa, buena madre, que aguantó humillaciones: no la dejaba salir ni a comprar, no la dejaba trabajar y le mezquinaba una galletita. Sufrió mucho y todos saben lo buena que era, nunca le hizo nada a nadie. A los 40 años se separó, cansada de tanto maltrato. Mi papá nunca quiso que ella fuera feliz", mencionó.

Ante estos casos, una de las primeras consultas que surgen es si las medidas como la restricción de acercamiento, sobre todo en los casos de violencia de género, son efectivas a la hora de proteger a la víctima y si el agresor se inhibe de seguir ejerciendo violencia física, amenazar u hostigar.

En este contexto, El Territorio buscó indagar en cómo funcionan las medidas restrictivas y cuáles son los pasos que sigue la Justicia ante un hecho de violencia. Para este informe se consultó con diferentes profesionales a nivel nacional y se indagó en el funcionamiento de los organismos que luchan contra la problemática en Misiones.

Lo primero que hay que saber es que la Justicia puede disponer de una orden de restricción en cualquier etapa del proceso penal. Los casos son diarios y muchos, por lo que se debe hacer una evaluación de cada uno de ellos para trazar las medidas de protección a la víctima.

Se puede disponer de un botón antipánico, de la instalación de una aplicación en el celular que tiene la misma función o en menor medida de un dispositivo dual, que consiste en un botón para la víctima y una tobillera para el agresor. En la actualidad hay asignados más de 500 dispositivos en toda la provincia, según confirmó  la comisario María Eugenia Acuña, jefa del Departamento de Monitoreo de Dispositivos Judiciales para Protección de Víctimas.

Sin embargo, muchas veces sólo se procede a la notificación de la medida, con la advertencia de que si se repite o se descubre que incumplió, volverá a ser detenido.

"Cuando alguien está dispuesto a matar, no hay dispositivo que lo detenga", expresó un funcionario judicial consultado por los casos en que la medida es sólo testimonial y terminan en un femicidio o intento de femicidio. 

También se describió una situación que por diferentes motivos se repite: los involucrados se vuelven a ver por voluntad propia, como pasó con Maidana y Castro y como se reconstruyó habría ocurrido antes del intento de femicidio de Villa Bonita, ocurrido el 23 de diciembre del año pasado.

Incluso en varias oportunidades los protagonistas se acercan a la dependencia judicial y manifiestan que las cosas no ocurrieron como se denunció o relató en primera instancia. Esto casi siempre está motivado por la vulnerabilidad de la víctima, que tiene dependencia económica, que no tiene lugar donde vivir ella sola o con sus hijos.  

Sin embargo, la política en general de los juzgados es seguir con el trámite normalmente y tomar las medidas correspondientes, como la confección de informes socioambientales o la contención de las denunciantes. Se le vuelve a dejar claro al imputado que estará incurriendo en un delito y podría ser detenido, como ocurrió con el arquero de Guaraní Rodrigo Ríos, quien requirió una presencia policial en su casa y en esa instancia la Policía descubrió que estaba con su pareja, a quien había atacado brutalmente y sobre quien tenía una orden de restricción de acercamiento.

En estos casos el incumplimiento de una orden judicial recae sobre el Juzgado en turno, aunque tiene repercusiones en el expediente original.

La importancia de prevenir y denunciar; el reclamo por el seguimiento de los casos y por una buena contención por parte del Estado;  la contención de las víctimas y el alentador compromiso de la sociedad son algunas de las conclusiones luego del completo repaso sobre la respuesta a las víctimas de violencia de género. Pase, lea, comparta y debata. 

Informe de domingo

Las respuestas a la violencia de género

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Amenazas, denuncias y perimetral vigente

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