"El fallo de la Corte es incongruente y de imposible cumplimiento", aseveró el presidente

El presidente Alberto Fernández consideró que a partir del fallo "estamos enfrente de un choque de poderes" porque el máximo tribunal "logró lo increíble", en referencia al hecho de que una resolución "contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo", al tiempo que calificó de "inédita, incongruente y de imposible cumplimiento" la decisión del máximo tribunal. 

Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal

"La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación", planteó.

Además, el mandatario sostuvo que el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los fondos coparticipables es "muy singular" y "imposible cumplimiento".

"Lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder, y que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia", señaló el mandatario en declaraciones al canal C5N, replicadas luego por Télam.

El mandatario expresó que las leyes sancionadas por el Congreso "se deben cumplir", después de que el Gobierno anunciara que recusará a los jueces de la Corte Suprema que fallaron en contra de una normativa del Poder Ejecutivo en el diferendo con la ciudad de Buenos Aires por fondos coparticipables.

"¿Cómo es que se suspende sólo para el Poder Ejecutivo?", se preguntó el mandatario sobre la resolución del máximo tribunal, y añadió que la norma en cuestión "no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad".

Fernández sostuvo que "más allá" de que quiera cumplir con el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, debe enviar una ley al Congreso que "resuelva un nuevo presupuesto" que establezca "de dónde vamos a sacar los fondos", y en ese caso si es con "impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento".

Señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad" pero el Gobierno "no tiene la menor idea" de por qué "llegaron a ese cálculo" y afirmó además que "ese dinero no está en el presupuesto nacional".

El respaldo de los gobernadores

El Jefe de Estado explicó que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación "lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos".

"La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias", señaló.

Por otro lado, Fernández afirmó que "no sabe" si el objetivo del fallo es financiar la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero estimó que, al resolver de esa manera, el máximo tribunal "lo va a lograr".

El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".

"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.

El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto el miércoles por el alto tribunal.

El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Esas provincias "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación" y para que soliciten la revocación "in extremis" de la resolución cautelar, según el documento.

Qué dice el fallo de la Corte

El fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) ordena al Gobierno Nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.

El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.

La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la ciudad.

De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.

En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.

"En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016", recordó el Gobierno en el documento firmado hoy.

El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.