Causa Vialidad: disponen pena de 6 años e inhabilitación a Cristina, que podrá apelar en instancias superiores
El Tribunal Oral N° 2 condenó, en el marco de la causa vialidad, a Cristina Fernández de Kirchner a una pena de seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por otro lado, Julio De Vido, Santiago Kirchner y Claudio Abel Fatala fueron absueltos. Además, a los culpables se les dispuso un decomiso de 84.835 millones de pesos.
Se trata de una sentencia en primera instancia, por lo que no es de ejercicio inmediato, ya que los sentenciados podrán apelar a instancias superiores, como son las Cámaras de Apelación y luego la Corte Suprema de Justicia. El 9 de marzo se leerán los fundamentos de la sentencia.
Las condenas, una por una
Cristina Kirchner 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarla participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Julio De Vido absuelto
José López 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Nelson Periotti 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Lázaro Báez 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Claudio Abel Fatala absuelto
Raúl Osvaldo Daruich 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Héctor Jesús Garro absuelto
Juan Carlos Villafañe 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Raúl Gilberto Pavasi 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Jose Raúl Santibáñez 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Carlos Santiago Kirchner absuelto
Mauricio Collareda 4 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por considerarlo participe necesario administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Para todos los condenados: 84.835.000.000 decomiso en 10 días hábiles desde que quede firme.
Los 3 años que duró la causa
El juicio por denuncias de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena, según indica el sitio de noticias de la agencia Télam.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado. La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra. En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
