La desaparición de cocaína develó “graves falencias de control policial”

Transcurridos dos años y tres meses de la desaparición de un kilo de cocaína de la Seccional Tercera de Oberá, hasta el momento la Justicia Federal no logró establecer las responsabilidades del caso y todo hace prever que los imputados serían sobreseídos.

A pesar de la gravedad del hecho, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat, no logró probar la autoría material, ya que en el lugar no había cámaras ni se registraban los ingresos, por lo que dictó la falta de mérito para los doce imputados -nueve policías y tres civiles- respecto a la sustracción de la droga.

En paralelo, cinco policías fueron procesados y serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por su parte, la fiscal Viviana Vallejos apeló la citada falta de mérito y la causa fue elevada a la Cámara Federal de Posadas, donde aún permanece a la espera del dictamen.

De todas formas, como oportunamente indicó Gallandat, las falencias detectadas fueron tantas que impedirían determinar quién y en qué momento extrajo la cocaína.

Lo cierto es que el personal de “la División de Toxicomanía (hoy Drogas Peligrosas) estaba a cargo de la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que requería adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”, señaló el magistrado.

En ese sentido, concluyó que “existieron al menos las siguientes falencias: no existía una guardia constante en el depósito, no fue designado un responsable directo del depósito, la llave estaba al alcance de cualquiera de los agentes de la División en un lugar de fácil acceso en sus oficinas, se podía ingresar de la Seccional Tercera al depósito por la parte del estacionamiento o garaje sin ser visto”.

Control aleatorio

Aunque parezca inverosímil, a la largo de la instrucción se probó que no había ningún registro ni se dejaba asentado el ingreso al depósito de forma alguna ni en el libro de novedades de la División Toxicomanía ni en la Tercera.

Tampoco se colocaban fajas de seguridad, no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas; ni siquiera había un procedimiento o normativa escrito o verbal que de manera clara estableciera un protocolo de ingreso o las medidas de seguridad que debían cumplirse para ello.

Por otra parte, se corroboró que “el inventario de los elementos secuestrados en custodia era maleable, modificable e inseguro. Además, el control físico era aleatorio y sin una planificación o frecuencia constante, no se hacía seguido (se habría realizado sólo dos veces) y no era pautado o especificado cuándo se haría ni de qué manera”.

Para colmo, varias personas tenían la llave de ingreso a la oficina de Toxicomanía, que se ubicaba a tres kilómetros de la Tercera, lo cual permitía acceder y manipular las llaves del depósito.

“La enumeración de la cantidad de medidas que podían haberse tomado y no se tomaron, habla con claridad de que el control fue muy deficiente, detectándose groseras fallas en la seguridad del depósito, lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar, con el consecuente perjuicio a la institución policial, al Poder Judicial y a la sociedad toda”, expresó Gallandat al respecto.

Dos en disponibilidad

Con relación a los implicados, continúan apartados de sus funciones quienes se desempeñaban como jefe y segundo a cargo de la División Toxicomanía.

Como contrapartida, el pasado 30 de junio la Jefatura levantó la situación de disponibilidad que pesaba sobre otros tres funcionarios, quienes de esa forma volvieron a vestir el uniforme.

Se trata de tres suboficiales, dos hombres y una mujer, quienes fueron designados a las jurisdicciones de San Antonio, San Pedro y Bernardo de Irigoyen.

En cambio, quienes continúan en disponibilidad por el mismo caso son el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo, respectivamente, de la desmantelada División Toxicomanía.

Los cinco citados fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el juez Gallandat, al tiempo que les dictó la falta de mérito por la sustracción de la droga, como se explicó en párrafos anteriores.

De todas formas, a nivel institucional la situación de los dos oficiales aparece mucho más complicada por el rango que ostentaban, por lo que continúan en disponibilidad.

Tampoco es menor otro dato: ambos fueron juzgados el año pasado en el marco del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), hallado muerto en una celda de la Seccional Primera de Oberá el 27 de abril de 2011.

Si bien en aquel juicio el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B. fueron absueltos por el beneficio de la duda, a entender de la Jefatura las sucesivas y graves causas penales en su contra afectaron sus legajos y serían dados de baja de la fuerza.

“Posible impunidad”

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del 2020 y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo.

En el fallo de procesamiento dictado por Gallandat se dejó constancia que “los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.

En cuanto a las responsabilidades, se precisó que los agentes procesados son el ex jefe y el ex subjefe de la ex División Toxicomanía de Oberá en su carácter de máximas autoridades a cargo de la dependencia.

La medida también alcanza a un suboficial -tercero en la cadena de mando con casi 15 años de servicio en la dependencia- y dos subalternos que pocos días antes de detectarse el faltante ingresaron al depósito sin anunciarse en la guardia de la comisaría y sin estar acompañados por los jefes de la División, detalló el dictamen.

Origen de la droga y fuga

La cocaína desaparecida pertenecía a un lote de 4,213 kilos secuestrado en septiembre del 2019 en Campo Viera, procedimiento que incluyó la detención de Luis L. (51), quien luego fue beneficiado con prisión domiciliaria y se fugó.

Tampoco se descarta que Luis L. haya contado con algún tipo de cobertura que favoreció su escape, ya que la Policía de Misiones era la encargada de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

El implicado fue detenido en Campo Viera, tras lo cual permaneció internado dos días en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo la domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja y una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado. Llamativamente no usaba con tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal, al extremo que logró fugarse.

Penas atenuadas para los uniformados

Con relación a las posibles penas, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público establece una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.

En tanto, el pasado 28 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas notificó a las partes que no hizo lugar a los recursos de apelación, por lo que confirmó el procesamiento de los citados. El dictamen lleva la firma de los camaristas Mario Osvaldo Boldu y Ana Lía Cáceres de Mengoni.

Con relación a la apelación de la defensa de Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B., para la Cámara no es un dato menor el rol jerárquico que ostentaban, ya que eran el jefe y segundo a cargo, respectivamente.

“De las declaraciones prestadas por los imputados y testigos, se advierte que el oficial L. no concurría con frecuencia al depósito, evidenciando una omisión y falta de interés. Que en coincidencia con lo señalado por el juez, se observan irregularidades en el manejo de los registros”, indica el dictamen.

Dicha irregularidad “generó la imposibilidad de establecer con certeza cuántos fueron los ingresos del personal al depósito de estupefacientes, quiénes ingresaron, así como el motivo de ese ingreso, las fechas, si se dieron cumplimiento a medidas de seguridad, entre otra información relevante para la presente causa. Deficiencias que no podían desconocer el personal a cargo, en especial las máximas autoridades de la división”.