Apelaciones definió el juez para la causa por el crimen de Diego Pimentel

La investigación por el crimen de Diego Pimentel (31), ocurrido el 15 de abril de este año, podría salir finalmente de su letargo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones por el orden de subrogación. Según pudo saber El Territorio en base a sus fuentes, los jueces de alzada definieron que sea la jueza Miariangel Koziarski quien continúe con el proceso, ratificando la negativa de las autoridades del Juzgado de Instrucción de San Vicente.

Pimentel fue acribillado por Adilson Zang (33), en el barrio Obrero, de Bernardo de Irigoyen, frente a la casa del acusado, un brasileño domiciliado hace muchos años en el país. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del hombre, quien pese al paso del tiempo esperaba detenido la determinación de algo tan elemental como el juez instructor.

Un repaso para explicar la burocracia judicial que derivó en esta demora: sobre Bernardo de Irigoyen tiene jurisdicción el Juzgado de Instrucción de San Pedro, por lo que ante el suceso se dio intervención al juez Ariel Belda Palomar. Entonces el magistrado y sus secretarios citaron para declaración a indagatoria a Zang para el 20 de abril.

La audiencia se concretó en horas del mediodía de ese día, instancia en que el acusado designó como su defensor al reconocido abogado posadeño Hugo Zapana. Esto, según detallaron entonces fuentes del caso, motivó el apartamiento del Belda Palomar, quien adujo una relación de amistad y respeto con Zapana.

Por el orden de subrogación que regía entonces, quedó al frente de la causa Koziarski, titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia local.

El proceso siguió con algunas medidas de rigor, pero poco tiempo después la magistrada envió el expediente al Juzgado de Instrucción de San Vicente, considerando que ellos eran quienes tenían que hacerse cargo de la investigación.

Se ajustó a la acordaba 81 del Superior Tribunal de Justicia, que modificó “el Régimen de Subrogancias de los Jueces de Primera Instancia y de los Ministerios Públicos de Primera Instancia, Fiscales y Defensores de los distintos fueros”, según señala el documento.

Esta acordada tiene fecha el 27 de abril, es decir, doce días después del crimen y una semana luego de la inhibición del juez de instrucción inicial. De todas formas se señala en el cuarto acuerdo que “la presente Acordada comenzará a regir el 10 de junio de 2022; se incorpora como parte integrante de la misma, el Anexo con el nuevo orden de subrogación”. Es decir, no empezó a regir inmediatamente.

Fuentes del proceso señalaron a El Territorio oportunamente que tanto el fiscal Rodolfo Cáceres como las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco, rechazaron la determinación de la jueza Koziarski. A grandes rasgos, argumentaron que la mencionada acordada no podía aplicarse “retroactivamente”.

Ante este conflicto, todo se remitió a la Cámara de Apelaciones, que definió que sea Koziarski quien continúe con la pesquisa, confirmando la decisión de las autoridades de San Vicente. Según pudo reconstruir este medio, las partes fueron notificadas el último viernes y el principal argumento es que la magistrada ya había realizado los actos procesales.

“Ya había asumido jurisdicción y competencia, apartarla sería violación del principio constitucional de juez natural”, dijo un voz con acceso al expediente.

La investigación y el proceso
La investigación llevada adelante por la Policía de Misiones enmarca el crimen como uno de tantos ligados al contrabando de vinos en la frontera seca, al igual que los de Juan María López (50) y Rafael Antúnez de Olivera (45), ocurridos en mayo y noviembre del 2021 respectivamente. Esos hechos se tramitan en el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo de Belda Palomar.

Sin embargo, como se dijo, en el asesinato de Pimentel no actuaron asesinos a sueldo en motos que luego desaparecieron en la frontera, sino que todo se generó a partir de un reclamo por la desaparición de un pasero de la mercadería, Maximiliano Pimentel (21), cuyo paradero aún se desconoce.

Se reconstruyó que ese Viernes Santo, Diego, el tío de Maxi, se dirigió a la casa del presunto jefe de este último, Zang. Allí, arma en mano, le exigió saber dónde estaba el joven, lo golpeó en la cabeza y le gritó mientras el papá del ausente miraba desde el asiento del acompañante de una camioneta.

Los reclamos siguieron hasta que Zang, por circunstancias en las que la Justicia deberá determinar, esperó que Diego se aleje del portón de su vivienda, sacó su propia arma y abrió fuego.

Diego Pimentel recibió diez impactos de bala que irremediablemente lo llevaron a la muerte.

Adilson esperó a la Policía de Misiones y desde entonces permanece en prisión.

Desde la defensa -que con el correr del tiempo abandonó el caso- solicitaron en varias oportunidades la prisión domiciliaria e incluso la familia de Zang alquiló un departamento en el centro de Posadas ante la negativa por argumentos de riesgo de fuga si se establecía nuevamente en Irigoyen.

Además, una prueba clave del proceso son los videos de las cámaras de seguridad de la casa del brasileño, que fueron entregados a la Justicia. Los defensores pidieron en más de una oportunidad que se incorporen al expediente.

Zang está acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En su indagatoria declaró que esa noche recibió a Pimentel en su casa sabiendo que le iba a preguntar por Maximiliano, quien según reconstruyó la investigación, trabajaba para él en el contrabando de vinos.

La conversación no fue nada amistosa. “Te voy a matar a vos y a tu familia y después voy a prender fuego tu casa”, describió que le dijo Diego Pimentel, quien luego le golpeó con el arma que tenía en su poder.

Amplió que buscó mantenerse tranquilo porque estaban sus familiares en la casa, pero que empezó con los disparos porque desde la camioneta de Pimentel - cuando éste estaba volviendo- le gritaron “matalo, matalo” , por lo que temió por su vida y la de sus cercanos.

Aclaró que la víctima también disparó y que en su muro y portón quedaron los rastros de los disparos, algo que confirmó El Territorio cuando estuvo en el sitio. Para reafirmar su postura dijo que los familiares del hombre al que dio muerte viven muy cerca del lugar y estaban merodeando la zona.

La familia de Pimentel, en tanto, se movilizó en varias oportunidades pidiendo el esclarecimiento de la desaparición de Maximiliano y justicia por el crimen de Diego. Sin embargo, en ninguno de los dos hechos hubo avances de peso.

En cifras

10 Diego Pimentel (31) recibió diez disparos de arma de fuego según determinó la autopsia llevada adelante por el Cuerpo Médico Forense.