Cuestionan accionar de un juez por un desalojo

Damnificados por desalojo y con asesoramiento legal, cuestionaron la forma en que actuó el juez penal de Posadas Marcelo Cardozo.

La denuncia al titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de la ciudad capital se hizo de forma conjunta entre el abogado Marcelo Subizar y tres damnificados de un desalojo, ocurrido en marzo de este año, en Garupá: Migue Ángel Meza, Mari Barboza y José Alegre Da Silva.

Según explicó el letrado a El Territorio, dicho magistrado, “con la finalidad de despojar a los ciudadanos de sus hogares treintañales” se irrogó una competencia que no le correspondía en la causa de desalojo, al ser un juez penal.

Cabe resaltar que para que proceda el tipo penal de usurpación, debe mediar violencia o intimidación, lo que según remarcan los desalojados no fuera aseverado por parte de quien denuncia la supuesta intrusión.

Por eso, los denunciantes aducen que Cardozo “fabricó” un expediente para ordenar una supuesta restitución provisoria, que tampoco fuera solicitada en la denuncia.

“Pero, he aquí su malicia, requirió verbalmente a las Fuerzas de Seguridad que destruyan las casas sobre el predio. Teniendo el control sobre los hechos, se aseguró la indefensión de las victimas desoyendo las presentaciones de aquellos mientras les destruían las casas”, recalcó Subizar.

En ese sentido, según sostienen los denunciantes, “para cubrir sus huellas impidió la vinculación al expediente del doctor Subizar (defensor de las victimas) por cuatro meses. La Cámara revocó la resolución decretando la nulidad absoluta de dicha resolución fraudulenta pero el juez (como tampoco otra persona) no se hizo cargo de reparar los inmuebles que mandó destruir”.

“Es evidente la diferencia entre lo consignado en la resolución de desalojo y la orden verbal que le hiciera al comisario de destrucción masiva quien, sorprendido le solicitó en sendas oportunidades confirmación de la destrucción, lo que obra en las actas policiales”, explicó Subizar al respecto.

Asimismo, los denunciantes afirmaron que el juez ordenó telefónicamente la destrucción de las viviendas para sustraerse a cualquier contralor.

En tanto, de acuerdo a lo que expusieron, el magistrado dispuso en el expediente disponer el reintegro provisorio, “porque estaba aún en trámite”. Por eso se preguntó el abogado “cómo se le ocurre ordenar la destrucción de las propiedades y qué norma otorga facultades a la Policía de Misiones a destruir viviendas sin una orden judicial concreta, pero justamente la falta de precisión de la resolución, luego nulificada tenía por finalidad que, para el caso que saliera mal, fuera el comisario el abusivo”, sostuvieron.

 En la presentación conjunta del abogado y los tres desalojados, se explica puntualmente que se encuentran facultados como ciudadanos del pueblo de Misiones a hacer una denuncia de este tipo que fue realizada con carácter de concurrentes conjuntos e indistintos.

Se habla también de “atropello y desidia” por parte del magistrado para con los desalojados debido a la destrucción de las viviendas.

Por todo lo previo elevaron  denunciado ayer contra el citado juez  y se solicitaron iniciarle jury (o jurado de enjuiciamiento) en los términos del artículo 158 del la Constitución Provincial de Misiones y artículo 15 de la Ley IV Nº 24,  por falta de cumplimiento en los deberes correspondiente a su cargo.