Libros, bibliotecas y censuras en la Argentina hispánica

El libro, y con ello el gusto por la lectura, estuvo presente desde un comienzo en la vida rioplatense. Es sabido, por ejemplo, que don Pedro de Mendoza, fundador del definitivo asentamiento de Buenos Aires en 1536, traía en su equipaje obras de Virgilio y Erasmo. Pero la existencia de libros fue muy escasa en un inicio y sólo vinculada a determinadas personas para su solaz o su labor jurídica o pastoral. Solo el tiempo y la creación de instituciones permanentes harán que los libros circulen y se difundan en las distintas ciudades rioplatenses.
En un inicio existieron bibliotecas privadas y bibliotecas institucionales, generalmente en las casas religiosas para la formación en la fe. La más conocida y sin dudas la de mayor caudal bibliográfico fue la del Colegio Máximo de Córdoba de la Compañía de Jesús, que llegó a poseer más de 12.000 volúmenes en 1757. Otras bibliotecas de importancia existieron en los colegios jesuíticos de Buenos Aires, Santa Fe o Salta. En las Misiones Jesuíticas, la biblioteca de Candelaria, según el inventario realizado después de la expulsión de los sacerdotes, fue, por lejos, la más rica en volúmenes de toda la provincia religiosa. Sumaba 3216 volúmenes. Si se contabilizan los libros que existían en las moradas de los sacerdotes, superaban los 3700.

El primer antecedente de una biblioteca pública en sentido actual se remonta a 1767,  cuando el conde de Aranda, uno de los responsables de la expulsión de los Jesuitas en España, sugirió que las bibliotecas expropiadas a los Jesuitas se facilitaran en Buenos Aires a quienes se interesaran por su lectura. La Junta Gubernativa en 1810 dispuso la creación de la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional, con los libros dejados por el obispo Manuel Azamor y Ramírez quien en 1796 donó al Cabildo de Buenos Aires su colección bibliográfica para que con ella se formara una librería pública que sea de utilidad a la misma Iglesia y fundamentalmente para el fomento de las ciencias.

La impresión de libros en España estaba sujeta a una previa licencia real. Los que no la tenían eran prohibidos. En el Río de la Plata la censura estuvo a cargo del Tribunal del Santo Oficio de Lima, creado en 1569. Los responsables del proceso eran jueces comisarios designados por el Tribunal. El reconocimiento y requisa de los libros prohibidos se hacía a través de inspecciones a bibliotecas públicas y privadas. Los títulos prohibidos se los daba a conocer a través de edictos leídos o colocados en las puertas de las iglesias. En cuanto a los impresos, las leyes facultaban a los prelados, audiencias y oficiales reales para reconocer y requisar los libros prohibidos. La información sobre ellos se daba a conocer a través de edictos leídos o colocados en la puerta de las iglesias de las principales poblaciones. La nómina de obras prohibidas se fue ampliando con los años y comprendía aquellas que fueran contrarias a la fe católica, que trataran de nigromancia (rituales satánicos, brujerías) o superstición; que resultaran obscenas o contrarias a la moral; que atentaran contra la honra de las personas o contra las instituciones. En el Río de la Plata ya en la década de 1780 el celo se acentuó sobre todo en lo referente a libros y gacetas de origen francés que cuestionaran la estructura política de la monarquía. Entre ellas, las obras de Montesquieu, Raynal, Maquiavelo, Rousseau, la Enciclopedia y otros autores coetáneos de similar ideología. Pero los libros prohibidos se filtraban burlando los controles. Estos llegaban a los interesados, disimulados en el equipaje, adulterando las listas del contenido de las cajas y baúles de los viajeros que no se examinaban más que superficialmente.

Ante estos controles a las censuras la pregunta que surge es acerca de las sanciones a los que eran sometidos quienes infringieran estas prohibiciones. El caso de Ramón de Rozas, un mendocino doctorado en jurisprudencia, es ilustrativo de lo que ocurría en estos casos. Este se había desempeñado como asesor del gobernador de Chile (1788-1796) y más tarde del virrey del Perú (1796-1801), pero ya en 1780 se lo había denunciado en Mendoza por proferir expresiones impías; denuncia que fue reiterada en 1784 y en 1796, señalándose que éste “manejaba, leía y retenía en su poder las obras de Voltaire, Robertson, Montesquieu y un manuscrito de Abelardo y Eloísa.” En 1798 el tribunal formó la instrucción sumaria y los testigos citados confirmaron lo sustancial de la denuncia, agregando que tenía la Enciclopedia y que además era asiduo participante en tertulias en las que se expresaba con lenguaje libertino, incluso con irreverencia hacia las instituciones eclesiásticas.
Dada la relevancia del denunciado, el tribunal de Lima comisionó a un inquisidor para que expusiera los cargos que existían en su contra y Rozas reconoció haber leído libros prohibidos, aunque adujo que algunos eran prestados y que los entregaría al tribunal. Se dispuso la visita de su biblioteca y el secuestro de algunas obras. Dado que Rozas se radicó en España, el proceso continuó en Madrid. En 1804 fue absuelto aunque reprendido severamente por sus excesos y prevenido de que si reincidía sería preso y castigado con todo rigor, limitándose en definitiva a imponerle solo penitencias espirituales.