Caso Josías: los testimonios que derivaron en la imputación a policías

“Era la media mañana que trajeron al menor, era un guachincito. Un día de lluvia lo trajeron de shorcito y de musculosa, ahí nosotros le dimos ropa, pantalón y un abrigo. Nosotros le dimos un taper con comida. Él estaba esposado por la reja. Entre los calabozos hay un patio y ahí está la reja, no tiene techo, por eso mismo le prestamos la ropa. Estaba solo ahí, estuvo hasta la tardecita esposado por la reja”.

Dicho testimonio fue recpcionado por el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá el pasado 26 de mayo en el marco del expediente que investiga las causas del deceso de Josías Ezequiel Galeano (15), cuyo cadáver fue hallado el pasado 3 de junio en un bañado situado en una chacra de la periferia de la ciudad.

El citado y otros testigos que estaban detenidos en abril declararon haber visto al menor esposado en la Seccional Cuarta.

En consecuencia, a fines de agosto cuatro efectivos de la dependencia fueron imputados por “omisión de hacer cesar o denunciar detención ilegal, falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, severidades y amenazas”.

Se trata del expediente 82819/2022 que tiene como implicados al comisario Javier José María R., al oficial subayudante Jonatan Ariel J., al oficial subayudante Carlos Juniors M. y al cabo Daniel M.

La investigación a los policías se tramita en paralelo a la causa por la muerte del menor, hecho por el que fue procesado con prisión preventiva Andrés Rogelio T. (26).

Vale recordar que en mayo, cuando aún buscaban a su hijo, Carolina Ramírez (32) denunció a efectivos de la Seccional Cuarta por presuntos hechos de violencia y amenazas contra el chico.

Nuevo testimonio

En tanto, el pasado 12 de septiembre el juzgado interviniente recepcionó un nuevo testimonio de una persona que contó que Josías Galeano le manifestó que el oficial Juniors M. le habría propinado golpes mientras se encontraba detenido.

“El Chiqui (apodo del menor fallecido) cayó detenido en la Cuarta un par de horas, ni en el calabozo le pusieron. Allá el oficial M. le pego una piña en el ojo”, se cita en el expediente.

También consta el relato de la madre de la víctima, quien detalló “que el pasado 11 de abril, alrededor de las 11.40, se presenta en mi domicilio un móvil policial con dos policías a quienes identifico como M. Carlos Juniors y M. Daniel, los que exigieron hablar con Josías por el supuesto hurto de un celular”.

“En ese momento Josías se encontraba durmiendo y sus hermanos miraban la televisión, fui a llamarlo y en eso los policías ingresan sin ningún tipo de autorización. El señor Daniel M. lo alza por la fuerza, Josías se agarra de la puerta de la casa y me dice: ‘que no me lleven porque me van a matar’. Mientras se producía el forcejeo el mismo policía me exigía que busque el supuesto celular”, señaló la progenitora.

Dicha patrulla pertenecía a la Seccional Cuarta, por lo que la progenitora llamó por teléfono y le informaron que a las 18 la buscarían “para presentarnos a la Seccional Segunda para que un médico revise a mi hijo. Una vez allí pude ver que este se encontraba golpeado, con moretones en su rostro, piernas, brazos y espalda”.

“Josías alcanza a expresar: ‘viste mami que los policías me pegaron’, a lo cual Daniel M. le responde que es un chorro y que si lo encontraba en la calle no la iba a contar”, agregó.

Solicitud de detención

Por otra parte, en el escrito de constitución como querellante particular en representación de la madre de Josías Galeano, el abogado Axel Demonari hizo hincapié en la figura de dos de los cuatro policías imputados en el expediente paralelo, los mismos que son nombrados en la causa que investiga las circunstancias del deceso del menor.

“No debe dejar de considerar su señoría que testigos afirman haber visto a dos policías a bordo de un Fiat Uno rojo, el cual fue reconocido como el auto particular del señor Daniel M., buscando al menor un día antes de su desaparición, lo cual demuestra la persecución que sufría Josías por estos policías”, subrayó Demonari.

También se refirió a una testimonial del pasado 20 de mayo, en la cual un testigo expresó que la noche previa la desaparición del menor, alrededor de las 21, se encontró con un conocido apodado Kike y observó que “paró un auto rojo Fiat Uno y venían dos tipos con chalecos de Policía”.

“Ellos nunca bajaron del auto, no nos dijeron por qué lo buscaban a Chiqui. Nunca había visto ese auto por el barrio; no sé de quién es ese auto, a Kike le preguntaron si vieron a Chiqui y le dijo que no, que no lo habían visto. Ahí se abrió la ronda y se fueron todos”, agregó en sede judicial.

Por ello, la querella solicitó la detención de Carlos Juniors M. y Daniel M., fundando el pedido en “la gravedad de los delitos atribuidos y el peligro de entorpecimiento del proceso”.

“Si llegaron al extremo de detener a un menor sin causa, a golpearlo y esposarlo en el frío, no es descabellado pensar que lo mismo podría ocurrirles a los amigos de Josías, jóvenes que van a brindar su testimonio durante este proceso”, remarcó el letrado.

Los delitos

Con relación a la imputación que pesa sobre los cuatro policías, un vocero del caso precisó que el delito de falsedad ideológica se funda en que la justicia corroboró que para justificar una detención irregular los uniformados armaron una causa contra Josías Galeano y otro menor, a quienes incluso acusaron de utilizar un cuchillo, aunque luego se certificó la inexistencia de dicha causa. Para ello se entrecruzó información con el Juzgado de Paz de Oberá.

En tanto, a partir del relato de testigos, se corroboró que efectivos de la Seccional Cuarta detuvieron al menor y lo esposaron durante varias horas sin dar parte a su madre.

“Esta situación fue corroborada por varios detenidos que contaron que vieron a Josías Galeano con poca ropa, sólo de short y descalzo, un día de lluvia que estaba esposado a la reja de una celda. El menor pedía por su mamá, pero no le avisaron a ella. En este episodio se inscribe la privación ilegítima de la libertad y las amenazas, porque le dijeron que la próxima vez no la contaba”, precisaron.

Precisamente, en su denuncia Carolina Ramírez declaró que en una oportunidad un policía amenazó a su hijo frente suyo.

También un informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) dio cuenta del relato de detenidos que vieron al menor esposado en la Cuarta.

Los delitos imputados contemplan una pena máxima de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Tras el caso Josías se creó un Cemoas

Un menor de 15 años esposado a la reja de la celda de una comisaría durante horas. El chico lloraba y pedía por su mamá, los policías lo golpearon y amenazaron. Lo habían detenido por una causa en la cual supuestamente salió a robar con un cuchillo, pero luego se determinó que se trató de una causa armada.

De eso se trata, en pocas líneas, lo que la justicia reconstruyó hasta el momento sobre el accionar de efectivos de la Seccional Cuarta de Oberá en perjuicio de Josías Galeano mediante los testimonios citados.

Vale recordar que ante los primeros indicios de violencia institucional intervino la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), organismo que recolectó pruebas y colaboró con el juzgado interviniente.

Pero la tarea de la CPPT no se agotó en el hecho en sí, sino que a instancias del caso Josías propició la creación en Oberá del segundo Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de la provincia.

El espacio fue inaugurado el pasado 18 de agosto, está ubicado en calle Mar del Plata 675 y ahí son dirigidos los chicos con algún conflicto con la ley penal y en situación de consumos problemáticos, a los cuales se les debe brindar una contención interdisciplinaria.

En consecuencia, a partir de la apertura del Cemoas ningún menor debe ser ingresado a una dependencia policial de Oberá. Según el protocolo de actuación, una vez que la fuerza pública hace la aprehensión del menor, el equipo interdisciplinario realiza la admisión, evaluación y contención, para hacer una derivación dentro de las 24 o 48 horas, según la orden judicial. “El objetivo es garantizar el interés superior de todos los niños en el proceso penal”, precisa la norma.