A cinco meses del crimen de Diego Pimentel en Irigoyen, la causa no tiene juez

El último Viernes Santo, 15 de abril, la violencia más extrema ligada al contrabando de vinos afloró nuevamente en Bernardo de Irigoyen. Pero esta vez no actuaron asesinos a sueldo en motos que luego desaparecieron en la frontera, sino que todo se generó a partir de un reclamo por la desaparición de un pasero de la mercadería, Maximiliano Pimentel (21), cuyo paradero aún se desconoce.

Diego Pimentel (31), el tío de Maxi, se dirigió a la casa del presunto jefe de éste último, Adilson Zang (33), en el barrio Obrero de la localidad, que queda a unos 50 metros del límite fronterizo. Allí, arma en mano, le exigió saber dónde estaba el joven, lo golpeó en la cabeza y le gritó mientras el papá del ausente miraba desde el asiento del acompañante de una camioneta.

Los reclamos siguieron hasta que Zang, por circunstancias en las que la Justicia deberá determinar, esperó que Diego se aleje del portón de su vivienda, sacó su propia arma y abrió fuego. Diego Pimentel recibió diez impactos de bala que irremediablemente lo llevaron a la muerte.

Adison, de nacionalidad brasileña pero radicado en Argentina desde hace muchos años, esperó a la Policía de Misiones y se entregó.

Esta semana se cumplieron cinco meses del hecho y hasta ahora el avance de la instrucción se vio interrumpido por la burocracia judicial, al punto que no hay un juez a cargo de la pesquisa. Se aguarda una determinación de la Cámara de Apelaciones de Misiones para definir qué Juzgado deberá hacerse cargo del expediente, que por ahora está en San Vicente.

El problema, a grandes rasgos, se generó por el orden de subrogancia. Sobre Bernardo de Irigoyen tiene jurisdicción el Juzgado de Instrucción de San Pedro,por lo que ante el suceso se dio intervención al juez Ariel Belda Palomar. Entonces el magistrado y sus secretarios citaron para declaración a indagatoria a Zang para el 20 de abril.

La audiencia se concretó en horas del mediodía de ese día, instancia en que el acusado designó como su defensor al reconocido abogado posadeño Hugo Zapana. Esto, según detallaron entonces fuentes del caso, motivó el apartamiento del Belda Palomar, quien adujo una relación de amistad y respeto con Zapana.

Ante esto, por el orden de subrogación que regía entonces, quedó al frente de la causa la titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia local, la jueza Mariangel Koziarski.

El proceso siguió con algunas medidas de rigor, pero poco tiempo después Mariangel Koziarski envió el expediente al Juzgado de Instrucción de San Vicente, considerando que ellos eran quienes tenían que hacerse cargo de la investigación. Se ajustó a la acordaba 81 del Superior Tribunal de Justicia, que modificó "el Régimen de Subrogancias de los Jueces de Primera Instancia y de los Ministerios Públicos de Primera Instancia, Fiscales y Defensores de los distintos fueros", según señala el documento.

Esta acordada tiene fecha el 27 de abril, es decir, 12 días después del crimen y una semana luego de la inhibición del juez de instrucción inicial. De todas formas se señala en el cuarto acuerdo que "La presente Acordada comenzará a regir el 1º de junio de 2022; se incorpora como parte integrante de la misma, el ANEXO con el nuevo orden de subrogación". Es decir, no empezó a regir inmediatamente.

Fuentes del proceso señalaron a El Territorio que tanto el fiscal Rodolfo Cáceres como las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco, rechazaron la determinación de la jueza Koziarski. A grandes rasgos, argumentaron que la mencionada acordada no puede aplicarse "retroactivamente".

Ante este conflicto, todo se remitió a la Cámara de Apelaciones, quienes deberán determinar a qué juzgado le corresponde la investigación. El fallo podría conocerse pronto.
De todas formas, en el tiempo transcurrido hay una familia que, además de buscar a un familiar, exige justicia y un detenido que cree que su situación es injusta.

Al respecto, desde la defensa - que con el correr del tiempo abandonó el caso - solicitaron en varias oportunidades la prisión domiciliaria e incluso la familia de Zang alquiló un departamento en el centro de Posadas ante la negativa por argumentos de riesgo de fuga si se establecía nuevamente en Irigoyen.

Además, una prueba clave del proceso son los videos de las cámaras de seguridad de la casa del brasileño. Los mismos fueron entregados a la Justicia, pero en este caso la demora se dio debido a que especialistas deben determinar su autenticidad, señalaron las fuentes.
Zang está acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En su indagatoria declaró que esa noche recibió a Pimentel en su casa sabiendo que le iba a preguntar por Maximiliano, quien según reconstruyó la investigación, trabajaba para él en el contrabando de vinos.

La conversación no fue nada amistosa. "Te voy a matar a vos y a tu familia y después voy a prender fuego tu casa", describió que le dijo Diego Pimentel, quien luego le golpeó con el arma que tenía en su poder.

Amplió que buscó mantenerse tranquilo porque estaban sus familiares en la casa, pero que empezó con los disparos porque desde la camioneta de Pimentel - cuando éste estaba volviendo- le gritaron "matalo, matalo" , por lo que temió por su vida y la de sus cercanos.
Aclaró que la víctima también disparó y que en su muro quedaron incrustados cinco disparos.y portón quedaron los rastros de los disparos, algo que confirmó El Territorio cuando estuvo en el sitio. Para reafirmar su postura dijo que los familiares del hombre al que dio muerte viven muy cerca del lugar y estaban merodeando la zona.

Un caso clave y la redada a los comercios

Además del homicidio de Diego Pimentel, los crímenes de Juan María López (50) y Rafael Antúnez de Olivera (45), en mayo y noviembre del 2021 respectivamente, también aparecen ligados al submundo del contrabando de vino de primeras marcas a Brasil. Ambos fueron ejecutados por forajidos en moto que huyeron hacia el límite con Brasil, donde desaparecieron.

Estas investigaciones tampoco han avanzado hacia culpables porque, además que los sicarios (por su nulo nexo con las víctimas) tampoco los protagonistas colaboran con la instrucción.

Al respecto, los investigadores coincidieron que el caso Pimentel es el primero en el cual se develó abiertamente una trama ligada a este negocio. De allí la importancia de avanzar con la pesquisa.

En este contexto, el último miércoles la Afip interdictó 1.878 botellas de vino de alta gama e intervino otras 308 botellas por 11 millones de pesos, al detectar irregularidades en la cadena de comercialización de la mercadería y la falta de documentación.

Se trató de un megaoperativo que incluyó a la Policía Federal Argentina ,la Receita Federal de Brasil y funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En la localidad algunos manifestaron que misteriosamente varios comercios aparecieron cerrados justo ese día. "Parecía un feriado", se señaló.

Los controles fueron realizados sobre 11 comercios, empresas de logística y distribución que representan el 30% de los contribuyentes habilitados para la compra y venta de vinos de una zona que posee alrededor de 40 locales del rubro.

Según detallaron desde el organismo, durante el último año en la zona fronteriza se concretaron operaciones por un valor de $2.500 millones, cifra que no tiene correlación con los reales niveles de consumo de la zona ni los volúmenes de exportación declarados.