Reclaman respuestas a la Superintendencia de Salud de Nación y al Andis
Por mes, tratamientos integrales en discapacidad rondan los 90 mil pesos
Al reclamo por la falta de pago a profesionales del área de discapacidad se suma la preocupación de las familias por lo que implicaría perder el acceso a los tratamientos si los prestadores comienzan a cobrar de forma particular. Este panorama no sólo afectaría en la economía familiar y la salud del niño, niña o joven que asiste a las consultas, sino que también tendría un impacto en su socialidad y su inclusión escolar.
Los costos, si los padres debieran afrontar por su cuenta si pierden la prestación de las obras sociales y prepagas, asciende a los 90 mil pesos, estimaron. Esto les genera una gran inquietud.
“Entre madres y padres estimamos cuánto debemos pagar si perdemos la prestación por obra social o prepaga: llegamos a los $90.000 por mes para cubrir las necesidades de tratamiento y hay quienes no podemos cubrir eso”, sostuvo Ariel Armando Horczuk, un papá de Apóstoles que se hizo presente en la movilización que se hizo esta mañana frente a la sede en Posadas, de la Superintendencia de Salud de la Nación, acompañando a los prestadores de salud que no cobran sus haberes desde hace varios meses.
Además, contó: “Mi hijo que está bajo tratamiento integral completo y ahora no se está abonando a los profesionales, entonces tenemos miedo de perder esa prestación. Los profesionales se están arreglando como pueden pero no sé cuánto tiempo van a aguantar, están colaborando con los chicos para que no pierdan su tratamiento”.
Advirtió que los niños y niñas con discapacidad en tratamiento “se acostumbran a un cronograma y si les falta esa rutina y constancia tienen una recaída en su progreso”.
Se cumplen así dos semanas de protestas de manera ininterrumpida en Misiones y en todo el pais. Las obras sociales argumentan que no les fue depositado el Sistema Único de Reintegro (SUR), que liquida el Afip y es canalizado por la Superintendencia de Salud; y desde Nación aseguran que “hubo un retraso que se fue regularizando”. Lo cierto es que en ese cruce de responsabilidades, aun se mntiene vigente la deuda con los prestadores.
Aunque cada tratamiento es específico según el caso, consiste principalmente en consultas de psicología que valen $10 mil mensuales y en sesiones de estimulación temprana y módulos de apoyo de integración escolar desde el área de psicopedagogía, que rondando entre los $45 mil y los $55 mil por servicio. A estos números se agregan la cobertura de alimentos y transporte, sector que se unió al reclamo por la falta de pagos y para actualizar su tarifa.
“Los transportistas que prestan sus servicios llevando a los niños y niñas a sus tratamientos y a las escuelas están pidiendo una suma diferente en cuanto a los kilómetros que recorren, de $150 para que se justifique su trabajo”, comentó Betina Páez, secretaria de discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Prepagas y obras sociales en falta
“Las compañeras que hicieron los tratamientos y las terapias no están cobrando. Todavía están prestando sus servicios, pero de seguir así casi nadie va a poder sostener un consultorio. Es una realidad y el que se va a perjudicar es el niño, niña o joven que está en tratamiento”, puntualizó Betina Páez, secretaria de Discapacidad y miembro de la comisión directiva de la CTA.
En diálogo con este medio, la referente explicó que “esto incide directamente en las escuelas porque sin tratamiento hay una imposibilidad real de que ese chico pueda ser bien integrado a la escuela convencional; algunos están hace seis meses sin cobrar”.
“Las obras sociales no están cumpliendo y mandan a la Superintendencia de Servicios de Salud, que pasa la responsabilidad a la Afip y así se pasan la pelota. En Posadas no hubo una sola mesa de diálogo todavía, no fuimos convocados. Sabemos que el Consejo Provincial de Discapacidad tuvo una reunión la semana pasada pero no fuimos convocados ninguno de los referentes”, interpeló.
A su vez, la referente apuntó que “la responsabilidad es de la Superintendencia, que tiene que controlar a las obras sociales, no está cumpliendo con su función, pero tampoco están cumpliendo el Consejo Provincial de Discapacidad, las escuelas, directivos y supervisores de educación especial y la directora general de la modalidad especial, quienes deberían estar acá acompañando al colectivo que en este momento lucha por sus derechos”.
“Esto debe terminar. Los derechos no deben ser vulnerados y debemos estar en la calle defendiéndolos”, remarcó.
Nomenclador integración escolar
De acuerdo a la Ley Nº 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, los profesionales del área deberían percibir el abono de sus servicios por rol específico de manera mensual, pero hay quienes no cobran desde hace seis meses.
Se trata de unos $39 mil en estimulación temprana correspondientes al mes de junio, con valor actualizado a $49 mil en septiembre. La prestación de apoyo de hace dos meses es de $1.800 y la actual es de $2.300, mientras que los módulos y las jornadas de maestros de apoyo en deuda van de $46.200 y $1.500 en junio a $57.800 y $1.800 en septiembre.
Las rehabilitaciones integrales pueden ser en módulos simples o intensivos, con prestaciones que valían entre $9.800 y $16.300 en junio actualizadas en $12.300 y $20.400 para el corriente mes. Estos tratamientos también pueden realizarse en los hospitales de día con jornadas simples o dobles, que pasaron de $58.800 y $95 mil en junio a $73.500 y $118.900 en septiembre. La internación completa actualmente cuesta $665.5000.
