Imputaron a cuatro policías por delitos en perjuicio de Josías Galeano

El Juzgado de Instrucción Dos de Oberá imputó a cuatro policías obereños por una serie de delitos que habrían sido cometidos en perjuicio de Josías Ezequiel Galeano (15), cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición en un bañado a las afueras de la ciudad el pasado 3 de junio.

Se trata del expediente 82819/2022 que tiene como implicados al comisario Javier José María R., al oficial subayudante Jonatan Ariel J., al oficial subayudante Carlos Juniors M. y al cabo Daniel M., investigados por "omisión de hacer cesar o denunciar detención ilegal, falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, severidades y amenazas".

El primero de los citados está al frente de la Seccional Cuarta de Oberá y los restantes se desempeñaban bajo sus órdenes, aunque en los últimos meses dos de ellos fueron trasladados a otras dependencias por orden de la superioridad.  

La investigación a los policías se tramita en paralelo a la causa por la muerte del menor, hecho por el que fue procesado con prisión preventiva Andrés Rogelio T. (26).

En tanto, el nuevo expediente surgió por una denuncia de Carolina Ramírez (32), madre de Galeano, quien a principios de mayo se presentó ante la Fiscalía de Instrucción Dos y apuntó a varios efectivos de la Seccional Cuarta por presuntos hechos de violencia y amenazas contra el chico.

En consecuencia, el 16 de mayo la fiscal Myriam Silke solicitó una serie de informes que derivaron en la reciente imputación a los cuatro funcionarios. 

Los delitos encuadrados en el expediente conllevan una pena máxima de seis años, por lo que los implicados presentaron la eximición de prisión. Por el momento ninguno prestó declaración indagatoria, precisó un vocero del caso.

"Pedía por su mamá"

Según averiguó El Territorio, la imputación sobre los cuatro policías se apoya en dos hechos probados durante la pesquisa encabezada por la fiscal Silke.

El delito de falsedad ideológica se funda en que la justicia corroboró que para justificar una detención irregular los uniformados armaron una causa contra Galeano y otro menor, a quienes incluso acusaron de utilizar un cuchillo, aunque luego la fiscalía certificó la inexistencia de dicha causa. Para ello se entrecruzó información con el Juzgado de Paz de Oberá.

Por otra parte, en el mes de abril otros dos policías de la Seccional Cuarta detuvieron al menor y lo esposaron durante varias horas sin dar parte a su madre.

"Esta situación fue corroborada por varios detenidos que contaron que vieron a Josías Galeano con poca ropa, sólo de short y descalzo, un día de lluvia que estaba esposado a la reja de una celda. El menor pedía por su mamá, pero no le avisaron a ella. En este episodio se inscribe la privación ilegítima de la libertad y las amenazas, porque le dijeron que la próxima vez no la contaba", precisó una fuente con acceso al expediente.

Precisamente, en su denuncia Carolina Ramírez declaró que en una oportunidad un policía amenazó a su hijo frente suyo.

También un informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) dio cuenta del relato de detenidos que vieron al menor esposado en la Cuarta.

Con relación al nuevo expediente, el abogado de la familia Axel Demonari expresó su satisfacción "por los avances producidos en la causa, sobre todo porque dos de los policías imputados son los mismos que estaban buscando a Josías la noche anterior a la desaparición. Pudimos tener acceso a la causa y pronto estaremos presentándonos como querellantes también en esta".

Encuadre legal

Con relación a las imputaciones a los policías, al comisario Javier José María R. le abarca el artículo 143, inciso 6, del Código Penal, el cual señala que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo: el funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver".

Al oficial subayudante Carlos Juniors M. y al cabo Daniel M. les comprende el artículo 144 bis, incisos 1 y 3, donde se señala que "será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo: el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal (…) El funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales".

La imputación sobre ambos también incluye el artículo 149 bis, donde se expresa: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

En cuando al oficial subayudante Jonatan Ariel J., la imputación se basa en el artículo 293 del Código Penal, donde refiere que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".

Primer expediente

Josías Galeano desapareció el pasado 30 de abril, cuando se despidió de su mamá en su casa de Villa Blanquita para ir al barbero. Su cuerpo en descomposición fue encontrado el 3 de junio.

Luego los restos permanecieron 81 días en la morgue judicial de Posadas. Finalmente, el pasado 24 de agosto se realizó la inhumación en el Cementerio La Piedad de Oberá.

Por la muerte hay un detenido, aunque desde el primer momento la madre del menor apuntó sus sospechas al accionar policial basada en graves antecedentes de violencia y amenazas hacia el menor, hipótesis que cobró fuerza con la instrucción de una causa paralela.

Con relación a la investigación del hecho, el pasado 29 de julio el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó la prisión preventiva de Andrés Rogelio T. como imputado por “la presunta comisión del delito de homicidio”.

Por su parte, el defensor oficial Matías Olivera apeló la medida. En consecuencia, la orden de traslado del sospechoso a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul quedó suspendida hasta tanto se resuelva la apelación de la defensa, por lo que continúa alojado en la Seccional Tercera de Oberá.

El expediente 57841/2022 investiga las circunstancias del fallecimiento del menor obereño, cuyo cadáver fue hallado luego de 34 días de angustiosa búsqueda.

Ese mismo 3 de junio, horas antes, la Policía detuvo al único sospechoso, quien se encontraba tarefeando en un yerbal de San Vicente.  

Andrés Rogelio T. apareció en el radar de los investigadores luego que un testigo afirmó que el sospechoso le confesó el homicidio, si bien reconoció que sólo son conocidos del barrio. Hasta el momento el imputado se abstuvo de declarar.