Unidos, movilizados y agrietados

Si la política es dinámica en el mundo, en la Argentina tiene un movimiento frenético, en el sentido más cabal del significado del término, y es justamente esa bronca exagerada la que mueve a todos los sectores. El peronismo encontró esta semana un motivo para moverse y mostrarse unidos, saliendo en defensa de su máxima líder, Cristina Fernández de Kirchner. Desde la CGT se planteó que no hay una sola prueba material que la relacione con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito y apuntó contra el show mediático montado para sustentar la acusación, al considerar que solo tiene por finalidad dañar la imagen de la ex presidenta y de todo el peronismo. Concluyen que la intención es proscribir políticamente a Cristina.

De esta manera, en el peronismo se dejaron atrás las internas y peleas de los últimos meses y los dirigentes en general, desde sindicalistas hasta gobernadores, se sienten víctimas de una persecución judicial y por ello decidieron encolumnarse y salir a defender a Cristina y al peronismo en general.

El ministro de Economía, Sergio Massa, otro integrante del trípode que conforma el Frente de Todos, consideró absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes y observó que se está ante un peligroso antecedente para la política, como empresarios y aquellos que tienen dependientes.

Pero en la dinámica política siempre hay algún componente extra, por eso a Juntos por el Cambio, a raíz de las desacertadas expresiones de Alberto Fernández sobre la seguridad del fiscal Diego Luciani, le sirvió para expresarse colectivamente. Aún les cuesta unirse y levantar una causa común, porque en este caso tampoco estuvieron todos de acuerdo.

En ese sentido, el diputado Facundo Manes volvió a diferenciarse del bloque de Juntos por el Cambio al que pertenece, tras negarse a firmar el pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Consideró que las palabras del mandatario nacional, que había planteado que Nisman se suicidó y no encontraba motivo para que le ocurriera algo similar al fiscal Diego Luciani, resultaba repudiable, pero que el pedido de juicio político por esas expresiones resultaba una medida extrema.

De esta manera aquella foto casi grupal -porque tampoco estaba Mauricio Macri- intentando mostrar unidad, duró poco. Pudo más la interna que mostrar una oposición fortalecida. Y, como una película repetida, el capítulo de espionaje volvió a ser protagonista en este espacio. Esta vez, la que evidenció tal método dentro de su propio espacio fue Elisa Carrió. Esta dirigente acusó a la dirigente del ala dura del macrismo, Patricia Bullrich, que cuando era ministra de Seguridad, le envió a la Policía Federal para custodiarla, pero en realidad, el fin principal era el de espionaje. El Congreso, a través de la Comisión bicameral, resolvió investigar la denuncia de Carrió a Bullrich por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

El protagonismo de la fiscalía
Es que la semana política en el país, había arrancado con el protagonismo del fiscal Luciani -junto a su par Sergio Mola- quienes acusaron a Cristina Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado cuando era presidenta de la Nación entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Luciani realizó, en el inicio de semana, un largo alegato en el que expuso los motivos de su decisión. El pedido de sentencia a la actual vicepresidenta llegó tras ser investigada junto a otras doce personas por acusaciones de haber beneficiado al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas.

En cuanto a Cristina, el fiscal planteó que, al ostentar el cargo máximo en el Estado nacional, empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro. En su defensa, Cristina observó que la fiscalía argumentó en la acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas como lo hicieron luego en la llamada causa Vialidad. Por ello, concluye que esta acusación de corrupción no tiene fundamentos y que se trata de una persecución en su contra y del proyecto político que representa. En tal sentido, el jurista español Baltasar Garzón opinó que el juicio Vialidad, exhibe una sistematicidad del lawfare y del uso del derecho como arma de destrucción del oponente político, además consideró jurídicamente insostenible la acusación formulada por los fiscales.

Se compara al Lava Jato
Muchos referentes políticos del país y el exterior hicieron un paralelismo con lo que debió atravesar el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en la operación Lava Jato, en la cual la fiscalía y el exjuez Sergio Moro fueron considerados parciales por el Supremo Tribunal Federal, que finalmente anuló los procesos. Pero para que se llegara a la absolución posterior, ya había padecido Lula un año y 7 meses en prisión, tiempo en que no pudo ser candidato. Es decir, lo sacaron de la cancha y le facilitaron el triunfo al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Entre quienes asociaron con lo sucedido a Lula en medio del respaldo a Cristina se encuentran los diferentes espacios políticos de la Nación encabezado por el presidente Alberto Fernández como otros mandatarios del exterior. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, manifestaron su rechazo al señalar una injustificable persecución judicial.

Lo cierto es que el fiscal de la causa, por esas llamativas casualidades, también pidió 12 años de prisión a Cristina -como se había establecido a Lula- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los mandatarios del exterior plantearon que con este accionar, la Justicia tiene por objetivo apartar a Cristina de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal. Señalan previas irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales.

La Justicia argentina debería usar todas sus facultades para que el juicio que involucra a la vicepresidenta sea imparcial. Para que los fallos no sean atacados.

Se pide justicia
Desde el peronismo no se pide -como podría proceder el presidente de la Nación- ni un indulto ni amnistía, sino justicia para Cristina. Más allá de lo que resuelvan los jueces a partir de esta acusación de la fiscalía, Cristina como senadora y vicepresidenta actual, está protegida por la misma inmunidad constitucional que el presidente, por lo cual no puede ser arrestada al menos que sea removida a través de un juicio político. O sea, no iría a la cárcel incluso si la condenaran, excepto si al menos dos tercios de la Cámara de Diputados y luego del Senado la dejaran sin fuero. Por lo tanto, mientras no resulte condenada, estaría en condiciones de postularse a un cargo en las elecciones de 2023.

Por lo sucedido, militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles permanecían en vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Además, están floreciendo miles de convocatorias a lo largo y ancho del país. Una gran movilización se estaría preparando para el 17 de octubre, en la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, con el fin de darle épica al proceso judicial que atraviesa la vicepresidenta.

Por ahora, los manifestantes se mantienen en estado de alerta y movilización. Ayer se concretaron marchas multitudinarias, como ocurrió también en Misiones. Pero ayer por la tarde hubo incidentes, heridos y detenidos en cercanías de la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, porque los manifestantes violentaron las vallas que había puesto la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las manifestaciones en apoyo a Cristina se direccionaron hacia el domicilio de la vicepresidenta aumentando la tensión.

Enfático pedido del gasoducto
En Misiones, los dirigentes del Frente Renovador hicieron esta semana un enfático pedido para que se extienda hasta la provincia el gasoducto Néstor Kirchner. Es que Misiones es la única provincia cuya población sigue cargando garrafa al hombro. Todos los gobiernos nacionales prometieron y hasta incluyeron en el plano, pero nunca se concretó. Lo mismo sucedió en la actual administración nacional presidida por Alberto Fernández, que al presentar la obra prevista dejó en evidencia que se excluyó a la tierra colorada.

Una publicación del gobierno nacional, repartida con este matutino el martes pasado, sobre el gasoducto nacional, desató fuertes reacciones de las principales figuras de la renovación. De allí el enfático pedido del presidente de la Legislatura y conductor de la renovación, Carlos Rovira, pidiendo vinculación gasífera para Misiones. En la misma línea y con la misma fuerza realizarían similar reclamo el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicepresidente de la Legislatura, Hugo Passalacqua.

El mandatario provincial en Formosa a principios de julio había hecho similar pedido cuando junto a los demás gobernadores del Norte Grande Argentino respaldaron la ejecución del gasoducto Néstor Kirchner y ya entonces, se bregó por un abastecimiento de gas natural en todo el país.

Sin embargo, desde esa fecha hasta esta semana no se había previsto un solo metro de caño para Misiones, de allí el malestar de la dirigencia local.

Subsidio a la energía
Ante esta realidad, es decir la falta de gas natural, se pidió ir elevando los topes establecidos por Nación para evitar pagar la tarifa plena de energía. De esta manera, en principio se había establecido en general la tarifa subsidiada para todo el país a 400 kilovatios hora. Para regiones muy electrodependientes como Misiones se había elevado a 550 kWh, pero ahora los gobernadores del Norte Grande consideraron que ese nivel de consumo es para meses de baja temperatura y que en verano el consumo es muy superior. Por tal razón, se pidió elevar a 750 kWh, además de Misiones, a todo el NEA.

El planteo se hizo en la ciudad de San Salvador de Jujuy en presencia de secretaria de Energía, Flavia Royón, con quien trataron la segmentación de tarifas y cómo sería en cada provincia. La funcionaria nacional aclaró que los límites de consumo son mensuales y quedó en evaluar el pedido de los gobernadores.

De Jujuy, el gobernador partió hacia Buenos Aires para desplegar casi toda la semana una amplia agenda. Entre los encuentros principales se destaca el que mantuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, logrando el compromiso de colocar nuevamente la zona aduanera especial para Misiones en el presupuesto nacional de 2023 que se tratará en los próximos meses en el Congreso de la Nación.

De concretarse, se espera que todos los diputados y senadores de otras expresiones políticas, también apoye esta iniciativa que cuenta con el aval de todos los sectores económicos de provincia. Como se recordará, la oposición había dejado sin presupuesto a la Nación y allí nuevamente quedó fuera la posibilidad de avanzar con la zona aduanera.

En cuanto a gestión, Herrera Ahuad mantuvo sendos encuentros con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para explicar la importancia de sostener el precio de la yerba mate por encima de los 75 pesos, además de requerir que se garantice el cupo de gasoil para cubrir la cosecha.

Encuentro con intendentes y tealeros
De regreso a Posadas, el mandatario provincial encabezó una reunión con los intendentes y representantes de los 77 municipios. En la oportunidad se brindaron recursos para mejorar la salud, realizar obras viales, viviendas e infraestructura y de paso repasar la actualidad nacional y provincial.

Se indicó el contexto macroeconómico y los impactos de la inflación y se instó a sostener la respuesta a los vecinos. Además, se rescató cómo Misiones está logrando sortear la crisis nacional, basado en una alta previsión, sin estar asfixiado por endeudamiento extremo y a raíz del derrame económico, mediante compras realizadas por paraguayos y brasileños. Según números que maneja la Provincia representa un ingreso de alrededor de 500 millones de dólares mensuales entre reales y guaraníes.

Fue el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien destacó ante los intendentes que todos los indicadores económicos en la provincia son altamente positivos.

En forma posterior, el gobernador misionero reunió a los principales actores de la producción de té en Misiones, para analizar la situación, mejorar la rentabilidad y buscar el inicio de la zafra sin sobresaltos. Habrá una nueva reunión esta semana para ahondar al respecto.