Honrar el acuerdo con el FMI, una prioridad del equipo económico
Sergio Massa prepara medidas bajo presión por el ajuste del gasto público
El ministro de Economía Sergio Massa ya recibió la “sugerencia” de varios gobernadores en los últimos días. Ninguno quiere formar parte del ajuste del gasto público que el ministro mandó a preparar, puertas adentro del ministerio, a sus más estrechos colaboradores y la fórmula del ajuste que viene es un secreto para evitar presiones adicionales del poder político.
Los mandatarios del interior entienden que Massa es uno de ellos -políticos como esos mismos gobernadores que dependen del apoyo popular-, y pretenden convencerlos que el ajuste los pase de largo.
No podrá ser si -como el propio ministro anunció- se encamina a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, que sí o sí requerirá de una revisión más adelante. Massa busca que el mensaje sea categórico: si no se puede cumplir, que sea por los altos costos de la energía y la dinámica inflacionaria a nivel global.
Pero no por una incorrección local. En el Palacio de Hacienda entienden que, tras los últimos temblores en el mercado financiero, no hay mucho margen para hacer otra cosa que no sea un ajuste.
Las dos columnas de ajuste
El ordenamiento fiscal tendrá dos caras: por un lado, la quita de subsidios en las tarifas de luz y gas. La otra, el recorte en los envíos de fondos a las provincias. El ajuste se producirá seguramente en el capítulo de las obras públicas. Por eso, tanto gobernadores como intendentes están tan atentos a los movimientos y algunos ya intercedieron ante Massa.
Más allá de las voluntades, el ministro sabe que tiene poco espacio para acceder a los pedidos. Para el poder político, el fuerte ajuste de las tasas de interés del Banco Central habría que leerlo -ya no exclusivamente como un típico movimiento de corte ortodoxo en medio de una corrida cambiaria- sino también como un claro mensaje hacia los mandatarios del interior.
La puesta en marcha del ajuste no será nada sencilla. El acuerdo con el Fondo, al que Massa aspira a cumplir, marca que el rojo de las cuentas públicas debería ser de 2,5 puntos del PIB en el año.
De acuerdo al último informe de la consultora Equilibra -que dirige el economista Martín Rapetti-, el ajuste fiscal del segundo semestre (más precisamente entre agosto y diciembre) debería ser por 1,7% del PBI.
A su vez, se presume que el recorte de los subsidios a las tarifas será más importante que el anunciado en su momento por Martín Guzmán: en vez del 10% de los usuarios de luz y gas, la pérdida de subsidios ser aplicaría sobre el 30% de los 14 millones de usuarios: el triple que lo anunciado por el ex ministro.
De todas formas, el ahorro para este año sería escaso. Según Equilibra, los subsidios en las tarifas se reducirían del 3% del PIB al 2,8% del PIB: apenas dos décimas del Producto. En cambio, calcula la consultora, si esta quita de subsidios se hubiese realizado desde comienzos de año, el ahorro hubiera alcanzado a 0,6% del PIB.
El ahorro sólo se concretaría en el consumo de electricidad, ya que, por una cuestión de estacionalidad, a partir del mes que viene hay una baja en el consumo de gas.
El ajuste está en marcha y Massa definirá los próximos pasos en las próximas horas. El mercado está atento: luego del fuerte ajuste en las tasas de interés de las últimas tres semanas, ahora los operadores quieren ver si el ministro va a fondo con el intento por honrar el acuerdo con el Fondo.
A diferencia de la gestión de los dos ministros anteriores, Massa puede decir que cuenta con el respaldo total de Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno se reúne hoy con la Mesa de Enlace
El gobierno y los dirigentes de la Mesa de Enlace volverán a verse las caras hoy.
Las patronales llevarán parte de su pliego de condiciones: la no intervención de los mercados de granos, la libre exportación de carnes y cuestiones vinculadas a las compras de fertilizantes.
Con respecto al sector ganadero, ya le acercaron a Massa una idea: las ventas al exterior podrían pasar desde las 800.000 toneladas a 1,2 millones si la población redujera su consumo en 10 kilos por año.
Por otro lado, desde la mesa chica de Massa confirmaron que siguen negociando una mejora en el incentivo para que los productores vendan soja, por más que las entidades hayan rechazado la iniciativa y reclamen abiertamente por una devaluación.
