Una víctima de Trata recibió reparación económica

Una misionera oriunda de Colonia Oasis se convirtió en la primera víctima de Trata en recibir una reparación económica por parte de la Justicia, luego de estar cautiva en un prostíbulo en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Según se informó en el sitio Fiscales.gob ayer, la Unidad Ejecutiva del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas arbitró los medios necesarios para hacer efectiva la reparación económica y realizó un pago de 1.280.394.

El pago se hizo el último 26 de julio luego de un largo e histórico proceso judicial. En agosto de 2014, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a José Luis Luna, el principal imputado, a cinco años de prisión. También le impuso una pena de tres años a Samuel Emiliano Calderón y Carlos Horacio Cancino Franco.

Los tres fueron señalados como los responsables de captar, trasladar y explotar sexualmente a la joven misionera durante enero de 2012. La investigación se concretó a partir de la denuncia de la propia joven, quien declaró que fue engañada por una falsa oferta laboral.

Nada era lo que parecía, una vez que llegó a suelo santiagueño fue obligada a prostituirse en el local nocturno “Negro el 20”. La misionera relató que una vez que llegó a la whiskería, fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar, quienes le decían que la habían sometido “para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer”. Además, detalló que en el prostíbulo había otras mujeres oriundas de la provincia de Santa Fe, “pero que no podían hablar”.

Derrotero judicial

En la condena el Tribunal no hizo lugar al planteo que había realizado la fiscal general Indiana Garzón junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)  para que se decomise el inmueble con el objetivo de reparar a la víctima. En la causa intervino también la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación que encabeza María del Carmen Chena.

No obstante, en noviembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal reenvío el expediente al Tribunal para que se dicte un nuevo pronunciamiento. En esos términos, el 31 de octubre de 2016 el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero resolvió destinar el inmueble para la asistencia directa de la víctima y en abril del año pasado el predio donde funcionaba “Negro el 20”, pasó a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).