Entrevista al psiquiatra Sergio Grosman, miembro de Apsa
“Una cosa es la ley y otra es la política sanitaria que se despliega”
Las internaciones para recuperar el estado de salud son siempre un momento de tensión porque implican no sólo el tratamiento médico sino también el traslado de la persona a un ámbito como un hospital o sanatorio donde hay protocolos médicos que reglamentan el funcionamiento de esos lugares.
Pero si la internación se enmarca en el plano de la salud mental, a esa tensión se le suman una serie de complicaciones donde se mezclan cuestiones jurídicas, médicas, económicas y sociales que la hacen más compleja. Para entender cómo funciona el mecanismo de las internaciones cuando una persona atraviesa alguna patología mental, El Territorio dialogó con el psiquiatra Sergio Grosman, integrante de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (Apsa) donde está a cargo del capítulo Psicoterapias.
La ley 26.657 de Salud Mental en su artículo 20 se refiere a internaciones involuntarias. “Es un artículo de la ley de Salud Mental que debiera modificarse porque colisiona el derecho a la salud con el derecho a decidir que tenemos todas las personas. Y sucede que en algunas enfermedades mentales la persona que la padece no se da cuenta que las tiene. Por ejemplo, una persona que padece delirio persecutorio siente que hay gente que la está persiguiendo para matarla. Entonces a esa persona difícilmente se le pueda explicar que necesita internarse o tomar medicación porque no es consciente de la patología que sufre”, explicó Grosman.
Esa legislación que está en vigencia en todo el país desde el 2010 destaca dos posibilidades de internación para el ámbito de las enfermedades mentales. Una cuando la persona expresa voluntariamente su decisión de internarse y otra diferente para cuando esa persona no quiere internarse. Para este último caso la ley sugiere que un equipo profesional evalúe si hay riesgo cierto e inminente para la vida de esa persona y en caso de que esa evaluación crea que hay peligro para la persona o para otros, solicite la internación y comunique a la Justicia esa decisión.
Ahí la cuestión se sigue complicando porque el tiempo de una urgencia médica de internación no es el mismo que tarda un trámite judicial. Un pedido de internación puede demorar desde una semana hasta meses. Puede pasar que cuando llegue esa orden de internación ya sea muy tarde. Y si por ejemplo era una persona con perfil suicida ya se quitó la vida.
Cuando la persona no quiere...
La terminología de la actual ley genera debate. “Porque por ejemplo está el caso de un adicto que hace años viene consumiendo un gramo de cocaína por día. Su familia lo ve mal y dice que se tiene que internar. Que ya perdió el trabajo, que se separó de su pareja. Pero el paciente sostiene que no le hace daño a nadie y que no quiere internarse. Entonces se hace la consulta al psiquiatra que señala que esa conducta va a terminar mal pero que no tiene la certeza de cuándo va a llegar ese daño. Y es esa la brecha que deja la ley de manera abierta y que a mi entender debiera modificarse”, explicó.
Y lo mismo pasa con otras enfermedades mentales fuera del universo de las adicciones.
El concepto legal de “riesgo cierto e inminente significa que es seguro que en un plazo corto de tiempo se produzca un daño a esa persona o a los demás. Un concepto tomado a partir de convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Un punto de vista para el cual no debieran existir las internaciones involuntarias porque cada persona tiene derecho a vivir como quiere el proceso de su enfermedad”, explicó el entrevistado.
Además está la cuestión práctica de ejecutar la internación. Porque si se trata de un paciente que no quiere internarse, el médico psiquiatra no puede llevarlo de la mano a la internación si el paciente no colabora. Entonces se procede al pedido judicial para llevar adelante ese cometido.
En este punto, siempre de acuerdo a lo que determina la ley de salud mental, el equipo profesional debe solicitar a la Justicia la colaboración de la fuerza policial para proceder a la internación involuntaria. Y ahí nuevamente colisionan los tiempos de la asistencia médica urgente con los de los trámites judiciales.
Una vez que se concretó ese mecanismo de internación involuntaria, esa persona tiene el derecho de que un abogado particular o un defensor público tome su caso y evalúe si fue internado injustificadamente.
Una ley no es una política de salud
El psiquiatra Grosman explicó que “una cosa es la ley de salud mental y otra es la política sanitaria que se despliega desde los estados para atender estas demandas. Porque una ley por sí sola no hace mucho sino hay una estructura sanitaria preparada para que esa ley se cumpla”.
Seguidamente explicó que “la misma ley en su artículo 32 sostiene que el 10% del presupuesto total de salud debería volcarse al universo de la salud mental. En el mejor de los casos actualmente las jurisdicciones destinan un 2% como mucho. Porque no hay una política pública ni privada que atienda la salud mental de la población como debiera”.
Para explicar su mirada, el profesional dijo que “si en todos los hospitales generales y sanatorios privados contáramos con sectores preparados para atender emergencias y tratamientos de patologías mentales y con ambulancias y personal preparado para esta tarea entonces vamos bien. Pero nuestra realidad no es esa”.
Seguidamente dijo que lo ideal sería tener ambulancias preparadas con médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros y policías preparados para las emergencias de la salud mental. Además de lugares adaptados para llevar esos pacientes y luego otros centros acordes para los tratamientos psiquiátricos. Pero nada de esto tenemos actualmente y encima los hospitales psiquiátricos que teníamos lo fueron cerrando”.
Por lo tanto según explicó el entrevistado “para los casos en que se logra avanzar en una internación psiquiátrica después viene el problema de conseguir una cama. Porque en los últimos años se cerraron los hospitales de esa especialidad y no se construyeron salas de psiquiatría en hospitales generales y tampoco se hizo esa inversión en el sector de la salud privada”.
La voluntad a debate
La Ley 26.657 de Salud Mental es el marco jurídico que rige las internaciones y reafirma en concepto de que las personas con patologías mentales tienen el derecho de decidir si quieren o no internarse o someterse a determinado tratamiento médico. Y justamente en este punto que está expresado en el artículo 20 de esta ley, radica una de las cuestiones más debatidas, porque aborda las internaciones involuntarias que son aquellas en las que el paciente no quiere internarse.
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