La Justicia Federal rechazó competencia y Mattos seguirá al frente del caso Díaz

La investigación por el crimen de Cristian Javier Díaz (31) seguirá siendo llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, luego de que las autoridades del Juzgado Federal capitalino rechazara su competencia en razón de la hipótesis de que el homicidio ocurrió en medio de una disputa ligada al narcotráfico.

Como informó oportunamente este medio, el juez original de la causa, Miguel Mattos, se declaró incompetente a finales del mes pasado y remitió las actuaciones al fuero federal. La medida fue impulsada también por la fiscal Patricia Clérici debido a los elementos que indican que la motivación del crimen fue un ajuste de cuentas por una carga de marihuana.

De esta manera las actuaciones se remitieron luego al Juzgado que dirige la jueza Verónica Skanatta, cuyas autoridades analizaron el caso y respondieron la semana pasada que no había elementos suficientes para que ellos se hagan cargo de la investigación.

En este contexto, con la posibilidad de un conflicto negativo de competencia, la decisión del magistrado Mattos fue continuar con la investigación que tiene a dos brasileños detenidos y un prófugo como los sospechosos. De todas formas, no se descarta que de surgir nuevos elementos que confirmen la posibilidad de un delito federal, la situación cambie.

La medida del juez, pudo saber El Territorio, busca darle celeridad a la investigación en razón de que hay dos personas privadas de su libertad cuya situación procesal aún no está definida. De todas formas, se espera que en las próximas semanas se pueda dictar la prisión preventiva de ambos.

Caso contrario, por tratarse de un conflicto de dos fueros diferentes, la Corte Suprema de la Nación sería la encargada de dirimir la cuestión y eso demandaría -a consideración de los involucrados- mucho tiempo.

Por ejemplo, una situación similar ocurrió con los brasileños Fabio Moreira de Oliveira Pereira, José Brink Gutierres, Hemerson Oliveira Machado y José Silva Aguiar. Todos fueron detenidos en septiembre del 2019 con un arsenal de armas y ropas truchas de la PFA en San José, cuando se movilizaban en un vehículo con pedido de secuestro por robo.

Tanto las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas como las del Juzgado Federal de la capital provincial se declararon incompetentes y la decisión quedó a cargo del máximo órgano judicial de la Nación. Los jueces se tomaron su tiempo y resolvieron el conflicto recién este año, dando una respuesta que no zanjó las dudas.

Al detalle, se definió que la Justicia Federal investigue la tenencia de esas armas, mientras que el juzgado comandado por el magistrado Fernando Verón se encargará de lo que respecta al vehículo adulterado. De esta manera, en el fuero federal ya tienen un abreviado acordado y en el Juzgado de Instrucción recién fueron indagados el 7 de junio.

El caso y los involucrados
Por el crimen de Díaz, como viene informando este medio, hay dos brasileños detenidos, ambos oriundos de Porto Alegre y señalados como sicarios. David Weslley de O. S. (19) es quien se cree que disparó y tiene vínculos con la organización Bala Na Cara, mientras que el otro es Gabriel G. D. S. (20), quien además es el protagonista del escandaloso video bailando en una comisaría pocas horas después de haber sido detenido.

Hay un tercer implicado, un hombre que -según creen los investigadores en base a los elementos que hay hasta el momento- los había albergado, dado las armas y llevado a los extranjeros hasta el kiosco de Díaz, donde lo acribillaron de cinco disparos.

Los detenidos fueron trasladados ante el juez el 17 de mayo, donde completaron la audiencia indagatoria. Allí se abstuvieron de declarar y fueron imputados por homicidio calificado.

El asesinato courrió el domingo 7 de mayo en el barrio Yohasá, de Posadas. Foto: Marcelo Rodríguez

La principal hipótesis del caso es que se trató de un ajuste o venganza narco por la pérdida de una carga de marihuana, tal y como reveló en exclusiva este medio. El cargamento estaba frente a la casa que funcionó de búnker de los asesinos y donde la Policía de Misiones incautó el vehículo Fiat Duna en el cual se movilizaron hasta el barrio Yohasá para cometer el asesinato.

El procedimiento antinarcóticos lo hizo Gendarmería Nacional en octubre del año pasado y entonces no se informaron detenciones. Se trata de un cargamento de 155 kilos que estaba en un utilitario estacionado. Según la información oficial de la fuerza, una patrulla del Escuadrón 50 hacía rastrillajes cuando vieron la camioneta con vidrios bajos, que además emitía un fuerte olor característico de la droga.

Por orden del Juzgado Federal de Posadas, se dispuso el traslado del vehículo a la unidad, donde los uniformados contaron seis bultos que contenían 85 paquetes con marihuana prensada y siete bolsas con cogollos.

Lo que creen los investigadores es que esto ubicaría al prófugo como el dueño o al menos el custodio de esa droga.

El crimen de Díaz ocurrió el domingo 7 de mayo, en la chacra 94. Según relató la mujer de la víctima, cerca de las 3 de la madrugada llamaron a la ventana de su despensa y el hombre salió a atenderlos. Entonces escuchó la ráfaga de disparos que lo dejaron sin vida en el negocio.

“Ella debe estar sabiendo muchas cosas porque era su compañera, ya que vivía con él”, dijo la mamá de Díaz en comunicación con este medio. Además, en la escena de los hechos, donde esperaba novedades sobre el crimen repitió llorando en varias oportunidades que “mi hijo debería estar preso, no muerto. Cometió sus errores, pero no merecía esto”.

Asimismo, fuentes de la investigación expresaron a El Territorio que la sospecha es que en el kiosco de Díaz funcionaba una boca de expendio de estupefacientes y que la víctima actuaba en complicidad con su pareja, de 30 años, que fue quien llamó a la Policía y advirtió lo sucedido.

Se cree que la mujer tuvo tiempo de deshacerse de la mercadería e incluso de hasta dos armas que estaban a mano de la ventana donde comercializaba la droga. En el lugar incautaron un teléfono celular que le pertenecía a la víctima, pero ella nunca facilitó su desbloqueo. Las pericias podrían ser clave.