La Justicia despenalizó el suicidio asistido por médicos

La Justicia de Colombia despenalizó ayer el suicidio médicamente asistido. Se trata de una decisión que adoptan aquellos pacientes que atraviesan una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable y, por tanto, están sometidos a dolores físicos y psicológicos incompatibles con su idea de dignidad. La práctica, naturalmente, deberá contar con la intervención de un profesional de la salud.

La Corte Constitucional de ese país, con una votación de seis a favor y tres en contra, decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) y admitida por el alto tribunal el 1 de septiembre del año pasado.

La petición buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien “eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización”.

“Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses”, agregó el artículo demandado.

El objetivo de DescLAB, según se aclaró, no es que “el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso”, sino que la Corte decidiera que “cuando un profesional de la medicina presta una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal”.

En ese contexto, la Corte decidió despenalizar el suicidio médicamente asistido cuando la persona ha manifestado su consentimiento libre, informado e inequívoco para llevarlo a cabo.

DescLAB explicó que, en el suicidio médicamente asistido, “el profesional de la medicina presta una ayuda o asistencia para que la persona sea quien cause su muerte”, mientras que en la eutanasia es el médico “quien causa la muerte de la persona”.