Las provincias tabacaleras exigen que todas las cigarreras abonen impuesto

Provincias tabacaleras evalúan acciones ante la resistencia de algunas importantes empresas cigarreras en el pago del impuesto interno mínimo, cuya recaudación están destinadas entre otros a sostener el Fondo Especial del Tabaco, creado mediante Ley Nº 19.800 y más conocido por su sigla FET, que surge del 7,35% del precio de venta al público de los paquetes de cigarrillos vendidos en el territorio nacional. Se estima que el Estado, por no abonarse este impuesto, dejó de recaudar unos 100.000 millones de pesos.

Esos fondos los genera el fumador al adquirir el producto. Se recuerda desde el sector que, por mandato de esta ley, aporta parte del ingreso que percibe el productor ante la comercialización de su tabaco. Asimismo, se financia infraestructura en general, diversificación productiva y cobertura de salud médica, entre otras actividades, a los integrantes de la cadena de esta producción.

El cigarrillo está gravado por ley por un conjunto de tributos como ser IVA, Fondo de Asistencia Social (FAS), Ingresos Brutos e Impuesto Interno, con su modalidad de piso mínimo. El Estado recauda estos tributos, que son coparticipables entre Nación, provincias y municipios. Igualmente, parte de estos recursos integran los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La producción total de las siete provincias (Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones) está estimada para este año en unos 91 millones de kilos de tabaco. De acuerdo a algunas variables desde el nivel de cosecha, inflación y comportamiento del dólar, se hacen algunas proyecciones de recaudación. De esta manera, se estima que los recursos previstos para Misiones en este 2022, un total de 7.040 millones de pesos; de dichos montos surgiría un 80% que representa unos 4.900 millones de pesos y luego otro giro, por alrededor del 20%, es decir unos 2.140 millones de pesos. Pero también se sigue acumulando por falta de pago por parte de las empresas.

Hoy, el 30% de los cigarrillos que se comercializan en el país no cumplen con el impuesto interno mínimo. Por lo tanto, son alrededor del 70% los que sí cumplen con el pago del impuesto mínimo.

Consideran desde el sector que el Estado no debería convalidar estas prácticas, es decir el incumplimiento de algunas empresas.

Desde la Federación
Desde la Federación Argentina de Productores de Tabaco señalan que en el primer trimestre enero-marzo de 2022, el impuesto mínimo fue de 108,50 pesos para cada paquete de 20 cigarrillos y desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo este valor mínimo es de 130,68 pesos.

Es decir, ningún paquete de cigarrillos de 20 unidades podría tener un precio al público inferior a 130,68 pesos y ningún paquete de 10 unidades podría tener un precio inferior a 65,34 pesos, que son los valores actualizados del impuesto mínimo.

Justamente, comienza el incumplimiento al detectarse que se aplican precios muy inferiores al impuesto mínimo.

Para entender el sistema de tributo, si se toma un paquete de 20 cigarrillos con un precio de venta de 230 pesos, se tributan $126 de impuestos internos, $20 de FET, $11 de IVA, $1,3 de Ingresos Brutos y por otro ítem, $16, lo que genera un total impositivo de 175 pesos. El alto impuesto apunta al desincentivo del consumo de cigarrillos como objetivo social general que hace a la salud de la población y la consecuente reducción del gasto que el Estado debe asumir al brindar el servicio de salud pública y el tratamiento de las patologías derivadas del tabaquismo en instituciones estatales.

Los planteos
La situación más grave, según la federación, se presenta con Tabacalera Sarandí, dado que no ingresaría el tributo desde 2016. Destacan que esta y otras empresas en infracción habrían omitido ingresar al fisco el impuesto interno por montos cercanos a 100.000 millones de pesos.

Añade como relevante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto fin a la discusión sobre el particular al revocar en mayo de 2021 la medida cautelar al amparo de la cual Tabacalera Sarandí omitió aplicar y tributar el impuesto mínimo.

En otras palabras, “ya no existe argumento, amparo legal o razón válida alguna para que Tabacalera Sarandí y las restantes Compañías de Precio Ultra Bajo que se encuentran en una situación similar continúen omitiendo tributar el mínimo del Impuesto Interno, como así tampoco existe impedimento alguno para que la Afip ejerza en debida forma su deber de fiscalización y control, haciendo caer sobre estas empresas evasoras todo el rigor de la ley”, planteó la federación.

Recuerdan que al vender cigarrillos por debajo del costo impositivo mínimo asociado, compiten deslealmente con aquellas empresas que cumplen con la ley y deben aplicar precios superiores.

En el escrito elaborado por la federación al que accedió El Territorio, se señala: “En la actualidad, aun cuando carecen de protección de medidas cautelares, tanto Tabacalera Sarandí, Bronway Technology SA, For Men SA, Espert SA, Black Tabacos SAS, Cigarrillos y Tabacos SA y Todo Tabaco SRL, todas ellas Compañías de Precio Ultra Bajo, continúan sin pagar el monto del impuesto interno conforme lo dispone la ley, lo cual redunda en toda la cadena de valor, poniendo en riesgo a la actividad tabacalera comprometiendo el millón de habitantes que dependen de esta actividad, a la vez que afecta a los recursos del fisco, la industria tabacalera, los productores tabacaleros, las economías regionales del NOA y NEA de nuestro país, el Tesoro Nacional, Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y los gobiernos provinciales por la pérdida de impuestos a los cigarrillos, tributos coparticipables”.

“También afecta la política de salud pública, al poder acceder la población fumadora a un producto barato, incentivando el consumo de tabaco”.

Allí se estima que el Estado dejó de recaudar, aproximadamente 100.000 millones de pesos.

Como dato y en números, 1.807.517.658 paquetes de 20 cigarrillos cada uno se comercializaron a lo largo de 2021.

Movilizados
Por esta razón, representantes de provincias tabacaleras como Misiones están movilizados y cuestionan a algunas manufactureras de tabaco, la resistencia de abonar el impuesto interno mínimo establecido por ley, a pesar de existir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por este incumplimiento.

“Estas sociedades fueron beneficiadas con medidas cautelares suspensivas de la exigencia impositiva de tributar este valor mínimo logrando evitar en consecuencia, el pago de más de 100.000 millones de pesos, temática judicial resuelta en mayo de 2021 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió revocar la medida cautelar, dispuesta por una Cámara Federal que eximía de este impuesto mínimo a Tabacalera Sarandí Sociedad Anónima, Expediente Nº CAF 8093/2018”.

Es lo que plantean en medio de una convocatoria de reunión en la Cámara de Diputados de la Nación para el próximo 4 de mayo, convocada por la Federación Argentina de Tabacaleros y por referentes del sector, tal como sucede en Misiones con el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, dirigente que indicó que se concretará esa reunión ampliada de parte de las siete provincias tabacaleras y de todos los sectores involucrados.

“Estamos convocando en la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana, a todos los diputados de la provincias tabacaleras y dirigentes, para abordar sobre el incumplimiento del fallo de la Corte, sobre cómo sostener el FET, entre otros temas”, sostuvo el diputado Bárbaro.

Es que en medio de tal convocatoria dan cuenta de que “ha pasado casi un año del fallo de la Corte Suprema, pero el fallo no se cumple”.

“La gravedad institucional de los acontecimientos obliga a exteriorizarlos y solicitar a los Poderes Públicos el cumplimiento del estado de derecho y la sujeción a la ley”, añaden.

Es decir, plantean como extraño, además que, “pese al fallo de la Corte, la Afip hasta ahora no haya reclamado el cobro”.

En medio de esta convocatoria, lo que generó mayor preocupación es que las manufactureras de tabaco, en diferentes procesos judiciales, pretendieron que sea declarada la inconstitucionalidad de este impuesto interno mínimo.

Esta situación, plantearon, perjudicaría a las provincias productoras del Noroeste y del Nordeste Argentino.

Plantean que la evasión pone en riesgo en empleo en todo el sector.

“Pondría en riesgo tanto el empleo como las familias que trabajan la tierra movilizando la economía, mediante la plantación y elaboración del producto destinado mayormente a la exportación, obteniendo cuantiosas divisas para la Nación”, advirtieron.

Es que tal incumplimiento implica que los productores de tabaco de las siete provincias “se vean imposibilitados injustamente de disponer de sus legítimos fondos, implicando el riesgo en el empleo y continuidad productiva de miles de productores, trabajadores del agro y toda su cadena de valor”, señaló la federación.

Sostienen que “el cumplimiento de este impuesto interno mínimo, es el elemento directo y fundamental, para la determinación de los recursos del FET.

Así está integrada la federación

La Federación Argentina de Productores de Tabaco está integrada por la Cámara del Tabaco de Jujuy, Cámara del Tabaco de Misiones, Cámara del Tabaco de Salta, Unión de Tabacaleros de Tucumán, Cooperativa de Tabacaleros Agropecuarios del Tucumán Limitada, Cámara de Productores de Tabaco del Tucumán, Asociación de Productores Tabacaleros de la Cocha, Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria de Chaco Limitada, Asociación Civil de Productores Tabacaleros de Chaco, la Cámara del Tabaco de Corrientes, Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones y la Cámara del Tabaco de Catamarca.

En cifras

$100.000 millones es lo que se estima que dejó de percibir el Estado nacional por falta de pago de algunas empresas cigarreras.

30% De los cigarrillos comercializados en la Argentina, no cumplen con el pago del impuesto interno mínimo. Cuestionan que representa una competencia desleal.

$7.040 millones es lo que se estima podría recaudar Misiones durante este año, siempre que se mantengan algunas variables económicas en el país.

Un senador provincial de Salta se sumó al debate

El senador provincial de Salta Carlos Rosso se sumó al debate que vienen impulsando las grandes tabacaleras que producen cigarrillos en caja a raíz de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma Tabes para no pagar los impuestos de venta. El senador informó que ya pidió un jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura Nacional, según detalló ayer el diario Página 12.

El fallo de los tres jueces que integran el tribunal, Alejandro Castellanos, Mariana Inés Catalano y Guillermo Federico Elías, le permite a la empresa que produce tabaco en hebras para armar cigarrillos continuar sin pagar el canon dispuesto por ley, pero que impacta sólo en las etiquetas de cigarrillos armados, y que tras una modificación durante el gobierno de Mauricio Macri, se pretendía se equipare a las demás. Esa alícuota, alegan desde la empresa radicada en Salta, subiría mucho su precio, por lo que dejaría de ser rentable y terminaría por arruinarlos.

Sin embargo, el legislador por el departamento salteño de Güemes sostuvo que hay convenios internacionales a los que la Argentina como país adhiere, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que insta a cobrar un impuesto considerable a determinados productos, entre ellos al cigarrillo, para, de esa manera, desalentar el consumo en aras de la salud.

Rosso criticó el procedimiento del tribunal, al que consideró “llamativo”, y agregó que viene de un departamento netamente tabacalero, en el que los recursos que se recaudan de esos impuestos no llegan sólo a Güemes, “sino a toda la provincia y a la República Argentina”. Y alertó que esa decisión marcó un precedente para que otras empresas hagan lo mismo “cuando la Argentina necesita recaudar”.

Luego apuntó contra la pyme salteña al sostener que “esta empresa considera que no va a pagar los impuestos porque son muchos, entonces el producto lo vende mucho más barato que cualquier otra de la misma línea y presenta los recursos ante la `Justicia y se los consideran”. Aseguró que la firma que produce en Salta, con un staff de más de 350 operarios, “tiene cientos de millones por saldar con la Afip”.

La respuesta de Tabes
El gerente de Marketing de Tabes, Javier Gristelli, lamentó las declaraciones del senador “sin que siquiera conozca nuestras instalaciones, la forma de trabajar y la cantidad de empleo genuino que generamos en y para Salta”, señaló al diario de Buenos Aires.

Y aseguró que los sorprende que un legislador salteño, habida cuenta de la situación de crisis económica que atraviesa la provincia y el país, “ponga el ojo en esto y en riesgo una pequeña empresa salteña como Tabes”.

“Nosotros seguimos por el camino de la Justicia, y que sea ella la que hable”, agregó, y, si bien aclaró que desconoce cuáles son los intereses que se mueven detrás de los dichos de Rosso, se preguntó si no tendrán algún vínculo con las multinacionales productoras tabacaleras que piden que a ellos también se aplique la misma alícuota que para quienes venden etiquetas con cigarrillos ya armados”.