La pequeña Paula

L
os conceptos de infancia y niño/a que manejamos en la actualidad son relativamente recientes en la historia de la humanidad; el mandato de cuidarlos y protegerlos jurídicamente, lo es más aún; ni hablar del castigo físico sobre menores, considerado normal y hasta necesario por diversas culturas desde tiempos remotos.

En Babilonia, por ejemplo, el rey Nemrod ordenó la ejecución de unos setenta mil niños ante la posibilidad de usurpación del trono por uno de ellos, según una profecía se lo advirtió (¿les suena conocido?); Aristóteles afirmó que un hijo o un esclavo se consideraban propiedad y en Esparta se arrojaban los recién nacidos con malformaciones físicas desde la cima del monte Taigeto por considerarlos futuros “malos guerreros”… y estaba todo bien por esos días.

Cuando los Tribunales de la Inquisición se instalaron en América, impulsaron la severidad de las relaciones paterno–familiares, con énfasis en los castigos correctivos incluso en las escuelas.

En el clímax de la reforma religiosa impulsada por Martín Lutero, en la primera mitad del siglo XVI, se acostumbraba ahogar a los niños que eran diagnosticados con retrasos mentales.

Entre los siglos XVII al XVIII, en Europa se practicaba recluir a los niños en instituciones que eran poco menos que pocilgas, donde los índices de mortalidad superaban el cincuenta por ciento.

La Revolución Industrial incorporó infantes antes de cumplir siete años, a la nueva modalidad de producción, en jornadas entre 16 a 20 horas de trabajo; en realidad los niños realizaban muchas tareas en las ciudades y el campo, desde barrer calles hasta oficiar de espantapájaros, deshollinadores y atrapadores en minas de carbón; las niñas eran utilizadas para quehaceres domésticos en calidad de sirvientas y/o criadas; en muchos casos a cambio de un plato de comida y un rincón donde dormir, los menos por unas monedas que entregaban a sus progenitores para el sustento de la familia y si eran huérfanos la desprotección era mayor; abuso y violencia eran los factores cotidianos que enfrentaban y estaban normalizados por las recientes sociedades capitalistas.

En nuestro país, la familia colonial patriarcal concebida desde la Conquista, prácticamente, reinó por mucho tiempo, bajo la “mirada tutelar” de la Iglesia Católica Apostólica Romana, consagrada como religión oficial -y casi la única tolerada-; se instauró una clara diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos y en los últimos una subclasificación según el origen u oficio de la madre.

Cuando entró en vigencia el primer Código Civil, se legitimó la práctica. Los niños eran “adultos pequeños”, baratos como mano de obra, usables y fácilmente reemplazables.

Recién en el año 1868, a nivel Occidente, se presentó en la Cátedra de Medicina Legal de París el primer informe sobre autopsias de niños fallecidos por quemaduras o golpes, es decir maltrato físico. Incluyó la descripción del contexto familiar; eran los principios del área forense como ciencia.

Los registros han perpetuado como caso testigo el de una niña estadounidense llamada Mary Ellen Wilson, nacida en 1864. De padres inmigrantes, perdió a su progenitor en la Guerra Civil y su la madre, ante la imposibilidad de mantenerla, la internó en un orfanato; un par de años después, cuando intentó recuperarla, le informaron de su fallecimiento; en realidad ante la morosidad de su “estadía”, la institución la derivó al Departamento de Caridad de Nueva York, al cumplir cuatro años la entregaron a la familia de Thomas y Mary McCormack como sirvienta. Mucho después, Mary se casó en segundas nupcias con Francis Conolly y los abusos se hicieron más notables, una vecina trató de intervenir pero sólo consiguió la mudanza de la familia. Poco después la trabajadora social Etta Angell Wheeler se abocó a rescatar a la pequeña, ante la inexistencia de leyes de protección de menores y contra el maltrato, Etta apeló a la jurisprudencia contra crueldad animal y fue a juicio.

El testimonio de Mary Ellen fue decisivo, la enviaron a una institución benéfica y al tiempo fue adoptada por la trabajadora social. Este caso impulsó la creación de la Primera Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños en el país del norte.

En Misiones, en el año 1879, la Municipalidad capitalina, que por esos días gobernaba todo el Departamento de Candelaria, trató en sesión del 29 de agosto el caso de la niña Paula Alvares. Vivía como “criada” en la casa de una familia local y tuvo que ser “retirada” por las autoridades ante una denuncia por “malos tratos” un tiempo antes.

Luego de un intercambio de opiniones se decidió ponerla bajo los cuidados de la familia de José Gregorio González –director de la escuela de varones-, ya que se constató su orfandad. Un par de meses después, el concejal Schneider informó sobre el estado de la niña: al parecer gozaba de buena salud y estaba recuperada. En enero del año siguiente se solicitó el auxilio de treinta pesos fuertes para la manutención de Paula.

No se consignó la decisión tomada al respecto, sin embargo, en el Libro de Actas correspondiente, en la sesión siguiente, se elevó una nota al defensor de Pobres y Menores de Corrientes, ya que éramos parte de esa provincia; no se trató más el tema y Paula se diluyó en los avatares de la historia. El maltrato hacia la pequeña habrá sido de tal magnitud que, en tiempos en los que era considerado parte de la educación, tuvo que intervenir “la autoridad” para evitar un desenlace fatal.

Hasta donde se conoce, es el primer caso documentado en Misiones– mínimamente – de este tipo de conducta, actualmente catalogada como delictiva; si por entonces tomaron cartas en el asunto, cuánto más podemos hacer hoy, cuando existen leyes e instituciones que velan por “el futuro de la Patria”.

Los Derechos del Niño y los organismos internacionales, nacionales y provinciales surgieron el siglo pasado pero esta realidad sigue vigente entre nosotros.

¡Hasta el próximo viernes!